Las primeras universidades de Occidente, estuvieron influidas ideológicamente por el cristianismo, la Iglesia católica y la escolástica, mientras que, en su desarrollo posterior, en la época moderna y contemporánea, las universidades fueron impactadas por corrientes ideológicas conservadoras, liberales, socialistas, socialdemócratas, de la doctrina social de la Iglesia, del fascismo y de tendencias neoliberales y autoritarias.
De igual forma, como resultado de la instauración de modelos académicos como el de la Universidad de Bolonia, la Universidad Napoleónica, la Universidad Prusiana y la Universidad de Córdoba, se fueron configurando los principios universitarios de autonomía, pluralismo, unidad de enseñanza e investigación, libertad académica e investigativa, cogobierno, formación humanista integral y extensión universitaria. Luego, con el Proceso de Bolonia en 1999 sobre la base de un acuerdo intergubernamental para crear el Espacio Europeo de Educación Superior, se armonizó las estructuras de titulación con niveles de grado, máster y doctorado, sistemas de créditos y en general se formularon cambios vinculados al neoliberalismo y el capitalismo cognitivo.
Las universidades públicas ecuatorianas, desde la época de su fundación, en el siglo XIX, no han sido ajenas a las grandes vertientes ideológicas mundiales y las reformas universitarias, por lo que también se convirtieron, en espacios de disputa política de diversas posiciones partidarias, y, por supuesto, se colocaron en la mira de los gobiernos de turno, mientras que las universidades privadas han estado sujetas a la orientación ideológica de sus entidades o grupos de personas fundadoras y patrocinadoras.
Todas estas transformaciones relacionadas con las universidades, motivaron reformas legales del sistema nacional de educación superior, unas pertinentes y beneficiosas, y otras que tenían por objeto apuntalar el capitalismo cognitivo y la subordinación de las universidades al poder político.
Así, durante el gobierno de Correa se expidió la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) promulgada en el RO-S: 12-X-2010, en la que se pregonan los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global, pero, conforme al contenido de la LOES, una vez elegido el rector en las universidades públicas, las autoridades académicas como decanos, subdecanos o de similar jerarquía, son designadas conforme el estatuto, generalmente en última instancia por el rector, dado que está prohibida su elección universal.
Así, con ello se instituyó un régimen verticalista y autoritario, donde la persona elegida para el rectorado se yergue como un gerente general de una empresa, en la que designa a los directores, subdirectores y más funcionarios de la alta jerarquía de la entidad, quienes pueden ser removidos en cualquier momento de sus cargos por ser considerados de libre nombramiento y remoción conforme la LOES, su Reglamento y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior.
A partir de este modelo de régimen de gobierno y administración universitario, instituido por la LOES, se abre la posibilidad de que un partido, movimiento o grupo político, e incluso un círculo o argolla de amigotes, familiares y más relacionados, puedan captar el rectorado de una universidad y a través de la figura del rector nombrar a toda la jerarquía académica y administrativa. De esta manera se inauguró una época de mayor politización partidaria de las universidades, porque definido el rector o rectora, toda la estructura jerárquica de las principales autoridades y funcionarios queda signada ideológica y políticamente. Esa es la experiencia vivida.
Si a esto se añade que el órgano colegiado superior de las universidades (consejo universitario o su equivalente) esté integrado en buen número por las autoridades académicas designadas finalmente por quien ejerza el rectorado, se comprenderá que muy difícilmente sus miembros podrían tener una posición crítica independiente, puesto que podrían ser removidos libremente de sus cargos.
Con posterioridad la LOES fue reformada mediante ley promulgada en el R.O. 297-S, 2-VIII-2018 que no modificaron lo esencial de la LOES, pero consolidaron el sistema verticalista y autoritario de las instituciones de educación superior.
Así el Consejo de Educación Superior (CES) se integra con cuatro representantes del Ejecutivo (Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado; el Secretario Nacional de Planificación o su delegado; el Ministro de Educación o su delegado; el Ministro de la Producción o su delegado); seis académicos elegidos por concurso público de méritos y oposición; y tres representantes de los estudiantes con participación en las sesiones solo con voz.
Por su parte, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) se integra con tres académicos seleccionados por concurso público de méritos y oposición y tres académicos designados por el Presidente de la República.
A su vez, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es designado por el Presidente de la República.
Este sistema autoritario que rige a las universidades, que atenta contra la democracia interna de dichas entidades, se agudiza cuando los procesos electorales internos, se contaminan con prácticas propias del régimen de la partidocracia corrupta, con maniobras para favorecer a tal o cual candidato o candidata, obstáculos a la trasparencia, falta de garantías al voto secreto, amenazas abiertas o veladas a los electores y restricciones a la libre expresión.
Se debe entender de una vez por todas que la democracia interna de las universidades es una condición trascendental para la recta gestión académica, administrativa y gubernativa de las universidades. Es urgente reformar la LOES, su Reglamento y la normatividad del régimen docente.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.