El poder no solo gobierna personas. Gobierna cosas. Terrenos, edificios, vehículos, bienes incautados, espacios simbólicos. Gobierna, en suma, aquello que pertenece a todos y que, por esa misma razón, no debería pertenecer a nadie en particular.
La decisión del presidente Daniel Noboa de fusionar Inmobiliar con la Presidencia de la República del Ecuador ha sido presentada como un acto de eficiencia administrativa. Optimizar recursos. Agilizar procesos. Vender bienes improductivos. La palabra “optimización” suena siempre virtuosa, casi higiénica.
Pero el Estado no es una empresa. Y los bienes públicos no son inventario.
Inmobiliar administra millones de dólares en patrimonio estatal: edificios históricos, terrenos estratégicos, vehículos, propiedades incautadas al narcotráfico y a la corrupción. Son bienes que, en muchos casos, simbolizan el costo social del delito. No son simples activos contables; son fragmentos materiales de una historia de violencia y saqueo que el país ha pagado caro.
Cuando ese patrimonio pasa a depender directamente del Ejecutivo, el problema no es técnico. Es institucional.
No se trata de desconfiar por deporte ni de acusar sin pruebas. Se trata de comprender que la concentración de poder económico en una sola órbita política reduce los contrapesos y aumenta la discrecionalidad. Y la discrecionalidad, en sistemas con frágil cultura de transparencia, es siempre una zona de riesgo.
Más aún cuando figuras cercanas al entorno presidencial —como Cynthia Gellibert, vinculada a cuestionamientos por la adquisición de tierras en Santa Elena mediante presuntos testaferros— aparecen asociadas a la nueva estructura administrativa. En estos casos, la percepción pública no es un detalle menor: es la base misma de la legitimidad.
El patrimonio estatal no es un botín, ni un premio, ni una herramienta política. Es una custodia.
La pregunta central no es si el Presidente puede administrar mejor esos bienes. La pregunta es qué mecanismos impedirán que alguien los administre mal. ¿Habrá inventarios públicos en tiempo real? ¿Avalúos independientes? ¿Subastas completamente auditables? ¿Veeduría ciudadana efectiva? ¿O todo quedará bajo el paraguas cómodo de la decisión ejecutiva?
En las repúblicas sólidas, el poder se distribuye porque se entiende que ningún funcionario —por bien intencionado que sea— debe concentrar demasiado control sin vigilancia proporcional. Cuando la supervisión disminuye y la centralización aumenta, la historia latinoamericana suele ofrecer resultados previsibles.
El argumento de la eficiencia es seductor. Siempre lo ha sido. Pero la eficiencia sin transparencia puede convertirse en una forma elegante de opacidad.
No escribo estas líneas desde la sospecha, sino desde la memoria. Ecuador ha conocido demasiadas veces la frontera difusa entre administración pública y apropiación privada. Sabemos lo que ocurre cuando el patrimonio común se vuelve discrecional.
El Estado no es propietario; es depositario. Y todo depositario debe rendir cuentas.
La fusión puede, en teoría, agilizar procesos. Pero si no va acompañada de transparencia radical y control independiente, podría significar algo más profundo: la transformación silenciosa del patrimonio colectivo en territorio de decisión personal.
Y cuando eso ocurre, la república se vuelve más pequeña y los pequeños grupos asociados al gobierno, se vuelven más ricos.
Johnny Jara Jaramillo, Cuenca 1956. Estudió Literatura en la Universidad de Cuenca y Musicología en la PUCE. Fue profesor de Literatura en el Colegio Benigno Malo de su ciudad y en el Colegio Agustín de Azkúnaga en Isabela-Galápagos. En Nueva York asistió a varios cursos sobre Literatura inglesa en la Universidad de Columbia y ha colaborado con varias revistas de literatura en Estados Unidos, México, Colombia, España y Finlandia. Es parte de Moderato Contable, antología de narradores cuencanos del Siglo XXI, Antología de Narradores ecuatorianos del Encuentro nacional de narradores ecuatorianos, en Loja 2015. Su libro “Un día de invierno en Nueva York” es su opera prima.
