En las ciudades modernas, el poder ya no se ejerce solo desde los palacios. Se ejerce desde las pantallas.
Miles de cámaras observan esquinas, avenidas, barrios populares, centros financieros. La promesa es siempre la misma: seguridad. Pero en esa promesa se esconde una pregunta que rara vez nos hacemos: ¿quién controla el ojo que todo lo ve?
La reciente intervención estatal a Segura EP, no es un simple operativo administrativo. No es un trámite técnico. Es un gesto de poder. Y como todo gesto de poder, merece ser mirado con cuidado.
El argumento oficial habla de protocolos incumplidos, de servidores externos, de seguridad estratégica. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sostiene que era necesario asumir el control operativo para proteger información sensible. En un país atravesado por la violencia, ese argumento tiene fuerza. Nadie quiere debilidades en los sistemas que combaten el crimen.
Pero la cuestión de fondo no es solo técnica.
En Ecuador, la seguridad pública es competencia del Estado central. Sin embargo, los municipios —como el de Guayaquil— han desarrollado sistemas propios de videovigilancia y gestión de riesgos, apoyando la respuesta local ante emergencias. Allí nació Segura EP: en ese espacio híbrido entre lo municipal y lo nacional, entre la autonomía y la coordinación.
Cuando el Ejecutivo interviene y asume el control de las cámaras, no solo toma servidores. Toma datos. Y quien controla los datos controla la narrativa de los hechos.
En tiempos donde una imagen puede desatar una tormenta política, el manejo de las grabaciones no es un asunto menor. Las cámaras ya no son simples dispositivos tecnológicos; son archivos de poder. Registran movimientos, presencias, trayectorias. Pueden revelar conexiones incómodas o disipar sospechas. Pueden esclarecer… o pueden silenciar.
Por eso esta intervención trasciende el expediente administrativo.
El precedente que se instala es profundo: ante una alegación de riesgo estratégico, el Gobierno puede absorber el control de sistemas tecnológicos locales. Puede hacerlo invocando la seguridad nacional, un concepto que en épocas de crisis tiende a expandirse.
¿Es legal? Probablemente sí, dentro de ciertos márgenes.
¿Es legítimo? Eso depende de algo más frágil que la norma: la confianza.
La confianza se construye con transparencia. Si existen pruebas de manejo indebido de información, deben hacerse públicas con claridad. Si hubo vulneraciones reales, deben demostrarse sin ambigüedad. Porque cuando el poder se ejerce sin explicación suficiente, deja espacio a la sospecha.
Y la sospecha, en materia de vigilancia, es corrosiva.
No olvidemos que en una democracia el control del Estado no puede convertirse en monopolio del dato sin contrapesos claros. La centralización puede mejorar la coordinación contra el crimen, sí. Pero también puede concentrar la capacidad de decidir qué se ve y qué no se ve.
En el fondo, esta discusión no es entre municipio y Ejecutivo. Es entre dos modelos de poder: uno distribuido y otro concentrado. Uno que confía en la autonomía interoperable y otro que privilegia la verticalidad.
En tiempos de miedo, la centralización siempre parece razonable. El problema es que el miedo es un argumento expansivo: nunca se satisface del todo.
Hay momentos en que una imagen altera el equilibrio político de un país. Un vehículo de lujo captado por una cámara en el lugar menos esperado. Una secuencia que circula, que despierta preguntas, que conecta puntos que algunos preferirían mantener inconexos.
En la era digital, las cámaras no solo registran delitos; registran también coincidencias incómodas. Y cuando la información visual roza esferas de poder económico o político, el debate deja de ser técnico y se vuelve inevitablemente sensible.
No afirmo que exista relación directa entre esos episodios y la intervención. Pero tampoco puede ignorarse que el contexto pesa. En sociedades donde la confianza institucional es frágil, la coincidencia temporal alimenta dudas.
Por eso, más que una disputa administrativa, lo que está en juego es la credibilidad. Si el Estado asume el control del sistema de vigilancia, debe hacerlo bajo una transparencia irreprochable. Debe demostrar que la centralización responde a criterios objetivos y no a la incomodidad que puede producir una cámara cuando apunta hacia arriba y no solo hacia abajo.
Las cámaras fueron instaladas para mirar la ciudad.
Pero la ciudad también mira cómo se las administra.
Y en esa mirada recíproca se define algo más profundo que un protocolo técnico: se define el equilibrio entre poder y ciudadanía.
Portada: imagen tomada de https://n9.cl/unmg3f
Johnny Jara Jaramillo, Cuenca 1956. Estudió Literatura en la Universidad de Cuenca y Musicología en la PUCE. Fue profesor de Literatura en el Colegio Benigno Malo de su ciudad y en el Colegio Agustín de Azkúnaga en Isabela-Galápagos. En Nueva York asistió a varios cursos sobre Literatura inglesa en la Universidad de Columbia y ha colaborado con varias revistas de literatura en Estados Unidos, México, Colombia, España y Finlandia. Es parte de Moderato Contable, antología de narradores cuencanos del Siglo XXI, Antología de Narradores ecuatorianos del Encuentro nacional de narradores ecuatorianos, en Loja 2015. Su libro “Un día de invierno en Nueva York” es su opera prima.
