Ecuador empieza a volverse intolerable por la normalización silenciosa de algo peor que la criminalidad: vivir en estado de excepción como si fuera la regla.
Novecientos días gobernados, y casi todos, bajo estado de excepción. La cifra no solo describe una política de seguridad; describe una forma de país. Un país donde la ley se suspende al antojo de un ministro disfrazado de militar. Donde la Constitución se cita, pero no se cumple. Donde la libertad de movilidad —ese derecho básico de ir y venir sin miedo al poder— queda reducida a una franja horaria concedida por decreto.
Y ahora, además, la amenaza: uno a tres años de prisión por romper el toque de queda.
Conviene detenerse ahí. No en la retórica de la “guerra interna”, ni en los partes de detenidos u “objetivos impactados”, porque ya sabemos que eso es una charada, sino en la escena mínima: el ciudadano común. El que llega tarde del trabajo. El que no tiene vehículo. El que depende de un turno, de una urgencia, de un imprevisto. O el que simplemente, se mueve porque la vida no cabe en un horario militar.
Para ese ciudadano, el mensaje es brutalmente claro: tu libertad no es un derecho, es una concesión. Y su incumplimiento no le convierte en infractor menor, sino en potencial delincuente que se va preso por atentar contra la seguridad del Estado. ¿En serio?
El impacto es profundo. El toque de queda es un cambio de relación entre el Estado y el individuo. El Estado ya no garantiza derechos: impone privilegios, los dosifica. Se dirá que es necesario. Que la violencia obliga. Que las cifras lo justifican. Pero las cifras también dicen otra cosa: que incluso bajo estas restricciones, la violencia persiste. Que los homicidios disminuyen marginalmente o se redistribuyen. Que el control del movimiento no equivale al control del crimen. Y, sin embargo, se impone otro toque de queda.
Ahí aparece otra forma de manipulación: crear una costumbre.
Porque lo más grave no es el toque de queda en sí, sino su repetición. Su conversión en paisaje. En rutina. En algo que ya no se discute, sino que se espera. El ciudadano empieza a organizar su vida no en función de sus derechos, sino de sus restricciones. Y, poco a poco, deja de percibirlas como una anomalía. Ese es el punto exacto donde la excepción deja de ser jurídica y se vuelve moral.
Se ha dicho muchas veces que los estados de excepción son temporales. Pero cuando el 95% del tiempo se vive bajo ellos, la palabra “temporal” pierde sentido. Ya no nombra una interrupción, sino una continuidad encubierta. Una normalidad que no se atreve a decir su nombre. Y entonces la pregunta ya no es solo jurídica, sino ética: ¿qué tipo de ciudadano se forma en este contexto?
Uno que aprende a obedecer antes que a ejercer. Uno que mide sus actos no por su legitimidad, sino por su riesgo. Uno que acepta que la ley puede cambiar de forma súbita, y que lo prudente no es reclamar, sino adaptarse. El militar es visto ahora como el enemigo que te puede meter a una cárcel llena de tuberculosos por salir a la calle a una hora que un grupo de trasnochados fascistoides ha decidido.
No es un detalle menor. Es la administración del miedo, un estado de terror. Porque el poder no necesita encarcelar masivamente para ser eficaz; le basta con instalar la posibilidad del castigo. Con hacer creíble la amenaza. Con desplazar la frontera de lo permitido hasta que el ciudadano mismo se autocontenga. En ese sentido, el toque de queda no solo limita el movimiento: reconfigura la conciencia.
Y todo esto ocurre bajo una paradoja inquietante: se restringen libertades en nombre de protegerlas. Se endurece el control en nombre de la seguridad. Se invoca la Constitución mientras se la suspende de hecho.
No es la primera vez que ocurre en el país. La historia reciente está llena de estados de excepción, de distintos signos políticos. Pero esa continuidad no debería tranquilizar; debería alarmar. Porque revela que el recurso extraordinario se ha vuelto estructural. Quizá el problema no es solo quién decreta la excepción, sino que el país ha aprendido a vivir dentro de ella.
Y entonces la pregunta es: ¿cómo afecta esto al ciudadano común?
Lo afecta en lo más elemental: en su relación con la libertad. La vuelve frágil, condicionada, negociable. La saca del terreno de los derechos y la coloca en el de las autorizaciones. Y una libertad que necesita permiso deja de ser libertad.
Lo demás —las cifras, los operativos, los discursos— puede variar. Pero esa forma de control, una vez que ocurre, es mucho más difícil de revertir. Porque no está en los decretos: está en la forma en que una sociedad empieza a entenderse a sí misma. Un país puede sobrevivir a la violencia. Lo que no siempre sobrevive es su idea de libertad, porque llega un momento en que la noche ya no cae: se decreta. Y entonces no es la oscuridad lo que encierra a la gente, sino el miedo a salir de ella.
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Johnny Jara Jaramillo, Cuenca 1956. Estudió Literatura en la Universidad de Cuenca y Musicología en la PUCE. Fue profesor de Literatura en el Colegio Benigno Malo de su ciudad y en el Colegio Agustín de Azkúnaga en Isabela-Galápagos. En Nueva York asistió a varios cursos sobre Literatura inglesa en la Universidad de Columbia y ha colaborado con varias revistas de literatura en Estados Unidos, México, Colombia, España y Finlandia. Es parte de Moderato Contable, antología de narradores cuencanos del Siglo XXI, Antología de Narradores ecuatorianos del Encuentro nacional de narradores ecuatorianos, en Loja 2015. Su libro “Un día de invierno en Nueva York” es su opera prima.
