Desde la época de la modernidad, se iniciaron transformaciones económicas, sociales, políticas, jurídicas y culturales, que condujeron a la consolidación de la sociedad mercantil-capitalista, el Estado de Derecho y el dominio ideológico cultural del liberalismo.
Quedó atrás la sociedad medieval, su orden social estamental, el derecho que legalizaba y legitimaba la desigualdad “natural”, el legitimismo que justificaba la autoridad de los monarcas por la gracia de Dios y el pensamiento mágico-religioso difuminado en la sociedad.
Este proceso de transición hacia sociedades modernas, se relaciona con lo que se denomina, la racionalización occidental, en la que el derecho juega un rol central al formalizarse y convertirse en un sistema lógico, predecible y escrito que fundamenta la dominación racional-legal de la modernidad.
En el ámbito político, luego de la consolidación del Estado Liberal de Derecho, se avanzó al establecimiento del Estado Social de Derecho y con posterioridad a la segunda guerra mundial se instauró el Estado Constitucional de Derecho.
A nivel internacional, empezaron a conformarse alianzas entre Estados, y luego de la primera guerra mundial se constituyó la Sociedad de las Naciones para evitar su repetición a través de la seguridad colectiva, pero contradiciendo este propósito, advino la segunda guerra mundial, y como consecuencia se instituyó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A partir de entonces se forjaron una serie organizaciones continentales y regionales para fomentar la cooperación, seguridad e integración económica, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Comunidad del Caribe (CARICOM), Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Unión Europea (UE ), Liga Árabe (LA), Organización para la Unidad Africana (OUA ), Unión del Magreb Árabe (UMA), Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Comunidad del Pacífico (SPC) y la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC).
En el caso de América Latina, hay que destacar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Sistema de la Integración Centro Americana (SICA), Comunidad del caribe (CARICOM), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC).
Este proceso de organización internacional de los Estados, se acompañó con tratados, pactos y convenios internacionales sobre derecho de los tratados, naturaleza, derechos humanos, territorios dependientes, derecho del mar, derecho espacial, organismos políticos internacionales y regionales, y organismos económicos internacionales que contribuyeron a conformar el Derecho Internacional Público, constituyéndose toda una institucionalidad internacional con principios y reglas de convivencia mundial, debiendo destacarse la evolución del Derecho Internacional Humanitario. Hasta la guerra quedó normada. Parecía que con todos estos pactos se abandonaba el estado de naturaleza del género humano y se sustituía la fuerza por la razón del derecho.
Sin embargo el orden internacional basado en normas jurídicas, la ONU y el Derecho Internacional Público, empezó a debilitarse gradualmente a finales del siglo XX y comienzos del XXI, con acontecimientos, tales como, la desintegración de la URSS, y se aceleró con el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, la invasión de Irak en 2003, la invasión de Rusia a Ucrania, el genocidio a la población de Gaza, la parálisis del Consejo de Seguridad por la creciente utilización del veto, las violaciones sistemáticas del derecho internacional por parte de las grandes potencias, la inefectividad de los órganos de justicia internacional, los cambios de hegemonía global, la erosión del Estado de Derecho y los regímenes democráticos liberales, y su sustitución por gobiernos autoritarios, la militarización de las sociedades; y, el terrorismo económico del neoliberalismo mundial que transfiere enorme poder a las grandes empresas transnacionales que controlan el mundo y deja a la naturaleza y a los pueblos sometidos a su voracidad.
Los beneficiarios de la desestructuración de la institucionalidad internacional, son los Estados con conductas hegemonistas, expansionistas. Intervencionistas y guerreristas como las que sostiene EE. UU bajo la administración Trump, tanto que, las organizaciones mundiales, continentales y regionales de los Estados, son sustituidas por alianzas ideológicas sectarias entre ciertos mandatarios de extrema derecha, como el llamado “Escudo de las Américas”, o las agrupaciones con pago para la membresía, de iniciativa del mismo Trump, como la Junta de Paz para Gaza (“Gaza Peace Board”).
En efecto, al marginarse y debilitar la organización y el derecho internacional, esos mandatarios autoritarios y guerreristas, se sienten libres de ataduras y compromisos internacionales para imponer sus objetivos y fines arbitrarios a escala planetaria.
Antes los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad de alguna forma no quedaban en la impunidad, hoy se cometen en forma pública a vista y paciencia de la humanidad, transmitidas en vivo y en directo por televisión, se conocen quienes ordenan las acciones criminales, entre ellos, mandatarios y altas autoridades de algunos Estados, pero no les pasa nada, hasta se ufanan de sus crímenes e incluso aparecen triunfantes ante sus partidarios pro fascistas.
Que paradoja, antes, en el proceso de racionalización occidental, el derecho aparecía como el organizador estratégico y colectivo de los pueblos, hoy, es la fuerza y la violencia, la que articula un orden neocolonial mundial, en medio de un torrente de irracionalidad y antijuridicidad perversa que invade las relaciones internacionales contemporáneas, una barbarie en pleno s. XXI.
En estas circunstancias, son los pueblos del mundo los afectados en todos sus derechos declarados por la comunidad internacional, hoy transformados en meros catálogos pisoteados por gobiernos autoritarios de grandes potencias que han transformado a los Estados, en organizaciones de conquista, saqueo y pillaje. “Magna Latrocinia”, como diría San Agustín para referirse a “grandes bandas de ladrones” en relación a reinos o Estados sin justicia como organizaciones criminales a gran escala. donde los gobiernos expolian a las poblaciones en vez de servir al bien común.
Frente a la “organización internacional de la guerra, la violencia y el saqueo a los pueblos del mundo”, se debería impulsar desde la ciudadanía mundial, movimientos por la paz, la democracia y el antifascismo, sin injerencias político partidarias. No se puede permanecer indiferentes.
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Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
