El presidente Daniel Noboa propuso en la campaña electoral implementar cárceles barcaza, el plan Fénix de seguridad, reducir del 12 % al 5 % el IVA para materiales de construcción para reactivar la economía y trabajo, contratación de medicamentos e insumos médicos, plan Mi Casa Linda financiadas con créditos blandos a 25 años plazo e interés del 4 %, bono de $ 60 para las madres embarazadas, sistema de guarderías con alimentación y atención pediátrica gratuita, centros de desarrollo de carrera para que los estudiantes adquieran experiencia y cuenten trabajo apenas se gradúen, recuperar las universidades públicas y las emblemáticas, programa de becas en el exterior, condonar a los agricultores todos los intereses generados desde el año 2019, eliminar la tabla de consumo de drogas, fortalecer la salud y educación telemática, sistemas de dragado de ríos, sistemas de drenaje y control de plagas, subsidiados por el Estado al pequeño y mediano agricultor, créditos de emergencia y mantenimiento constante en vías.
No se puede evaluar el cumplimiento de las propuestas de campaña porque el gobierno se posesionó recién el 23 de noviembre del 2023, pero está a tiempo de enderezar rumbos reconsiderando factores como, el tiempo que le resta al gobierno, la crisis fiscal catastrófica, la continuidad de la violencia e inseguridad, el régimen de lluvias y la afección a cultivos y carreteras, y la apertura de la época electoral con las consiguientes expectativas de las fuerzas políticas.
Hasta ahora, las actuaciones del gobierno reproducen las mismas políticas de gobiernos anteriores como son las privatizaciones; la minería metálica con la catastrófica devastación de la Amazonía, bosques y páramos; condonación de todo el monto de los intereses, multas y recargos a los deudores morosos del SRI si pagan la totalidad del capital adeudado; y, otras medidas que alientan la concentración de la riqueza. Las políticas no priorizan el mejoramiento de las condiciones de la economía popular y solidaria y de los pequeños y medianos productores que son generadores de empleo.
Para enfrentar la inseguridad el gobierno no debe limitarse a medidas policiales y militares, sino integrar para una acción preventiva, a los GAD, universidades, profesores, grupos de defensa de la mujer, la niñez y adolescencia, organizaciones barriales, indígenas y campesinas, periodistas y medios de comunicación, Contraloría, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia y asociaciones de jueces y servidores judiciales entre otros, con la finalidad de integrar políticas de seguridad y anticorrupción. El gobierno no tendrá efectividad si continúa en su aislamiento y reducido a medidas policiales y propagandísticas. El régimen debe alejarse del populismo penal, que es pura demagogia y espejismo manipulador de la desesperación de los ciudadanos.
El gobierno debe revisar urgentemente y a profundidad, la corrupción en las aduanas, el sistema de energía, hidrocarburos y concesiones mineras metálicas, sacar a los representantes de los contrabandistas incrustados en el Estado y a los agentes que favorecen a los importadores de combustibles e impiden el desarrollo de proyectos de producción de gas y combustibles, abordar con decisión la focalización del subsidio a la gasolina y diésel, controlar el gasto superfluo en la administración pública y que la burocracia cumpla con la ley de eficiencia de trámites administrativos y no obstaculicen las inversiones.
De la información con la que se cuenta sobre la consulta popular, las preguntas se refieren a temas de seguridad que conllevan reformas al Código Orgánico Integral Penal, pero no se abordan otros problemas estratégicos del país e incluso con acuerdos previos con la Asamblea Nacional bien podrían haber sido procesados con el trámite legislativo ordinario de reforma a la ley. Las preguntas tocan temas de enorme sensibilidad popular frente a la delincuencia, por lo que servirá también para apuntalar objetivos electorales del gobierno.
Existen temas de seguridad y lucha contra la delincuencia y la corrupción que no requieren ni de reformas legales ni de consulta, pero requieren de una acción coordinada cívica-institucional, pero aquello requiere liderazgo organizativo, capacidad de comunicación, motivación y dinamización de la participación ciudadana y generación de redes sociales pertinentes entre otros elementos. Por ejemplo, erradicar la corrupción en el control de armas y otros objetos prohibidos a las cárceles y la mantención del orden y disciplina internos no requieren de reformas legales peor consulta. Como se ha sostenido, leyes sobran en el país, el problema reside en quienes la aplican. La lucha contra la corrupción va más allá de temas legales.
El gobierno debe evaluar si las medidas adoptadas son las oportunas, pertinentes, necesarias y suficientes.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
