CRISIS EN SALUD (I)
Lo que pasa en el Sistema de Salud del Ecuador, no es una noticia sino una terrible realidad, (escuché decirlo a Anderson Boscán), es decir no es un “dato o información nuevos…” (Diccionario RAE).
Lo que se publica en medios de comunicación y lo que se comparte a diario en redes sociales, dan cuenta que la situación de los servicios públicos de atención de salud en el Ecuador es catastrófica y desastrosa, debido a la irresponsabilidad, a la acción e inacción de los seres humanos, de los sujetos llamados a servir y a ser agentes de la garantía del Estado respecto del derecho a la salud de quienes habitan en territorio ecuatoriano.
La crisis no es reciente, es crónica -como lo son muchas enfermedades-, grave, de pronóstico reservado, pero no incurable como sostienen algunos. Con carácter didáctico, propongo el símil entre lo que pasa en la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y algunas enfermedades. Cuando una enfermedad es grave e incurable, significa que no existe recurso terapéutico, tratamiento o intervención que pueda salvar la vida del paciente; la situación de la RPIS es grave, pero si se hace lo que se debe, hay salvación, en particular para el MSP y el IESS.
El Gobierno Nacional debería tomar las medidas y ejercer las acciones necesarias para iniciar la rehabilitación, recuperar o dotar de las capacidades a los servicios públicos de atención, de manera que puedan cumplir con su rol, implementando mecanismos adecuados y ágiles de control y vigilancia, de manera que las mafias enquistadas en todos los niveles y los advenedizos con ansias de lucrar a costa de la salud y vida de la gente, sean imposibilitados de actuar.
Demás está decir que se requiere una conducción técnica sanitaria lúcida, contundente, desinteresada, honesta, que no sólo ponga el dedo en la llaga sino que la cicatrice, que no se quede en el diagnóstico, que esté dispuesta a avanzar en el rescate y potenciación de los servicios públicos de salud.
No se puede dejar de señalar la que aparece como indolencia de las máximas autoridades del Ejecutivo, pues en sus manos está poner al frente de las instituciones públicas, profesionales o personas con conocimientos, competencias, capacidad, ética, conciencia social.
El Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no pueden manejarse como botín político y tampoco ser condenados al ostracismo como parece acontecer en el presente.
Aunque muchas de las decisiones están centralizadas –en contra de la racionalidad técnica y de gestión- no hay autoridad del nivel jerárquico superior a nivel nacional que dé la cara, que explique qué es lo que pasa y diga cómo va a dirigir la transformación en el sector.
No se sostiene echar la culpa al pasado, hay que tomar las riendas, hacer lo que se debe. Es responsabilidad del gobierno hacer su trabajo, está en funciones desde noviembre de 2023.
Los problemas son estructurales, por lo que hay que proponer y aplicar soluciones también estructurales. No se puede resolver todo de golpe, pero hay que comenzar. Dejar hacer y dejar pasar, o dejar no hacer, tiene al llamado Sistema Nacional de Salud en estado calamitoso.
No se alcanza a comprender la desidia, la incompetencia, la intencionalidad o la miopía al afectar un derecho humano fundamental, el que desarrollado progresivamente como dice la Constitución, y por ende garantizado en la misma lógica, no sólo implicaría cumplir el mandato supremo, procurar condiciones adecuadas y dignas para disfrutar de un completo estado de bienestar, físico, mental y social (que siempre será relativo, pues eventualmente las enfermedades aquejaran a las personas); sino que, incluso pensando en réditos, aportaría a incrementar la popularidad, aceptación y respaldo de sus artífices.
Frente a los hechos, no es descabellado y no se puede reprochar que se piense que los tomadores de decisiones no valoran la vida de la gente.
En diciembre de 2025 en otro artículo en este mismo espacio, señale: “El MSP es uno de los ministerios más grandes a nivel nacional, tiene más de 84.600 servidores en nómina, a nivel central: 2 viceministerios, 6 subsecretarías, 4 coordinaciones generales, 42 direcciones nacionales, 2 agencias de regulación y control, 3 institutos, 1 secretaría técnica de fijación y revisión de precios de medicamentos, 1 dirección de auditoría interna (información tomada de la página web del MSP) y preguntaba si ¿hace falta tanto? ¿Cómo coordinan 42 direcciones?, ¿Cómo coordinan con las coordinaciones zonales? ¿Cómo las coordinaciones zonales dan respuesta a los requerimientos de tantas instancias del nivel central? Busqué entonces y ahora información para identificar cuántos de los casi 85.000 servidores, son personal de atención a los pacientes, pero no se encuentran esos datos.”
El exceso de personal tiene que ser corregido, con orden, racionalidad, transparencia. En los días previos a la publicación de esta nota, se han iniciado desvinculaciones de servidores en el MSP, frente a los reclamos y las críticas, la Cartera de Estado ha emitido un comunicado vago que genera suspicacias, se debería aclarar cuáles son las “situaciones que no contribuyen de manera efectiva a los objetivos institucionales.”; informar cuáles son esos objetivos; y cuáles las funciones duplicadas a las que se alude para justificar la terminación de contratos y nombramientos provisionales.
Los problemas son muchos y al parecer a ninguno se lo enfrenta para solucionarlo. Sin duda las tareas no son sencillas, pero no se puede permitir que los múltiples y serios problemas se agudicen.
Coincido con quienes proponen que los tomadores de decisiones, se conviertan en usuarios de los servicios públicos, quizá si sufren en carne propia, dimensionen la importancia, la emergencia y se decidan a actuar.
Portada: Imagen elaborada con IA ChatGPT
Mujer estudiosa y analítica, lectora atenta y escritora novel. Doctora en Jurisprudencia y Abogada – Universidad de Cuenca, Máster en Gestión de Centros y Servicios de Salud – Universidad de Barcelona, Diplomado Superior en Economía de la Salud y Gestión de la Reforma – Universidad Central del Ecuador. Docente de maestría en temas de políticas públicas y legislación sanitaria –Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; en el área de vinculación con la sociedad, legislación relacionada con el adulto mayor – Universidad del Adulto Mayor. Profesional con amplia experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en los ámbitos de legislación, normativa y gestión pública.
