Hay momentos en que el poder deja de gobernar y comienza a culpar. No administra, no planifica, no corrige: se defiende atacando. La reciente afirmación del presidente Daniel Noboa —culpando a los jueces constitucionales por eventuales apagones— no es un error retórico ni un exceso verbal. Es una operación política consciente, diseñada para encubrir una gestión fallida y avanzar un proyecto ideológico claro: la privatización de lo público en beneficio de una élite económica.
Digámoslo sin rodeos: los jueces constitucionales no provocaron la crisis energética del Ecuador. Lo que hoy padecemos tiene nombre y contenido político: incapacidad gubernamental, improvisación técnica, desprecio por la planificación y una visión de clase que concibe al Estado como botín y al mercado como salvación. Todo lo demás es propaganda.
La crisis eléctrica no nació en los tribunales ni en una sentencia. Es el resultado de años de abandono del sistema energético, de la falta de mantenimiento de la infraestructura, de una dependencia irresponsable de factores climáticos previsibles y de la inexistencia de una política energética soberana. Nada de esto es atribuible a la Corte Constitucional. Todo apunta al Ejecutivo y a su manera de entender el poder.
Cuando un gobierno intenta culpar a los jueces por su propia incompetencia, lo que hace es renunciar a la responsabilidad política. Pero cuando, además, acusa a la Corte porque esta impide privatizaciones exprés y concesiones opacas, el problema ya no es solo técnico: es ideológico.
La privatización del sector energético no es una solución neutral ni inevitable. Es una decisión política que beneficia a grupos económicos específicos y traslada los costos a la ciudadanía. Significa convertir un derecho básico en mercancía, y la energía —condición material de la vida moderna— en fuente de rentabilidad privada.
El proyecto del gobierno de Noboa apunta precisamente ahí: reducir el Estado a gestor de contratos y abrir sectores estratégicos al capital privado, incluso a costa de la Constitución. Cuando los jueces detienen ese avance, no están “apagando al país”: están defendiendo el principio elemental de que los bienes estratégicos no se entregan sin control, sin legalidad y sin debate democrático.
Por eso la Corte se vuelve enemiga. No porque falle la energía, sino porque falla el negocio.
El caso PROGEN no es una excepción administrativa, sino un experimento fallido de este modelo: promesas de soluciones inmediatas, contratos acelerados, opacidad en los procesos y ausencia de control ciudadano. Es la lógica del capital de emergencia: aprovechar la crisis para imponer acuerdos que, en condiciones normales, serían inaceptables.
Cuando el experimento fracasa, se busca un culpable externo. Y ese culpable, convenientemente, viste toga.
Esta estrategia no es nueva. América Latina la conoce bien. Cada vez que un gobierno intenta imponer reformas estructurales regresivas, el primer obstáculo a destruir es el poder judicial. Se lo acusa de ideológico, de atrasado, de antiprogreso. El objetivo no es resolver la crisis, sino desactivar los límites al poder económico.
Culpar a los jueces constitucionales por la crisis energética forma parte de ese libreto: debilitar la institucionalidad para que el mercado gobierne sin frenos.
Aquí no se discute solo electricidad. Se discute quién decide el destino de los recursos estratégicos del país: si la ciudadanía a través de la Constitución, o una élite económica a través de contratos.
Un país no se ilumina privatizando su soberanía. Se apaga cuando el poder confunde gobernar con administrar negocios y presenta el saqueo como modernización.
La crisis energética no es culpa de los jueces constitucionales. Es el resultado de un proyecto de clase que quiso convertir la urgencia en negocio y el límite constitucional en enemigo. Y esa mentira, repetida desde el poder, puede ser más peligrosa que cualquier apagón.
Johnny Jara Jaramillo, Cuenca 1956. Estudió Literatura en la Universidad de Cuenca y Musicología en la PUCE. Fue profesor de Literatura en el Colegio Benigno Malo de su ciudad y en el Colegio Agustín de Azkúnaga en Isabela-Galápagos. En Nueva York asistió a varios cursos sobre Literatura inglesa en la Universidad de Columbia y ha colaborado con varias revistas de literatura en Estados Unidos, México, Colombia, España y Finlandia. Es parte de Moderato Contable, antología de narradores cuencanos del Siglo XXI, Antología de Narradores ecuatorianos del Encuentro nacional de narradores ecuatorianos, en Loja 2015. Su libro “Un día de invierno en Nueva York” es su opera prima.
