Los problemas que sufren los habitantes de Cañar, Azuay, El Oro, Loja, Morona Santiago y Zamora, los habrá llevado a pensar que no se puede luchar con eficacia frente al centralismo por no haber unidad política de estas provincias; y, en más de una ocasión habrán reflexionado sobre las causas que han impedido constituir una región autónoma.
Rememorando los requisitos de la Constitución para conformar una región autónoma y su respectivo gobierno regional, se requiere la concurrencia de dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a 20.000 km2 y un número de habitantes que en conjunto sea superior al 5 % de la población nacional.
La iniciativa la tienen los GAD provinciales, que deben elaborar un proyecto de ley de regionalización para conformar la nueva región, así como un proyecto de estatuto de autonomía regional, que deben aprobar y dictaminar la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional respectivamente dentro de los plazos establecidos en la Constitución, ya que de no hacerlo en los plazos previstos se entiende aprobada la ley, y favorable el dictamen.
Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional y la aprobación del proyecto de ley orgánica de conformación de la región, se debe convocar a consulta popular en las provincias que formarían la región, para que se pronuncien sobre el estatuto regional. Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en cada provincia, entrará en vigencia la ley y su estatuto, y se convocará a elecciones regionales para nombrar a las autoridades y representantes correspondientes.
El estatuto aprobado será la norma institucional básica de la región y establecerá entre otras cosas las competencias que inicialmente asumirá.
Ahora bien, sin perder la perspectiva de constituir una región, sería importante conformar la Mancomunidad el Sur con la finalidad de mejorar la gestión de algunas competencias y favorecer procesos de integración, tomando en consideración que existe afinidad histórica cultural, complementariedad ecológica y la posibilidad del manejo integrado de cuencas, siendo un factor trascendente para la mancomunidad el Área Biosfera Macizo del Cajas (ABMC) que se extiende desde el norte, en la depresión formada por el rio Cañar, hasta el rio Jubones en el sur e incluye una zona litoral con una franja marino-costera de ocho millas náuticas. De la superficie total del ABMC, el 60.27 % corresponde al Azuay, y el resto a Guayas, Cañar y el Oro, siendo sus zonas núcleo el Parque Nacional Cajas, el Área Nacional de Recreacional Quimsacocha y el área marino-costera de una milla náutica.
Por otra parte, las provincias de Loja y Azuay, comparten el objetivo de la defensa de sus grandes fábricas naturales de producción del agua como son los páramos de Fierro Urco, la llamada “Estrella Hídrica”, donde nacen los ríos Guayabal, Santiago, Tenta, Ambocas, San Luis y las subcuencas de los ríos Catamayo, Santiago, Jubones y Puyango: y, los páramos del Cajas y Quimsacocha, donde se originan los ríos Paute (afluente del Santiago), Jubones, Cañar y Naranjal.
Así mismo las provincias de Loja y El Oro tienen intereses concurrentes en el tratamiento de las subcuencas de ríos comunes, al igual que Azuay y Cañar: Azuay y Morona Santiago; Loja y Zamora; Morona y Zamora; Azuay y El Oro; y en el caso de Azuay y Loja, en la cuenca del rio Jubones. Además, hay que considerar la interacción entre la Amazonía del sur y los páramos de la región para la formación del agua de lluvia.
Por otra parte, en el ámbito de la vialidad Cañar, Azuay, Morona Santiago, Zamora, Loja y El Oro tienen problemas comunes por la situación de las vías del eje estatal y todas las secuelas de centralismo por el trato inequitativo que impide el desarrollo integral de este territorio del sur del país. A la tragedia en la vialidad estatal se suman las gravísimas amenazas de las concesiones mineras en bosques, montañas, humedales y páramos con todas las consecuencias en el ambiente en y el agua para sus habitantes.
En estas circunstancias la Mancomunidad el Sur podría coordinar el establecimiento de políticas y lineamientos generales para planificar el desarrollo regional y el ordenamiento territorial; mancomunar esfuerzos para mejorar la red vial estatal en la región en la perspectiva de la descentralización; gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca; fomentar las actividades productivas y la soberanía alimentaria.
Esperemos que los GAD provinciales, cantonales y parroquiales del sur, colectivos ciudadanos y asambleístas, asuman la tarea de debatir y avanzar en la institucionalización de la gran Mancomunidad el Sur del Ecuador para logar equidad en la participación presupuestaria nacional y una relación más justa entre las diversas provincias componentes del Estado ecuatoriano.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
