La postergación, el maltrato y la discriminación a la población originaria en América latina, es histórica. Nadie, con un poco de conciencia, podría negar que la población indígena es la más desatendida y explotada de nuestro país. Sin embargo, en lugar de reconocerlo, vemos que se han profundizado las manifestaciones racistas basadas en los argumentos más insólitos. Indios vagos, arribistas, tontos, manipulados, ignorantes. Las actitudes del Sr. Lasso de no asistir al diálogo, de no sentarse a conversar, de desconocer a sus dirigentes, descalificarlos e inclusive difamarlos sin pruebas; son expresiones profundamente racistas, pero además de absoluto desatino político como gobernante.
Recordemos algunos datos que nos permitirán comprender la realidad de este sector de la población. Según Ecuador en Cifras, más del 60% de personas autoidentificadas como indígenas viven por debajo de la línea de pobreza; situación causada entre otros factores por el modelo económico que promueve la liberalización del mercado debilitando las pequeñas economías de los sectores agrícolas, la falta de oportunidades de la población campesina, sin educación de calidad, sin atención médica, sin caminos para sacar su producción, sin insumos ni apoyo técnico; además, por la injusta distribución de la tierra, los dueños originarios del territorio han sido y siguen siendo desplazados y desterritorializados sistemáticamente a lo largo de la historia; sometidos a diversas formas de despojo, como por ejemplo a través del sistema de la hacienda, a través de las reformas agrarias aplicadas a favor de los terratenientes, la expansión de la agroindustria, los procesos de adjudicación de inmensas extensiones de tierra adjudicadas a los proyectos extractivistas. La revista internacional Redalyc.org Journal, afirma que el sector indígena ecuatoriano presenta un coeficiente de Gini por acceso a tierra de 0.81, es decir el 19% de habitantes en el país, son propietarios del 81% de las tierras.
Frente a esta situación, la respuesta de los gobiernos ha sido el desconocimiento y la desatención, la persecución y la descalificación a sus lideres, la represión y la criminalización de su lucha. Ahora, inclusive se les acusa de terroristas, por lo que muchos dirigentes han sido encarcelados. Aún tenemos en la memoria la muerte de Víctor Guallas defensor del agua, que murió injustamente en la penitenciaria de litoral en medio de la confrontación entre bandas criminales, las muertes de José Tendetza, Freddy Taish y Bosco Wisums. El medio digital, Plan V, habla de 280 violaciones de los derechos humanos, 5630 casos de criminalización de la protesta social, 2187 personas acusadas del delito de ataque y resistencia, 198 de paralización de servicios públicos, y 43 de terrorismo a partir del 2014.
La emergencia del movimiento indígena desde los años 90, es un factor que la sociedad y los gobiernos ecuatorianos no han sabido gestionar de manera adecuada. El movimiento indígena es uno de los actores sociales y políticos más relevantes. Si el presidente Lasso no responde a la altura de las circunstancias, si no renuncia a su arrogancia y dialoga transparentemente con los lideres indígenas, y si no aprovecha esta oportunidad para recuperar en algo su debilitada credibilidad, la población indígena se sentirá burlada una vez más. El país entero demanda inteligencia en este difícil momento que vivimos. La arrogancia es mal consejera, y podría ser el detonante de una nueva crisis aún más grave, cuyo colofón sería la confrontación entre ecuatorianos, aupada por discursos separatistas y sectarios funcionales al status quo; y sin duda, el racismo y la aporofobia.
Portada: Foto tomada de www.ultimasnoticias.ec
Ex directora y docente de Sociología de la Universidad de Cuenca. Master en Psicología Organizacional por la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Master en investigación Social Participativa por la Universidad Complutense de Madrid. Activista por la defensa de los derechos colectivos, Miembro del colectivo ciudadano “Cuenca ciudad para vivir”, y del Cabildo por la Defensa del Agua. Investigadora en temas de Derecho a la ciudad, Sociología Urbana, Sociología Política y Género.
