Loma Larga junto con Río Blanco, Panantza-San Carlos, Fruta del Cobre y Mirador es uno de los cinco proyectos mineros estratégicos de nuestro país. Éstos son a su vez, parte de una treintena de megraproyectos en vigencia, desperdigados a lo largo y ancho de nuestro pequeño territorio.
La empresa canadiense INV Metals Inc., que es una compañía de recursos minerales dedicada a la exploración y el desarrollo del proyecto Loma Larga. En su página se apunta que, “Loma Larga contiene estimaciones de reservas minerales probadas y probables estimad en 2,56 millones de onzas de oro equivalentes que incluyen 2,2 millones de onzas de oro, 13,3 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre con 4,91 g/t Au, 29,6 g/t Ag y 0.29% Cu dentro de 13.93 millones de toneladas.”
Sin embargo, INV no es la empresa protagonista en esta historia: en una presentación corporativa de junio pasado, informó que cuenta con el apoyo fuerte de dos grandes: IAMGOLD y Dundee Precious Metals (cuyo porcentaje en las acciones del proyecto corresponde al 35.5% y 19.4% respectivamente). ¿IAMGOLD? ¿No se supone que se fue del territorio? Pues no, la historia de la presencia de corporaciones mineras y de los cambios en la propiedad de las concesiones mineras no es reciente[1]. La empresa minera COGEMA fue la primera en realizar trabajos de exploración desde 1991. Dos años más tarde, las empresas Newmont Mining y TVX Gold se convirtieron en socios de la empresa conjunta de COGEMA y las actividades de perforación pasaron a ser responsabilidad de Newmont. Este consorcio duró pocos años ya que los resultados obtenidos no fueron muy alentadores. La canadiense IAMGOLD adquirió las concesiones Cerro Casco, Cristal y Rio Falso de COGEMA a fines de los años 90. Los habitantes locales conocían las obras de Newmonts, pero no fue hasta la presencia de IAMGOLD en la zona (2003) que se activó la oposición local.
En el año 2012, INV Metals concluyó la compra del proyecto Quimsacocha (nombre cambiado a Loma Larga) de IAMGOLD Corporation. A decir del frente de resistencia al entonces proyecto Quimsacocha, la salida de IAMGOLD se debía a que no logró obtener la “licencia social” para operar, pues los pobladores conocían que sus fuentes de agua se afectarían irremediablemente y, para defenderla organizaron la Consulta Comunitaria en Tarqui y Victoria del Portete (en 2011), donde la oposición a la instalación de actividades mineras fue abrumadora, sobrepasando el 90% de los votos. Todas estas estrategias han frenado sucesivamente el avance de Loma Larga. Recordemos que el proceso de resistencia lleva dos décadas, ya que las comunidades no se creen las perogrulladas del evangelio extractivo minero.
Sin embargo, y pese a toda la evidencia producida en torno a los impactos de distinta índole asociados a la minería metálica, muchos son los acólitos promineros (desde el presidente de la cámara industrias hasta políticos locales y nacionales) que arguyen que el capitalismo extractivo minero es responsable, técnico y, enfatizan con gran frenesí, No contamina.
Estas prédicas contrastan incluso con las palabras del representante especial de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, John Riggie, quien en 2008 remarcó que la extracción minera es el sector industrial que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos, contrastando el discurso de la creación de empleo, desarrollo y prosperidad para las comunidades anejas. El documento “Impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá. Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, a partir del análisis de 22 casos presentes en nueve países: Argentina (1), Chile (1), Colombia (6), El Salvador (1), Guatemala (1), Honduras (1), México (6), Panamá (1) y Perú (4). Los casos corresponden a proyectos de minería a gran escala en los que se denuncian profundos impactos en el medioambiente y graves vulneraciones a los derechos humanos. Los proyectos son gestionados y ejecutados por 20 empresas con cuya casa matriz se afinca en Canadá.
Entre los impactos ambientales sobresale un patrón de contaminación del agua (con metales pesados como el arsénico) debido a accidentes ambientales por derrames y roturas, infiltración de drenaje ácido hacia quebradas, afectación de glaciares (en el lado argentino del proyecto Pascua Lama[2] se ha denunciado el ocultamiento de datos sobre la presencia de cuerpos de hielo, negando su papel regulador sobre el agua de los ríos y se soslayó que su protección es esencial como medida contra el cambio climático: 20) y la afectación a la biodiversidad por la construcción de infraestructura (vías de acceso, tendido eléctrico, campamentos, relaveras, entre otros). Las afectaciones incluyen: desplazamientos forzados de la población adyacente, división de las comunidades y fractura del tejido social y criminalización de la protesta social. Entre los efectos en el ámbito económico figuran: alteración de los modos de subsistencia, y mayor empobrecimiento de las comunidades “llama la atención la promesa que las empresas mineras hacen a la prosperidad, empleo y soluciones rápidas a la situación de vulnerabilidad de las poblaciones que habitan en las regiones mineras, sin embargo, esta promesa no se hace efectiva y las regiones continúan en el mismo o en un peor nivel socioeconómico que aquel en el que se encontraban al iniciar el proyecto respectivo…”, dice el informe. Finalmente, las vulneraciones a los derechos comprenden: vulneraciones a los derechos a la vida y a la integridad personal, vulneraciones al derecho a la salud y, vulneraciones al derecho de propiedad.
Los riesgos asociados al desarrollo del proyecto Loma Larga son múltiples: pérdida de biodiversidad, pérdida de paisaje, degradación estética, contaminación y erosión del suelo, deforestación y pérdida de cobertura vegetal, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, disminución de la calidad del agua, perturbación de ecosistemas frágiles (páramos y bosques), fragmentación del tejido social, vulneración de derechos.
En la época precolombina, Guapondelig o Tomebamba fue capital imperial para los incas[3]. Actualmente, las cualidades de Cuenca son envidiables, destaquemos algunas: buen desempeño de los servicios públicos e institucionalidad municipal (especialmente gestión del agua), Patrimonio cultural de la humanidad, Reserva de la Biosfera Macizo del Cajas, Humedal de importancia Ramsar, Capital mundial de la artesanía, cuyo Valor Agregado (equivalente al PIB) en 2018 generó 4.733 millones de dólares…
Con certeza vendrán más reconocimientos y avances, siempre y cuando la valoremos y continuemos en un ejercicio participativo y democrático permanente por afrontar los desafíos pendientes y defenderla de intereses corporativos y su delirio de convertirla en capital minera del distrito sur del Ecuador.
[1] Para los neófitos en el tema minero existen dos grandes tipos de compañías: las junior y las major. Las empresas junior son las pequeñas que se dedican únicamente a la exploración, y las major son aquéllas grandes, que cuentan con los recursos económicos y técnicos para llevar a cabo la explotación minera. En el caso que nos atañe, INV sería una junior y IAMGOLD y Dundee serían majors.
[2] En el lado chileno, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta confirmó la clausura definitiva del Proyecto Pascua Lama el pasado septiembre. Sin duda, este fallo histórico es un triunfo para las comunidades del Valle del Huasco que incansablemente han defendido su territorio por más de 20 años.
[3] Chacón, J. 2005. GUACHA OPARI PAMBA. Plaza donde se origina la gente cañari. PAUCARBAMBA. Llanura Florida. Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Azuay.
Bióloga por la UDA. Master en estudios interdisciplinarios en sostenibilidad ambiental, económica y social, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Integrante del Colectivo Yasunidos Guapondelig y de la Plataforma Ecuador Decide Mejor sin TLC.
