Existen ciertos consensos en la opinión pública de lo que se debe hacer en el país asolado por la corrupción, delincuencia, crisis fiscal y estancamiento económico.
El proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que, con el carácter de urgente, remitió el presidente Noboa a la Asamblea Nacional, se centra en la recaudación anticipada de impuestos; el perdón de intereses, multas y recargos para los deudores en litigio con el SRI; incentivos tributarios para alentar la inversión y la generación de empleo; y un nuevo régimen de zonas francas y de alianzas público-privadas.
Con esas medidas, entre otras, se pretende recaudar una suma aproximada de 832 millones de dólares, que no soluciona la crisis fiscal y como siempre no se toca la estructura injusta de impuestos y por el contrario se favorece a las grandes empresas morosas en el pago de impuestos, acostumbradas a no pagar sus obligaciones para beneficiarse cada vez por este tipo de leyes.
Es urgente que se expida una ley que a la vez que eleve por lo menos dos puntos porcentuales el impuesto a los grandes grupos económicos más poderosos del país, permita al mismo tiempo delegar a la empresa privada la construcción y gestión de obras públicas nuevas, con contratos públicos ágiles, rodeados de garantías jurídicas y contratos laborales cuyos plazos de duración se vinculen a las fases constructivas. Esa ley a la vez que permitiría afrontar la construcción de nueva obra pública, posibilitaría ofertar nuevas fuentes de trabajo.
Paralelamente se debería simplificar los procedimientos para la asociación pública-privada, hacerla realmente viable, fomentar su utilización y garantizar el retorno de la inversión y una utilidad razonable, lo que implica la necesidad de revisar los costos de financiamiento bancario que encarece toda iniciativa económica.
Por otra parte, la Procuraduría y Contraloría deberían controlar, en el ámbito de sus competencias, la aplicación en la administración pública, de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos para evitar la arbitrariedad, la corrupción y la lentitud institucional que incide en los costos que asume la ciudadanía por la demora en la aprobación de diversos trámites, negocios inmobiliarios, proyectos económicos, urbanísticos y constructivos. Los concejos cantonales deberían fiscalizar a fondo esas prácticas corruptas de crear dificultades para vender facilidades.
En el caso de la economía agraria y rural en general, es urgente impulsar su reactivación mediante la aprobación del proyecto de Código Orgánico de Soberanía Alimentaria (COSAL) que pone especial énfasis en procesos de agregación de valor de la economía familiar campesina, pesca artesanal, acuicultura, incentiva a los pequeños y medianos productores, los procesos de agrobiodiversidad, agroecología y agro industrialización. El COSAL incorpora políticas públicas concretas para el empleo juvenil rural y proyectos productivos de las mujeres de la ruralidad que son quienes afrontan la migración en sus hogares y se han convertido en el centro de la economía familiar agraria.
La reactivación económica requiere condiciones de seguridad, por lo que es urgente que se expidan reformas concretas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de contar con trámites más expeditos para sancionar los delitos relacionados con la corrupción, la eficiencia de la administración pública, el narcotráfico, secuestro, extorsión, asociación ilícita, delincuencia organizada, tráfico y portabilidad ilícita de armas y femicidio. En general se deben revisar los procedimientos establecidos en el COIP para hacerlos más ágiles y eficientes, y evitar la manipulación de vacíos, antinomias y normas ambiguas.
De igual forma deben introducirse reformas específicas a la Ley Orgánica de Servicio Público para acelerar los trámites de destitución de servidores públicos por actos vinculados a la corrupción y otras conductas que afectan a la atención eficiente de la administración pública. En el mismo sentido deben hacerse reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, Código de la Democracia y leyes de personal de la policía nacional y fuerzas armadas. Una especial atención debe darse a la reforma a la ley orgánica de aduanas para prevenir la corrupción. Hasta cuando se hacen de la vista gorda.
Para complementar estas medidas, se deben acelerar los trámites del cobro de impuestos, renegociar los contratos de telecomunicaciones, y algo que va quedándose en el olvido, la recuperación de los dineros de la corrupción. Los nuevos ricos están gozando de sus fortunas mal habidas. Viajan como turistas millonarios de un lugar a otro.
Finalmente, los GAD y las empresas públicas deberían reorientar sus presupuestos a la obra pública y la readecuación de los espacios públicos, todo para ofertar trabajo y mejorar la seguridad.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
