El 2 de abril pasado, el presidente Noboa decretó un nuevo estado de excepción, lo que hace posible mantener movilizadas a las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada desbordada. De por sí renovar el estado de excepción no es que sea malo, pero la línea del mandatario insiste en mantener el único pilar en el que se asienta su política se seguridad: los militares.
Esto ha llevado a que, entre los uniformados movilizados continuamente desde la declaratoria de conflicto armado interno por más de dos años, militarmente en “concentración” en sus cuarteles, surjan quejas por desgaste laboral y nocivos efectos familiares. En una cuenta anónima de Facebook se denuncia un alto número de separaciones y divorcios entre soldados.
Se atribuye a que “no hay un buen régimen de trabajo y no se cumplen los descansos. Dicen que es de 21 (días laborados) x 7 (libres), pero…trabajan 30, 35, hasta 40 o 50 días seguidos, y si tienen suerte, les dan 5 o 7 días para ver a su familia…El militar no puede estar presente para solucionar las cosas, y eso termina rompiendo el matrimonio”.
La nota pide que el personal antiguo de tropa que ya ha formado su hogar no reciba tantos pases porque eso afecta más a sus familias e incide nocivamente en su estabilidad profesional, lo que les volvería susceptibles a la corrupción y estaría incidiendo más en el personal de tropa que en la oficialidad…
Los dos últimos Planes Estratégicos de las fuerzas armadas reconocen, desde el año 2017, que por la “limitada capacidad de talento humano” de la policía los militares estén en “labores distintas a su misión”, lo que marca un déficit en el número de efectivos al haber militarizado la seguridad.
Por esta insuficiencia de uniformados de carrera en los últimos dos años se llamó a reentrenamiento con fines de contratar temporalmente (para acciones de control de armas y resguardo de las elecciones, por ejemplo) a 6.000 exconscriptos, lo que, silenciosamente, elevó el pie de fuerza militar en más del 10 %.
De por medio, estos planes estratégicos reconocen nuevas amenazas contra el Estado como los ciberdelitos, grupos sociales violentos que buscan debilitarlo, el crimen organizado transnacional que quiere corromper a las instituciones, la explotación ilícita de recursos estratégico, contra lo cual urge, entre otros puntos, mejorar las capacidades de patrullaje naval.
Esta acción militar está bien, pero en la medida que no se descuide el enfoque social en las zonas más afectadas por la incidencia del narco, que fácilmente copta a quien carece de empleo, de ingresos y perspectivas de vida y si esto no se atiende con programas de fomento para que la población se sienta resguardada por el Estado y vea por los menos la posibilidad de alejarse o no caer en el delito para subsistir, será imposible cambiar esta realidad que mantiene al país ensangrentado.
Y mientras los soldados están concentrados en combatir a los GDO, en su verdadera misión que es el control de la porosa frontera selvática, faltan, no dan lo suficiente. Los mismos planes estratégicos mencionan la necesidad de incorporar tecnología para su misión, pero todavía esto no se ve: la droga y las armas siguen infiltrándose (O).
Portada: imagen tomada de https://n9.cl/j06j6p
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, Periodista de Academia TV. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
