La Captura del Estado es un concepto que se refiere a la corrupción a gran escala que opera de manera especial en países con institucionalidades débiles y permeables a prácticas corruptas. Este es un mecanismo mediante el cual se logra manipular la gestión de los gobiernos locales o nacionales para aplicar políticas que favorecen a las élites económicas a través de su influencia abusiva en la administración pública, en beneficio de sus negocios y en detrimento del interés general de la población, profundizando la desigualdad y la injusticia social.
Es común que estos grupos actúen justamente en épocas electorales, financiando campañas de algunos candidatos para luego exigir la devolución de sus aportes a cambio de implementar mecanismos que faciliten sus privilegios, ya sea a través de: la aplicación de determinadas regulaciones o leyes aprobadas al apuro, sin dar paso a la suficiente discusión sobre sus consecuencias sociales; del acceso a información privilegiada para sus inversiones mediante cargos públicos, generando una atmosfera de opacidad y falta de trasparencia en los procesos de adjudicación de grandes obras; cobrando porcentajes en las adjudicaciones o mediante la politización de la justicia. Todo ello bloquea las iniciativas públicas de beneficio popular.
Una estrategia utilizada para la Captura del Estado es el uso de un discurso que justifica las medidas tomadas, a través de la conformación de espacios para el debate de temas estratégicos de la política económica nacional, o de los denominados laboratorios de ideas o think thanks, cuyas recomendaciones claramente se orientan a confirmar los dictámenes de los organismos internacionales. El mecanismo se complementa con el manejo de los medios de comunicación, los cuales definen los temas y su enfoque, influyendo en la opinión pública. Lo hacen invirtiendo grandes cantidades de dinero en propaganda y publicidad, como es el caso de las empresas mineras que se autoproclaman defensoras del medio ambiente, benefactoras de los pueblos que invaden y desplazan con sus proyectos extractivistas. Estas estrategias tienen diversos nombres como la puerta giratoria, el lobby feroz, el financiamiento partidario, el “hombre del maletín” y campañas mediáticas con “información de interés general”.
La gravedad del asunto se complica en nuestro país porque aquí no solamente estamos sometidos a la Captura del Estado por parte de los grupos oligárquicos de siempre –que se reconfiguran permanentemente bajo el mismo objetivo–, ahora también estamos capturados por la mafia del narcotráfico internacional que ha decidido utilizar el territorio ecuatoriano como eslabón para el tránsito de sus mercancías, provocado una realidad que supera los imaginarios de violencia, terror y muerte. Ya no existe lugar, ni hora segura. La desconfianza ha marcado la cotidianidad, la discriminación es la regla sobre todo cuando se trata de personas pobres, los sentimientos de odio superan la tolerancia y el respeto a las diferencias. Todo esto ha generado un ambiente que atenta contra la tranquilidad y la sana convivencia.
Muchos oligarcas y narcotraficantes invierten en paraísos fiscales. Alguien podría pensar que los paraísos fiscales son estructuras ilegales, pero no, los paraísos fiscales están protegidos por los sistemas judiciales locales e internacionales. Una especie de corrupción legal, lo cual es un contrasentido, pero es justamente, así como opera la Captura del Estado, implementando estructuras supranacionales que permiten la evasión fiscal en países donde se pueden lavar el dinero y camuflar las transferencias de los sobornos a políticos y agentes públicos.
Así como las bandas criminales provocan la muerte de cientos de personas, las estructuras de corrupción “legal”, someten al hambre a pueblos enteros privándolos del derecho a una vida digna. Juan Cuvi, escribe: “Si entendemos a la política como el campo de disputa del destino de los recursos de un Estado, entonces tenemos que colegir que las mafias del narcotráfico (y de otros negocios criminales) son un actor político preponderante en las estructuras de poder de un país como el Ecuador, por el simple hecho de que obligan a priorizar el gasto público. El dinero que un país destina a combatir al crimen organizado es un recurso que se le escamotea a los grupos sociales más necesitados; además, favorece a sectores específicos que lucran de las políticas de seguridad”.
La articulación Estado-paraísos fiscales-leyes supranacionales para la protección del capital financiero y especulativo, ha garantizado el funcionamiento de la Captura del Estado. En el mundo hay una gran riqueza acumulada por una minoría de millonarios y empresas transnacionales, nunca como ahora coexistieron tanta pobreza y tanta riqueza. Asistimos a un creciente deterioro de las condiciones de vida causado por un sistema económico secuestrado por el funcionamiento de estos mecanismos perversos, todo ello en medio de circuitos de impunidad.
Para terminar, solo citaré algunos ejemplos. La tristemente recordada Odebrecht que negoció la construcción de grandes obras en Ecuador y toda Latinoamérica. Los Pandora Papers, en los que fue señalado Guillermo Lasso. El Sistema UniBanano, que presumiblemente ha permitido que códigos de exportación del Estado están siendo utilizados por empresas privadas e incluso, indicó en ministro de agricultura Bernardo Manzano, podrían estar sacando sustancias ilícitas a Europa. Y finalmente, el reciente caso Coca Codo Sinclair y la empresa Sinohidro, en el cual el Gobierno ha decidido no aceptar el informe de la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional. Según informa diario El Universo, la empresa fiscalizadora de la construcción de esta obra es una consultora conformada por varias empresas, una de ellas la Consultora Vera y Asociados de propiedad de la familia del ministro Xavier Vera. Para el periodista Cristian Zurita, supuestamente, el objetivo detrás de esta decisión no sería solamente proteger al ministro Vera porque existe un posible conflicto de intereses, sino además porque el ministro está a cargo de la gestión de varios proyectos, sobre todo mineros con empresas chinas.
Ex directora y docente de Sociología de la Universidad de Cuenca. Master en Psicología Organizacional por la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Master en investigación Social Participativa por la Universidad Complutense de Madrid. Activista por la defensa de los derechos colectivos, Miembro del colectivo ciudadano “Cuenca ciudad para vivir”, y del Cabildo por la Defensa del Agua. Investigadora en temas de Derecho a la ciudad, Sociología Urbana, Sociología Política y Género.
