El 28 de octubre del 2023, en la parroquia Victoria del Portete, se pretendió realizar una socialización del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental, de la línea de trasmisión eléctrica para el proyecto minero de Quimsacocha, cuando aún está pendiente la ejecución de la sentencia dictada por la Corte de Justicia del Azuay, expedida dentro de la acción de protección propuesta por los presidentes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, Junta de Agua Potable de Victoria del Portete y Tarqui, Comunidad Escaleras y del Directorio de Aguas de San Gerardo, en contra del MAATE.
Dicho acto de haberse consumado, hubiese significado inobservar la referida sentencia, y aunque carece de valor de jurídico, porque incluso, según se ha informado, se irrespetó la hora de la convocatoria, sin embargo, causa una justa preocupación de la ciudadanía, que está cansada de conductas que contrarían las sentencias firmes, y sobre todo por la sensibilidad del tema que requiere ser tratado con sensatez y respeto a la manifestación soberana del pueblo de Cuenca, que en la consulta del del 7 de febrero del 2021, con más del 80 % de los votos, prohibió la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
En efecto, la referida sentencia de la Corte Superior de Justicia de Azuay, ordena entre otras cosas que: “Que previo a continuar con los trámites administrativos para las siguientes fases del proyecto minero, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición ecológica, debe presentar en el juzgado de origen, un informe completo del estado actual del área Nacional de Recreación Quimsacocha… (…) …”. (El subrayado me pertenece).
Luego la sentencia, dispone también que, como en el Área Nacional de Recreación Quimsacocha nacen fuentes de agua que sirven tanto para consumo doméstico, abrevadero, riego, alimentación, etc., considerada como reserva hídrica y zona de humedales, el MAATE debe presentar un informe que aborde la sustentabilidad del ecosistema y cómo se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua, detallar las acciones para posibilitar la planificación, regulación y control, así como debe abordar las conclusiones que se emite en el informe presentado en ETAPA EP por parte del Ing. Galo Ordoñez, por lo que, para el cumplimiento de esta medida de reparación, se contará con ETAPA E.P, que garantiza el acceso al derecho humano del agua en el cantón Cuenca.
Igualmente, la sentencia ordena realizar la consulta previa, libre e informada por parte del Estado Ecuatoriano, la ejecutarán y materializarán las carteras del Estado competentes en materia ambiental y agua, de explotación de recursos naturales no renovables, protección de derechos humanos y los GAD que correspondan, en la Comunidad de Escaleras, parroquias Victoria del Portete y Tarqui.
Finalmente, la sentencia dispone realizar la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución antes de la emisión de la licencia ambiental para la siguiente fase del proyecto, que se ejecutará y materializará en la zona de influencia del proyecto.
En todas las medidas, la sentencia ordena la intervención de la Defensoría del Pueblo, que debe presentar en el juzgado de origen un informe que detalle las actuaciones realizadas cada cuarenta y cinco días.
Por lo tanto, la sentencia es clara, no se puede hacer ningún trámite administrativo relacionado con el proyecto minero, dado que previo a continuar con los trámites administrativos, el MAATE debe cumplir con la presentación del informe requerido, y, además, ejecutarse todas las disposiciones de la sentencia.
En definitiva, mientras no se ejecuten todas las resoluciones de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, no seni puede continuar con ningún trámite administrativo tendiente a la explotación minera en Quimsacocha.
Portada: foto tomada de http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/parque-nacional-cajas
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
