El informe al país rendido por el Presidente de la República, estuvo marcado por formas y contenidos, acordes con el periodo electoral. Oferta de ampliación del Metro de Quito a construirse por el propio gobierno, construcción del Quinto Puente en Guayaquil, desarrollo del corredor vial Nobol-Progreso, y continuidad del corredor vial Buena Fe-Juján, proclamas de logros sobredimensionados, frases cortas para sembrar expectativas y esperanzas; pero también, denunció que, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda se unieron en un pasado que “se junta para detener al futuro”, y que, poco sirve luchar contra la delincuencia cuando otros desde su espacio de poder lo solapan.
El informe tuvo la misma tónica de informes de otros gobiernos pasados, esto es, un discurso refundacional de la república. Ya viene el “Nuevo Ecuador”. La verdad es que, como en otras ocasiones, no se recibió un informe crítico y autocrítico sobre la situación nacional y la acción del gobierno, tanto más que el art. 147.7 ordena al Presidente de República, “Presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente”.
En las circunstancias del país, con una concurrencia de varias crisis en medio de una coyuntura política internacional desfavorable, hubiese sido necesario conocer entre otros aspectos, la verdadera situación de la economía nacional, el estado de las finanzas públicas y la deuda interna y externa, los problemas en educación, salud, energía, vialidad y movilidad, vivienda, cultura, seguridad social, descentralización, concesiones mineras, la soberanía alimentaria, nutrición infantil, un balance sobre los sistemas hídricos, riego, los bosques y la deforestación, la situación de la violencia contra la mujer, de la niñez, la juventud, los adultos mayores y las personas con discapacidad.
El informe puso énfasis en la disminución del riesgo país para el endeudamiento externo, la disminución de actos delincuenciales, el bombardeo a las bocaminas ilegales y la compra directa de medicinas de gobierno a gobierno en esta ocasión con la India (para evitar la corrupción).
En lo referente a la disminución del “riesgo país “, aquello no se traduce directamente en el mejoramiento de la vida del pueblo. En cuanto a la lucha antidelincuencial, los resultados son discutibles según las estadísticas, pero no se informó sobre políticas públicas pertinentes a la prevención y la necesaria coordinación con los GAD. En cuanto al bombardeo a la infraestructura minera ilegal, si bien es una medida importante, sin embargo, se han evidenciado actos de corrupción al interior de la propia ARCOM. Frente a la compra de medicinas en forma directa de gobierno a gobierno, para evitar la corrupción, hubiese sido loable instrumentar esta idea oportunamente, antes que las mafias hagan de las suyas.
Sobre el informe a la nación, algunas empresas verificadoras de información, han ubicado los contenidos que son verdaderos, falsos, inverificables y engañosos, pero más allá de esas mediciones, pueden existir percepciones diversas, que, como tales puede ser más o menos aproximadas a la realidad objetiva en sí. El Presidente de la República, puso energía en el informe y utilizó videos para incidir más eficazmente en la percepción del público, pero lo que acontece en lo recóndito de la conciencia ciudadana sobre la realidad del país se lo verá más adelante.
Pero existe una realidad, el modelo económico escogido por el gobierno nacional, que tiene como perspectivas fundamentales, la aceleración de la minería, la privatización de servicios públicos, recentralización administrativa, incorporación de la producción privada de energía, libre mercado de combustibles, reformas al IESS para separar los servicios de salud de los fondos de pensiones, desarrollo de la agroexportación y los agronegocios, programas de vivienda ligados a empresas constructoras privadas, acuerdos de libre comercio internacional y en general un modelo económico centrado en el apoyo a grandes corporaciones económicas y financieras privadas. Un gobierno empresarial para los empresarios.
En este modelo económico no se priorizan políticas para la agricultura familiar indígena campesina, pequeños y medianos productores agrícolas, el sistema cooperativo de producción, apoyo al artesanado y la economía popular y solidaria, Tampoco se priorizan para el pago de la deuda al IESS, mejoras substanciales a la infraestructura a los sistemas públicos de educación y salud, atención y mejora del presupuesto para las universidades y la investigación académica, cuidado de las fuentes de agua, humedales y ecosistemas frágiles.
Es un modelo económico oligárquico, neoliberal y minero, que, por la experiencia vivida en otros países, conlleva la tendencia de generar mayor desigualdad social, desposesión de tierras a campesinos y comunidades rurales, sacrificio de zonas agrícolas y ganaderas, arrasamiento de selvas, bosques protectores y contaminación de aguas y suelos. Las proyecciones de este modelo no precisamente tienden a mejorar la situación de los derechos económicos, sociales y de la naturaleza.
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Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
