Al revisar la historia nacional, la corrupción se agravó a partir de la década de 1990, y de forma estructural e institucionalizada, a partir de la década de 2010. En el periodo 1998-2000, la corrupción se incentivó con la captura del poder político por las élites financieras, la crisis y el “feriado bancario”; luego en la década del 2010 cobró impulso con el “boom” petrolero y la corrupción estructural; y, en la década de 2020, la corrupción se agudizó con la cooptación de la función judicial y el crimen organizado.
En cambio, las Municipalidades y los GAD, tuvieron una mejor calidad institucional, funcionamiento más técnico, legitimidad y menor desviación politiquera, hasta mediados de la década de 2000.
Según el informe no vinculante respecto a los hechos relacionados con los informes de la Contraloría que involucren a los GAD, emitido por Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional, del 5 de noviembre del 2026, se establece que los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) representan, el 27,6% del total de 878 informes aprobados relacionados con los GAD, durante el período enero 2024 – junio 2026, siendo una proporción muy significativa.
Según el mismo informe,los ámbitos recurrentes de riesgo en la administración de los recursos públicos de los GAD, corresponden a contratación pública, administración de talento humano, nómina y gasto de personal, adquisición de bienes y servicios, consultorías y gestión financiera, repitiéndose tres patrones de conducta: (i) evasión de procedimientos de contratación mediante el uso indebido del régimen especial, con señalamiento del proveedor en los términos de referencia; (ii) presentación de títulos, licencias o certificados no reconocidos por sus emisores para acreditar el personal técnico mínimo, con especial frecuencia en servicios de seguridad y vigilancia; y (iii) ingresos de autogestión recaudados y no depositados en gobiernos parroquiales.
En relación con lo anteriormente señalado, el 49 % de las noticias del delito corresponde a peculado y el 40 % a falsificación y uso de documento falso.
A estos datos relevantes, se suma otro factor aún más importante relacionado con la información oficial y las investigaciones periodísticas, sobre la penetración de los grupos de delincuencia organizada, especialmente de bandas vinculadas al narcotráfico en algunos GAD Municipales, ahondándose la preocupación por la posibilidad de que, a través del actual proceso de elecciones seccionales, crezca la infiltración mafiosa, dadas las deficiencias del control electoral.
En efecto, los casos documentados de la infiltración del narcotráfico en los GAD Municipales de Durán, Manta, Ponce Enriquez, Portovelo, Machala, Esmeraldas son claros ejemplos de esta contaminación mafiosa, a los que deben adicionarse los casos de otras formas de delincuencia organizada que se han presentado en algunos GAD del país.
Todo es resultado de la omisión, debilidad y a veces tardíos controles de los concejos cantonales, auditoría interna, control de legalidad, de cuentas, la investigación fiscal, el control electoral y el control ciudadano, en un contexto de desinstitucionalización generalizada del país y la falta de una justicia independiente.
En relación con anteriormente señalado, desde mediados de la década del 2000, en los gobiernos seccionales y a partir del 2008 en los GAD municipales, principalmente, se instalaron, equipos administrativos más que de carácter técnico, más bien de claro perfil político partidista con baja calidad profesional, ocurriendo similar situación con la calidad de la mayoría de concejales, escogidos por el grado de fidelidad incondicional al alcalde y la mediocridad, antes que por su ética ciudadana, preparación y pensamiento crítico capaces de contribuir a realizar un buen gobierno local.
El resultado no pudo ser otro que concejos cantonales y metropolitanos donde campea el clientelismo y las actitudes corruptoras de compra de conciencias con prebendas personales y familiares, a cambio de sus votos, sin posibilidad alguna de fiscalizar al ejecutivo municipal, reproduciéndose las mismas prácticas con la alta burocracia municipal. Así la corrupción se institucionalizó en algunos GAD con claro perjuicio a los recursos e intereses públicos.
Lastimosamente en el actual proceso de elecciones seccionales, se vuelve a repetir la historia descrita y se repite, con honradas excepciones, la baja calidad de la representatividad política.
Portada: imagen tomada de https://n9.cl/n9okz
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.