Frente a los acontecimientos que observamos en las instancias legislativas del país; y, lo que tenemos que padecer los ciudadanos y habitantes del Ecuador, sus cantones y provincias, producto de las decisiones de los legisladores, parece necio insistir en que no se deben establecer requisitos –al menos mínimos, ojalá óptimos- para postular y ocupar los espacios, puestos o curules en los órganos de legislación y fiscalización de las distintas instancias de gobierno.
No se sostiene con ningún argumento, que sean electos como asambleístas, concejales, alcaldes (que integran los consejos provinciales), personas que carecen de conocimientos sobre los asuntos y materias respecto de los que tendrán que legislar y actuar.
Que no se mal entienda, lo dicho no implica que postulen a los cargos de elección popular solamente expertos, no habrían los suficientes, en unos casos por falta de la experticia y en otros porque los que saben no se animan o de plano no les interesa involucrarse en ámbitos electorales y partidistas.
Tampoco se me ocurre proponer que se exija como requisito sine qua non títulos profesionales en general o en determinados ámbitos en particular. Sin duda, la formación de tercer y cuarto nivel es necesaria, pero no es “patente de corso”, además, el título o títulos, per se, no garantizan inteligencia, solvencia, conocimientos o experiencia, siendo la última indispensable en el ámbito al que nos referimos.
En varias ocasiones nos hemos referido a la necesidad de contar en las instancias de gobierno o servicio, con gente proba, para la que la honestidad intelectual sea un valor en sí mismo, pues así, nadie se postularía a un cargo para el que sabe –porque siempre se sabe- que no está preparado, incluso aquellos precedidos por SU EGO, saben de lo que carecen, por eso mismo lo ponen como escudo.
Recapitulando, no se trata de títulos –sin duda un buen número deberían ser profesionales-, sino de tener aptitudes para ejercer, aprender y querer saber, estar dispuestos a trabajar con ímpetu y dedicación; no sólo leer, sino entender lo que se lee; no sólo hablar sino saber lo que se dice y hacerlo de una forma que los otros lo puedan comprender.
Para legislar y fiscalizar hay que enterarse, inteligenciarse, asesorarse adecuadamente, preguntar, pedir explicaciones, para con conciencia de lo que se hace adherirse u oponerse. Muchos estamos hartos, de que se malgasten recursos públicos, entregando remuneraciones y más beneficios a individuos que van a calentar el puesto, a engrosar las filas de los levanta manos, que cumplen la función acólitos o genuflexos ante quienes ejercen el poder de turno.
Muchos ejemplos de los que hablar, dos recientes que ilustran la motivación de esta entrega:
- El Consejo Cantonal de Cuenca aprueba ordenanzas de espaldas a la ciudadanía, con errores técnicos –así lo han reconocido-, difíciles de entender y en consecuencia de aplicar, con normas y sanciones que no se ajustan a la realidad del cantón, las que han sido rechazadas por los afectados, los potenciales afectados, por gremios, profesionales de distintas áreas y por la ciudadanía. Entonces ofrecen revisarlas e incluso plantean proponer derogarlas.
- La Asamblea Nacional, está a punto de aprobar un Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, que ha sido objeto de una serie de objeciones por los peligros que conlleva, al atentar o por el riesgo de hacerlo, contra derechos y garantías constitucionales y legales imprescindibles. Voces autorizadas de rechazo y alerta se han levantado, que ojalá contribuyan a que se corrija lo que no debe constar en una ley, o se la archive si no es posible hacerlo.
Estos casos y otros que hemos tenido en el pasado, evidencian que la improvisación, la ignorancia, la falta de acuciosidad pueden acarrear serias y graves consecuencias. No se trata de buscar la perfección, es imposible, incluso lo perfecto puede ser enemigo de lo bueno, pero tampoco estar de sobresalto en sobresalto, ni teniendo que buscar corregir los crasos errores cometidos, que en muchos casos generan condiciones propicias para el abuso.
Decía antes que si no se sabe hay que asesorarse, pero con gente que sepa. Entonces, los que son contratados como asesores, tienen que tener condiciones para asesorar, no puede “cualquier hijo de vecino” ser un asesor de asambleísta, concejal, alcalde, Presidente de la República o de un ministro; ergo, también deben cumplir con requisitos.
Hay quienes dirán que la sociedad es dinámica, en consecuencia las normas tienen que adaptarse a los cambios, es verdad, sin embargo, no se puede legislar para el corto o cortísimo plazo, excepto que se trate de circunstancias excepcionales, las normas deben pensarse al menos para el mediano plazo e idealmente para largo, solo así se garantiza un valor y principio fundamental que es la seguridad jurídica.
Temas como los señalados debemos tenerlos en cuenta, para tomar las mejores decisiones en pos del bienestar colectivo.
Sin duda urge una reforma o quizá una nueva ley electoral –como quiera que se la llame-, en la que se establezcan entre otras cosas requisitos para postular, adicionalmente y “viendo lo visto” que no nos obliguen a votar por la lista completa, pues los resultados en cuanto a calidad de los elegidos eximen de mayor análisis.
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Mujer estudiosa y analítica, lectora atenta y escritora novel. Doctora en Jurisprudencia y Abogada – Universidad de Cuenca, Máster en Gestión de Centros y Servicios de Salud – Universidad de Barcelona, Diplomado Superior en Economía de la Salud y Gestión de la Reforma – Universidad Central del Ecuador. Docente de maestría en temas de políticas públicas y legislación sanitaria –Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; en el área de vinculación con la sociedad, legislación relacionada con el adulto mayor – Universidad del Adulto Mayor. Profesional con amplia experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en los ámbitos de legislación, normativa y gestión pública.
