El país ha desembocado en un ataque abierto y declarado de las bandas de delincuencia organizada utilizando métodos terroristas en contra de la población civil y el Estado, sacrificando a personas inocentes dedicadas a su trabajo y actividades diarias, lo cual profundiza la inseguridad de todas las actividades de la sociedad ecuatoriana. Ayer el terror y el miedo llevó al cierre de negocios y paralización de actividades, con calles, vías y plazas desiertas, tal cual como sucedió en la última pandemia viral. El cuerpo social está siendo atacado.
Este es el resultado de todo un proceso de agudización de la corrupción y descomposición institucional con la pérdida constante de soberanía del Estado en varios territorios y correlativamente el avance del poder delincuencial no solo en las cárceles sino en diversos espacios urbanos y rurales, llegando el Estado y gobiernos de turno, a ser penetrados por mafias del narcotráfico y otros delitos, vinculadas a carteles internacionales del crimen.
La delincuencia común es de larga data en el país, pero luego se constituyó una delincuencia estatalmente organizada, que utilizó la institucionalidad del Estado para apoderarse de fondos públicos a través de diversos mecanismos, que incluyen el peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, gestión corrupta y negociados en el ámbito el petróleo y más hidrocarburos, concesión de minas, energía eléctrica, tráfico del oro, obras y servicios con sobreprecios y más. En este marco y con tan “gran ejemplo” desde las alturas del poder político, florecieron las bandas delincuenciales con alta y refinada organización que luego se vincularon y aliaron con ciertos políticos y funcionarios públicos corruptos.
La actividad de las bandas del crimen organizado en su desarrollo transitaron hacía el terrorismo delincuencial por las formas y métodos de actuación, en medio de disputas territoriales sangrientas con bandas rivales, llegando a ejecutar matanzas carcelarias crueles y perpetrar una ola de crímenes políticos, hasta llegar al ataque abierto y directo contra la población civil y el Estado, siendo sus objetivos retenes y centros policiales, asesinato de policías y destrucción de patrulleros e infraestructura policial y de seguridad de las cárceles, incendio de bienes públicos y privados, extorsiones masivas, toma de rehenes de servidores y vigilantes carcelarios, imposición de contribuciones a comerciantes y empresas, y en general terror y violencia indiscriminada.
Las acciones criminales causan graves estragos a la ya debilitada economía ecuatoriana, con el cierre de unidades de producción, negocios, agencias, afección al comercio, playas y más centros y lugares turísticos.
Ante esta situación el gobierno nacional declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional mediante Decreto Ejecutivo Nro. 110 del 8 de enero del 2024, y ante la profundización de los ataques terroristas a vehículos de transporte e incendios a vehículos y bienes privados y la toma de las instalaciones de Canal 10 TC televisión, el gobierno expidió el Decreto Ejecutivo Nro. 111 del 9 de enero del 2024, complementario al anterior, mediante al cual se reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el país y se establece como causal adicional al estado de excepción, se identifica a los grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, y se ordena a las FF. AA ejecutar operaciones militares para neutralizar a los grupos del crimen organizado identificados.
Se ha llegado a una situación donde el Estado tiene que combatir a la delincuencia en varios frentes: dentro de las cárceles convertidas en cuarteles de bandas criminales, la acción de las bandas delincuenciales en el campo y la ciudad; y, la depuración de los propios órganos del Estado e instituciones públicas.
En este momento el Estado cuenta con todos los instrumentos jurídicos para enfrentar a las bandas delictivas terroristas y defender a la población, siendo los más afectados los estratos sociales más pobres que tienen una economía de subsistencia diaria y que ni siquiera pueden enviar a sus hijos a las escuelas públicas o utilizar los mínimos servicios asistenciales por toda la situación de violencia. Niños y jóvenes, padres y madres inocentes han sido abatidos. No hay la mínima consideración humana. La crueldad arrasa con todo.
Con tantas leyes de protección del uso de la fuerza y la legitimación de la actuación de las FF. AA complementando la actuación policial, se ha reforzado los mecanismos para enfrentar con eficacia la criminalidad, pero a la par se deben implementar políticas públicas para erradicar las causas estructurales del delito y la delincuencia, y, sobre todo, enfrentar la corrupción, madre de todos los males y esencia de la metástasis del cuerpo social.
En estas circunstancias es indispensable para salir de este grave momento, la unidad de la sociedad civil y la sociedad política, y la necesidad de una autocrítica de todos los sectores políticos por su corresponsabilidad en haber llegado a esta situación.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
