Cuando se pierde la dimensión ética de la política, se puede justificar las formas más corruptas de ejercicio del poder político llegándose también a corromper la conciencia del soberano, como cuando se dice con desparpajo “robó pero hizo obras”, o cuando se desvían fondos públicos para campañas políticas en favor del “proyecto político”, movimiento o partido, o para “causas populares”, o se favorece a una persona o empresa en un concurso público o se reducen impuestos o se otorgan beneficios a privados a cambio de cuotas de financiamiento para actividades político partidarias, fondos cuya troncha mayor se depositan en bancos o paraísos fiscales destinados a ciertos dirigentes políticos.
Todas estas corruptelas se pretenden justificar en nombre de los fines políticos que persigue tal o cual grupo político, reproduciendo en forma envilecida la vieja fórmula maquiavélica de que “el fin justifica los medios” donde la política nada tiene que ver con la ética, y se reduce a mera técnica de conquista, mantención o reforzamiento del poder.
Bajo estas consideraciones la gestión política desemboca en delincuencia organizada desde el Estado, cuya dinámica no tarda en vincularse y asociarse con las mafias del narcotráfico u otros delitos que deja grandes resultados económicos, con lo que finalmente el buen vivir o bien común queda atrás reducido a mero dicho junto a la política demagógica y populista que encubre todo.
Esta pérdida de la dimensión ética de la política, campea en el ejercicio del poder de todas las tendencias políticas incluyendo a corrientes progresistas, mal identificadas como de izquierda, porque un verdadero y consecuente proyecto de cambio radical de estructuras sociales, se contradice con prácticas “políticas” relacionadas con el latrocinio al patrimonio público. La política jamás puede confundirse y ser instrumento de corrupción y delincuencia.
Precisamente uno de los efectos del vaciamiento ético de la política, es el surgimiento de círculos de funcionarios públicos enriquecidos de la noche a la mañana con negociados (“emprendimientos”) originados en la contratación pública de adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, con la complicidad de “compañeros” incrustados en órganos de control o de la función judicial, que a su vez son utilizados para perseguir a otros considerados como enemigos.
Ello explica el interés por captar organismos de nominación y selección de altos cargos públicos como el CPCCS y el Consejo de la Judicatura, instituciones donde se maniobra para la designación de autoridades de control, jueces, fiscales y otros servidores judiciales. Por ello resulta que estas entidades son las más politizadas del país, y en el caso del CPCCS la mayor parte de sus integrantes se presentan camuflados en las elecciones como no dirigentes de movimientos o partidos, aunque en el fondo son los más incondicionales seguidores de movimientos, partidos o de ciertos caudillos políticos de quienes reciben órdenes.
En estas circunstancias se constituye un sistema institucional público, contaminado por la delincuencia organizada estatal o privadamente, cuyos sujetos actúan a vista y paciencia de la alta jerarquía burocrática convertida en cómplice de irregularidades e ilegalidades, sin que pase nada con las actuaciones arbitrarias y dolosas ante una ciudadanía espectadora e indiferente que ya no se conmueve por efecto de la naturalización de los comportamientos antiéticos y corruptos del poder político y la administración pública.
Por ello uno de los medios para salir de este fango putrefacto es la reestructuración total del sistema de partidos y movimientos con exigencias de educación y formación ética y política de sus militantes, reforzar el área de formación ética en todo el sistema educativo y establecer nuevos requisitos para ejercicio de la función pública, especialmente para cargos de representación popular, jueces y fiscales.
Por ello mismo, es plausible la propuesta de algunos asambleístas electos, de concretizar un acuerdo por la reconstrucción ético política del país. Esperemos que esta semilla fecunde en la nueva Asamblea Nacional.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
