Haciendo un paréntesis en la realidad desastrosa, la ciudadanía vivió el carnaval que pasó de ser una festividad hogareña, familiar y de vecindad, a un festejo con un cúmulo de espectáculos musicales, con gran movilidad de turistas, en diversos poblados rurales, centros parroquiales y cantonales, playas y barrios urbanos.
Detrás de la mayoría de las fiestas y actos públicos, estuvieron alcaldes, prefectos, y autoridades nacionales en búsqueda de réditos políticos, de manera que, estos festejos tienen cada vez más, un tinte político partidario, lo cual se ha vuelto parte del estilo populista que se ha impuesto en la política.
Pero en medio del ambiente carnavalero y la distracción popular, el gobierno, aprovechó la oportunidad para impulsar los dos proyectos de leyes calificados de urgencia económica: la Ley orgánica reformatoria al COOTAD para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los GAD y la Ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, pero también fue aprovechado para que el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, maniobren y preparen el reemplazo de la presidencia del Consejo de la Judicatura, a la par que continuar con el cuestionado proceso de selección del Fiscal General del Estado.
Ahora, luego del carnaval, el país retorna a vivir la otra realidad, la de todos los días, corrupción, inseguridad, violencia, delincuencia organizada y narcotráfico, en cuyas condiciones se resolverán cuestiones muy importantes para la vida pública nacional, como es la resolución del juicio político a Mario Godoy, la sucesión definitiva de la presidencia del Consejo de la Judicatura, la aprobación, modificación o negación de los referidos proyectos de leyes “urgentes”, la resolución del recurso de apelación de la orden de prisión preventiva en contra de Aquiles Álvarez, alcalde Guayaquil, los cambios en el control político en esa ciudad, el rumbo de las relaciones con Colombia, y de las relaciones con EE.UU en temas como seguridad y defensa, comercio e inversiones, migración y movilidad e influencia internacional, especialmente de China.
En el ámbito interno tal parece que lo que se conocía como “anormalidades” (corrupción, inseguridad, violencia, delincuencia organizada y narcotráfico), se han convertido, tras dieciocho años, en parte de la “normalidad”, y la incertidumbre y la desesperanza se acentúan, en tanto que, en el ámbito internacional el gobierno sigue incondicional y fielmente las políticas neocoloniales del gobierno norteamericano.
La única luz que puede vislumbrarse al final del túnel, es que, se pueda salir de las políticas públicas que significan más de lo mismo, tanto del pasado como del presente, es decir tratar de superar falsas disyuntivas o dicotomías que tienen entrampado al país, pues, en esencia, el mismo espíritu y práctica política continúan en el país: autoritarismo, concentración de poder, metida de la mano en la justicia, desapego a la constitucionalidad y la legalidad, arbitrariedad y opacidad en la administración pública, división, espionaje y control de organizaciones sociales, ciudadanas y no gubernamentales, recentralización, criminalización de la resistencia social y ambiental, control de medios de comunicación, neoliberalismo, extractivismo minero, agronegocios y transgénicos, tendencias privatizadoras, abandono a la economía campesina, debilitamiento del IESS, corrupción y contradicción entre los discursos ecologistas en el exterior e impulso de minería en ecosistemas frágiles, en lo interno.
Para salir de la situación actual será necesario fortalecer las organizaciones y movimientos ciudadanos autónomos, ampliar la Comisión Nacional Anticorrupción y multiplicación de comisiones ciudadanas de control de la corrupción, fortificar los colectivos ciudadanos ecologistas y de defensa de lo público y comunitario, apoyo a fiscales y jueces que actúen en forma independiente y apegados al ordenamiento jurídico y la exigencia del cese inmediato de la manipulación de la justicia y del Consejo de la Judicatura.
En este contexto es imprescindible fortalecer las iniciativas ciudadanas y populares locales orientadas a fortalecer los servicios públicos, la organización barrial, los gobiernos comunitarios la formación de lideres juveniles, la participación ciudadana en la veeduría y control social de los GAD y la defensa de las consultas populares, las consultas ambientales a las comunidades afectadas y las consultas previas a comunidades indígenas.
Se trata de presionar por la reinstitucionalización democrática y social, por lo que cabe igualmente insinuar la necesidad de conformar una comisión de salvación nacional, constituida en forma intergeneracional, con personas éticas y justas de la ciudad y el campo, de todas las regiones, pluralista y democrática, que pueda asesorar en políticas públicas para solucionar los problemas más álgidos del país, mediar para encontrar consensos políticos públicos, democráticos y legales tendientes a mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida del pueblo.
Esperemos también que los medios de comunicación puedan repotenciar las iniciativas ciudadanas autónomas, cívicas y democráticas.
Portada: imagen tomada de https://n9.cl/u3p66
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
