La libertad de expresión, el derecho a la protesta y la resistencia son conquistas democráticas reconocidas por la Constitución. Pretender sancionar a un docente por expresar su desacuerdo con el Gobierno constituye una señal de intolerancia frente a la crítica y una amenaza a la autonomía de la Universidad de Cuenca.
Cuando el ejercicio de un derecho constitucional se convierte en motivo de persecución; cuando una autoridad del Gobierno pretende decidir quién puede expresar su inconformidad y quién debe perder su puesto de trabajo por hacerlo, la defensa de las libertades se convierte en una obligación democrática.
Eso es lo que está en juego tras la exigencia pública de la ministra de Educación, Gilda Alcívar, de que la Universidad de Cuenca adopte medidas disciplinarias y separe de su cargo al docente Santiago Rosano, quien participó en la protesta registrada el 7 de octubre, durante la visita del presidente Daniel Noboa al campus universitario. No estamos únicamente frente a la situación de un profesor. Estamos ante una discusión de fondo sobre los límites del poder, el respeto a los derechos constitucionales y la obligación de las instituciones de defender su independencia frente a las presiones gubernamentales.
¿Desde cuándo expresar una posición crítica frente al Gobierno puede convertirse en una razón para exigir la destitución de un docente? ¿En qué momento la protesta pasó a ser considerada una conducta merecedora de castigo?
La Constitución de la República del Ecuador ofrece respuestas inequívocas: los derechos no dependen de la simpatía que una autoridad sienta por quienes los ejercen, ni pueden quedar sujetos a conveniencias políticas.
Los artículos 66 y 98 de la Constitución reconocen derechos fundamentales para la vida democrática. El primero garantiza, entre otras libertades, la expresión y la opinión; el segundo reconoce el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren o puedan vulnerar derechos constitucionales.
Estos principios son garantías que protegen, precisamente, la posibilidad de cuestionar las decisiones del poder, denunciar aquello que se considera injusto y expresar públicamente el desacuerdo.
La democracia no consiste en aplaudir a las autoridades, sino en conservar la capacidad de interpelarlas. No se fortalece cuando la ciudadanía calla por temor a las consecuencias, sino cuando puede expresar sus demandas sin que la discrepancia se convierta en una amenaza para sus derechos.
En ese contexto, la participación del profesor Santiago Rosano en la protesta debe analizarse a partir de los hechos y de las garantías constitucionales, no desde la incomodidad que su presencia haya podido causar al presidente o a sus acompañantes.
Rosano expresó su desacuerdo, no generó violencia, no provocó destrozos ni portaba armas: llevaba un cartel de cartulina. Su actuación, según los hechos aquí descritos, corresponde al ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta.
Un cartel no es una amenaza al Estado. Una voz crítica no constituye una agresión. Un docente que expresa su desacuerdo con las políticas gubernamentales no pierde por ello su condición de ciudadano ni renuncia a sus derechos por el hecho de trabajar en una universidad pública.
Pretender convertir esa manifestación en una causa para exigir su separación del cargo supone trasladar el debate desde el terreno de las ideas al de la intimidación. Ese es el precedente que no podemos normalizar.
La autonomía universitaria no puede someterse a disposiciones gubernamentales
La Constitución es igualmente clara respecto de la autonomía universitaria. Su artículo 355 reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica. Esta garantía protege la libertad académica, la búsqueda de la verdad y la capacidad de las instituciones de gobernarse y gestionar sus propios asuntos.
La autonomía no es una prerrogativa de las autoridades universitarias para ejercerla a conveniencia. Es una garantía institucional que protege a toda la comunidad universitaria y que debe preservarse frente a cualquier intento de subordinación política.
Por eso resulta especialmente preocupante que una ministra del Gobierno solicite públicamente la separación de un docente de la Universidad de Cuenca por su participación en una protesta contra el presidente de la República. Una cosa es que las autoridades competentes conozcan hechos que pudieran constituir una infracción y actúen conforme a la ley; otra, muy distinta, es que una integrante del Ejecutivo presione públicamente para obtener una sanción laboral por una manifestación de desacuerdo político.
La diferencia es sustancial. La Universidad de Cuenca no puede convertirse en ejecutora de las exigencias de un Gobierno. Sus decisiones deben responder a la Constitución, a la ley, a sus normas internas y a la defensa de los derechos de su comunidad, no a la presión de una autoridad externa.
La autonomía se demuestra, sobre todo, cuando está bajo amenaza. Es fácil proclamarla en circunstancias favorables; lo verdaderamente importante es ejercerla cuando defenderla exige firmeza, independencia y responsabilidad.
Por eso, las autoridades universitarias tienen la obligación de actuar con dignidad institucional. La Universidad debe defender su autonomía sin ambigüedades.
La Universidad: el espacio para la deliberación
Las universidades nacieron y se consolidaron como espacios de pensamiento crítico, debate, investigación y confrontación de ideas. También deben contribuir a la formación de ciudadanos capaces de comprender su realidad, cuestionar las injusticias y participar en la construcción de una sociedad democrática.
Una universidad en la que los estudiantes no puedan protestar, los docentes deban medir sus palabras por temor a perder su trabajo y las autoridades se sientan obligadas a evitar cualquier incomodidad al poder político deja de cumplir una parte esencial de su misión.
La autonomía y la libertad no significan que los recintos universitarios estén exentos del cumplimiento de la ley, ni que cualquier conducta quede automáticamente justificada por ocurrir dentro de ellos. Significan que las restricciones y eventuales responsabilidades deben tener fundamento jurídico, respetar los derechos y tramitarse por las vías correspondientes.
Pero hay una pregunta que debe plantearse con claridad: ¿en qué disposición constitucional o legal se establece una prohibición general de protestar dentro de un recinto universitario?
Si la presencia presidencial en el campus exige que todos guarden silencio, entonces el problema no es la protesta: es la concepción autoritaria que pretende imponerse sobre ella.
El diálogo es necesario, pero no sustituye a la defensa de los derechos
La convocatoria al diálogo realizada por el rector de la Universidad de Cuenca puede constituir una oportunidad para escuchar a los distintos sectores, esclarecer los hechos y contribuir a una salida institucional. El diálogo siempre será importante, especialmente en momentos de tensión.
Sin embargo, no debemos confundir los medios con los principios. Dialogar no significa aceptar que los derechos constitucionales queden sujetos a negociación. Tampoco significa tratar como posiciones equivalentes la defensa de una garantía fundamental y la pretensión de sancionar a alguien por ejercerla.
El diálogo universitario debe partir de una premisa irrenunciable: el respeto a la libertad de expresión, a la protesta pacífica, al derecho a la resistencia y a la autonomía institucional. Debe servir para fortalecer estas garantías, no para encontrar una fórmula que permita restringirlas sin provocar mayores conflictos.
El liderazgo universitario no se mide exclusivamente por la capacidad de convocar reuniones; se expresa en la claridad con la que se defienden los principios de la institución cuando estos son cuestionados desde el poder.
Liderar, en estas circunstancias, significa establecer límites democráticos, proteger a la comunidad universitaria y dejar claro que ninguna presión externa puede determinar anticipadamente una sanción. Significa recordar que las autoridades de la Universidad de Cuenca están llamadas a cumplir sus responsabilidades institucionales con independencia y apego a la Constitución.
El rector tiene ante sí una oportunidad para demostrar que el diálogo y la firmeza no son incompatibles. Puede promover conversaciones, escuchar las preocupaciones de estudiantes y docentes y, al mismo tiempo, defender sin titubeos la autonomía universitaria y el derecho a la protesta.
Silenciar la crítica en medio de la crisis
La exigencia de sancionar a un docente resulta todavía más preocupante cuando se la sitúa en el contexto nacional. Ecuador enfrenta graves problemas de inseguridad y dificultades en el acceso a servicios esenciales, incluida la atención sanitaria. Las denuncias sobre la falta de medicamentos, las deficiencias en la atención y sus consecuencias para los pacientes exigen respuestas urgentes y responsabilidades públicas.
En lugar de concentrar sus esfuerzos en atender las necesidades de la población, el Gobierno reacciona con intolerancia ante las expresiones de inconformidad convirtiendo la crítica en un enemigo y la protesta en una amenaza que debe neutralizar.
No se puede exigir a la ciudadanía que permanezca indiferente ante la crisis y, al mismo tiempo, pretender que las instituciones educativas se mantengan al margen de los problemas del país. La universidad no existe fuera de la sociedad: sus integrantes viven sus dificultades, conocen sus contradicciones y tienen derecho a expresarlas.
Un Gobierno democrático debe comprender que la protesta no desaparece mediante amenazas y que la crítica no se desactiva con pedidos de destitución. Las libertades no son concesiones del gobernante de turno; son límites al ejercicio del poder.
No hay dignidad institucional sin defensa de las libertades
El caso de Santiago Rosano exige una respuesta que vaya más allá de la solidaridad personal. Lo que corresponde es defender un principio que protege a todos: nadie debe ser sancionado por el solo hecho de ejercer su libertad de expresión y su derecho a la protesta.
Con los hechos descritos, no se advierte una causa legítima para sancionar al docente por su participación en la manifestación. Mucho menos cabe convertir una exigencia política de destitución en una decisión disciplinaria anticipada, al margen de las garantías constitucionales y del debido proceso.
Si existieran acusaciones concretas sobre conductas distintas del ejercicio de la protesta, estas tendrían que demostrarse y examinarse por los procedimientos legalmente establecidos. Pero la discrepancia con el presidente, la exhibición de un cartel o la expresión de una posición crítica no pueden transformarse, por sí mismas, en faltas laborales.
La Universidad de Cuenca debe actuar en consecuencia: rechazar cualquier forma de presión política, proteger la autonomía que le garantiza la Constitución y asegurar que sus decisiones se adopten con independencia, transparencia y respeto a los derechos fundamentales.
Protestar no es delito. Pensar distinto no es una falta. Defender derechos no es una provocación. Y la autonomía universitaria no puede convertirse en una palabra vacía cada vez que el poder exige obediencia.
Hoy, la Universidad de Cuenca tiene la oportunidad y la responsabilidad de demostrar de qué lado está: del lado de la subordinación y el silencio o del lado de la Constitución, la dignidad y las libertades democráticas. No hay autonomía real sin independencia, ni democracia plena sin el derecho a la protesta. Y no hay liderazgo digno cuando, ante las presiones del poder, se olvida que la primera obligación de una institución pública es defender los derechos que la Constitución reconoce a todas las personas.
Rosana Encalada Rojas, soy periodista con experiencia en radio, prensa y televisión. He sido docente y he trabajado también en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. En la actualidad trabajo en la Dirección de Comunicación de la Universidad de Cuenca y en Radio Antena Uno. Soy directora del Portal Digital Voces Azuayas.