Jorge Yépez Cruz
Máster en Archivística por la Universidad Carlos III de Madrid.
Docente de archivística y gestión documental en la PUCE y UASB.
Miembro fundador y Ex Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros.
La ciudad de Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, conserva valiosos archivos históricos con fuentes inagotables de información y consulta de ciudadanos e investigadores nacionales e internacionales.
Uno de estos es el Archivo Nacional de Historia, custodiado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay, donde se encuentra el fondo documental de la Notaría Tercera del Cantón Cuenca, que contiene materiales únicos e irremplazables de más de cuatro siglos de historia, memoria e identidad local y regional.
Su documentación retrata la vida cotidiana, costumbres tradiciones e historia de personas, familias, instituciones y comunidades. Son fuentes primarias de información económica, monetaria, tributaria, comercial, laboral, sociológica, demográfica, geográfica, urbanística, artística, religiosa y cultural, es decir de las relaciones y lazos que la sociedad cuencana y la región sur del país han tejido a lo largo del tiempo.
Por estas cualidades, sumadas a las rarezas gráficas, paleográficas, de soportes y formatos de los documentos, en el año 2018 el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO reconoció oficialmente los más de 200 empastados de “Protocolos Notariales de la Notaría Tercera del Cantón Cuenca, 1563-1950”, como Memoria Documental de la Humanidad.
Este archivo, motivo de orgullo nacional, en las últimas semanas ha sido actor de noticias preocupantes aparecidas en medios locales, académicos, culturales y judiciales, debido a la suscripción de un convenio entre los directivos de la Casa de la Cultura y la organización internacional FamilySearch para digitalizar la documentación histórica del archivo, convenio cuyo contenido oficial se desconoce porque no ha sido publicado en la página web de la Casa de la Cultura, como dispone la Ley de Transparencia.
Las quejas y denuncias están relacionadas con la inobservancia de buenas prácticas y normas técnicas para la digitalización. Y es que la digitalización de estos documentos históricos demanda especial cuidado porque sus soportes y encuadernados tienen más de 400 años, son frágiles y pueden verse afectados por la manipulación inadecuada, el uso de escáneres inapropiados, luz superior a los 100 luxes en la digitalización, ausencia de controles de calidad, etc., además de no emplear las normas de descripción documental ecuatorianas, la no asignación de metadatos vernáculos acordes a la cultura local, y, el uso de un software, de propiedad de la institución digitalizadora, que limitaría a la Casa el manejo autónomo de la información digitalizada, los servicios a la ciudadanía y costos de gestión digital ulteriores.
Preocupa también la propiedad de la información digital resultante del proceso. Es de suponer que siendo la Casa de la Cultura la depositaria y custodio oficial de la documentación original, de manera soberana e irrenunciable, es la propietaria del producto digital. Solo así podría cumplir su mandato constitucional y legal de proteger los datos personales de los titulares de la información y lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Archivos, SINAR, que estipula que el “Patrimonio Documental que sea de propiedad del Estado es inalienable”.
Hago un llamado al Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y al Archivo Histórico Nacional para que, en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, actúen de manera diligente mediante la revisión in situ de las condiciones en que se está ejecutando el convenio y, de ser el caso, ejercer la tutela que corresponda.
La salvaguarda del patrimonio documental del país y del mundo se encuentra sobre la autonomía de las instituciones.
Texto tomado del muro de Jorge Yépez: https://www.facebook.com/jorge.yepez.9235
Portada: foto tomada de https://acortar.link/zBJ5xj
