Por la pregunta del debate presidencial: “¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad, por delitos graves, sean juzgados penalmente como adultos?” surgieron muchas críticas y una mayoría de adhesiones. El populismo de unos pretende que, por temor a largas penas de cárcel, los chicos ya no se dejarán utilizar por los mafiosos; y, la candidez de otros cree que es cuestión de llegar con servicios sociales a las zonas deprimidas para que se mitiguen los delitos.
En este problema social muchos quieren reprimir fuertemente a niños y adolescentes delincuentes y bastantes de quienes ejercen el poder, legisladores, consejos de la niñez, defensores de derechoshumanos, penalistas, han olvidado una base fundamental: el rol de la familia y la responsabilidad de los padres.
Nadie dice y menos está en el discurso oficial, que una causa para el auge de menores delincuentes esque sus padres o tutores no los han protegido y formado debidamente o, peor aún, no falta quien los utilizan o permiten su reclutamiento para cometer delitos, desde microtráfico hasta sicariato.
Aumentar las penas de reclusión a delincuentes menores de edad, no solo sería inconstitucional pues está prohibido retroceder en materia derechos humanos, sino violaría compromisos internacionales del país como la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Beinjing de las Naciones Unidas para la aplicación de la Justicia de Menores,que prescriben que sus penas de reclusión deben ser del menor tiempo posible.
En lugar de penas mayores del discurso populista, por qué no concentrar los esfuerzos de la sociedad y del Estado en reforzar el valor de la familia en la que, con amor, buen ejemplo, consejo y contención encaminen a sus hijos, porque pobreza y exclusión no son excusa para el crimen organizado.
Y para mitigar y persuadir el empleo de los niños y jóvenes para el delito, especialmente por sus propios padres y allegados, que no solo se envíe a esos chicos al centro de reclusión por tantos años, sino que los jueces apliquen las armas legales existentesy, además, la Asamblea y el Presidente apruebenreformas para hacerlas, más duras.
El artículo 2221 del Código Civil dice: Los padres serán responsables de delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores y que provengan de la mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir; y el artículo 212 del Código de la Niñez y Adolescencia precisa que los derechos de patria potestad de los padres se pierden: cuando se incite, cause o permita al menor de edad ejecutar actos contra su integridad físico o moral.
A quien lo haga se lo debe condenar así. Sumado a esto, deberían propiciarse una reforma para que, quienes utilicen o permitan que sus hijos sean empleados para el delito, pierdan definitivamente la patria potestad sobre ellos e incluso sean declarados “padres indignos” y conforme al artículo 1010 del mismo Código Civil, pierdan el derecho a recibir alimentos y ser socorridos por sus hijos en su vejez.
El objetivo de esto es que, sabiendo que la Ley responsabilizará y sancionará a los padres o cuidadores que se sirven o dejan servir de sus hijospara el delito, se contribuya de verdad a tener menos jóvenes delincuentes. (O)
Portada: foto tomada de https://n9.cl/6gnmo
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, independiente. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
