La libertad de prensa suele pensarse como un derecho exclusivo de los periodistas y los medios de comunicación; sin embargo, constituye un derecho colectivo sustancial para el ejercicio de la ciudadanía y la garantía de la democracia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, establece que el derecho de todo individuo a la libertad de opinión y expresión incluye “no ser molestado a causa de su opinión”, así como investigar, recibir y difundir la información. En una línea similar, una histórica Opinión Consultiva de la CIDH, de 1985, señala que la libertad de prensa tiene una doble dimensión: una individual, relativa al derecho de informar, y otra social o colectiva, que corresponde al derecho de la sociedad a recibir información veraz y plural. Como afirma ese documento: “Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
En este contexto, vulnerar esta libertad no afecta solo a los medios, sino a toda la sociedad. Su garantía es el pilar para promover una ciudadanía crítica, capaz de tomar decisiones informadas y exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes. A su vez, el vínculo entre su violación y los regímenes dictatoriales, totalitarios o tiránicos no ha sido una preocupación exclusiva de periodistas, sino un tema ampliamente analizado por filósofos, juristas, sociólogos, politólogos y literatos.
La democracia ha estado intrínsecamente asociada a la libertad de expresión desde la concepción de la parresía y la isegoría en la antigua Grecia, como la libertad de hablar en el ágora y la igualdad para hacerlo (aunque el ejercicio de estos derechos fuera exclusivo de unos pocos en la democracia ateniense), pasando por los múltiples tratados de rechazo a la censura tras la difusión de las ideas con la invención de la imprenta y la consolidación de la libertad de expresión como un derecho “natural” durante la Ilustración y la Revolución Francesa, hasta la condena de los regímenes autoritarios durante el siglo XX. A partir de diversos enfoques teóricos, se coincide en que el periodismo requiere independencia, ética y resistencia a la propaganda gubernamental.
No obstante, estos principios no siempre se cumplen. En su obra Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988), Edward S. Herman y Noam Chomsky plantearon que la prensa tradicional en las sociedades demócratas no siempre opera como un contrapeso neutral del poder, sino como una herramienta de consenso o consentimiento modelada por este. Según este modelo, la propaganda se filtra a través de los intereses corporativos, las presiones de los anunciantes, la promoción de la narrativa de las élites como hechos objetivos, la desacreditación a quienes no cumplen la línea oficial y la construcción de enemigos comunes.
En Ecuador, el panorama de la prensa no ha sido inmaculado ni homogéneo. Históricamente, varios medios han jugado un rol activo en la manufactura de consenso liderada por élites políticas y económicas, promoviendo coberturas sesgadas y profundizando la polarización que ha dañado gravemente al país. Por parte de los periodistas, el catálogo ético también es diverso: hay quienes cuidan su credibilidad, otros que perdieron paulatinamente la rigurosidad, quienes operan desde el servilismo y la revancha, y también los que un día investigan y denuncian y, al otro, aparecen como candidatos en el tablero electoral. Cada vez son más excepcionales los periodistas que actúan con la ética de no responder al poder, sino de interpelarlo, denunciar sus abusos y tener la coherencia para cuestionar hoy lo que cuestionaron ayer.
Desde los gobiernos de turno, la libertad de prensa ha sido vulnerada reiteradamente. Durante la presidencia de Rafael Correa, se dio una confrontación constante con los medios privados mediante acciones judiciales (casos El Universo y El Gran Hermano), presiones de la extinta SUPERCOM, estigmatización y un monopolio de la propaganda estatal a través de los enlaces ciudadanos y las sabatinas. Posteriormente, en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, los principales medios fueron bastante dóciles, centrando su atención en denunciar los excesos del correísmo, mientras aportaron a profundizar la polarización y la fractura social.
Hoy, bajo el gobierno de Daniel Noboa, la situación ha alcanzado niveles sumamente preocupantes. Si bien ya no existe una ley mordaza y el presidente no rompe periódicos en público, el derecho a la libertad de prensa está gravemente amenazado. Fundamedios y Reporteros Sin Fronteras han alertado en varias ocasiones sobre este retroceso.
A pocos meses de asumir el poder, ya se denunciaban las restricciones en el acceso a las ruedas de prensa y el desfinanciamiento al Mecanismo de Protección para Periodistas. En 2024, basándose en un supuesto informe secreto y acusándola de atentar contra la seguridad nacional, se revocó el visado de la periodista Alondra Santiago; esta fue una de las primeras acciones para callar las voces críticas.
Cerrar medios ya no es la única vía para imponer el silencio; comprarlos es también la estrategia. Medios como La Posta y Radio Centro fueron adquiridos por Galamedios S.A.S., propiedad de un exasambleísta alterno del oficialismo, cuyo patrimonio declarado era muy inferior al valor de la transacción. A esto se suma el uso propagandístico de los canales incautados (TC Televisión y Gama TV) y la importante inyección en pauta publicitaria para posicionar la narrativa oficial de seguridad, además de una permanente estrategia de manipulación, desinformación y dispersión.
El amedrentamiento es evidente. En junio, el periodista Hernán Higuera desistió de su investigación sobre el caso PROGEN tras denunciar presiones gubernamentales y represalias contra su familia. Paralelamente, se ha desplegado un hostigamiento judicial y económico contra medios críticos, como la intervención de la Superintendencia de Compañías a Granasa (casa editorial de los diarios Expreso y Extra). En su momento, voceros de esta editorial denunciaron coacción a sus anunciantes por parte del Gobierno y presiones para forzar el despido de los periodistas Roberto Aguilar y Martín Pallares.
Las voces de Aguilar y Pallares han resultado incómodas para el oficialismo al abordar temas como desapariciones forzadas, intimidación a jueces, autocracia, el asesinato de la activista Mónika Silva y la polémica del caso PROGEN. Esta semana, tras publicar un artículo crítico contra el secretario de la Administración, Roberto Aguilar fue finalmente desvinculado de Diario Expreso. Él mismo confirmó, en una entrevista con Andrés López, que su despido responde exclusivamente a la presión oficial, señalando que, si el correísmo fue perjudicial para el periodismo, el “noboísmo”, en menor tiempo, ha sido devastador.
El despido de Aguilar no debería pasar desapercibido; es la punta del iceberg de una democracia lacerada. Simbólicamente, este hecho desnuda la ineficacia del relato gubernamental: la estrategia oficial de estigmatizar como “correísta” a toda voz disidente. Nadie en su sano juicio podría encasillar a Aguilar en esa tendencia política.
Se podría discrepar con Roberto Aguilar en varios aspectos; sin embargo, no me cabe duda de que, en esa heterogeneidad del periodismo ecuatoriano, él corresponde a ese grupo de periodistas sin doble rasero, no serviles al poder de turno y capaces de denunciar hoy lo que otrora también lo hicieron. Noboa ha conseguido su propósito contra uno de los grandes cronistas del país y, aunque su despido pueda otorgarle a Diario Expreso una tregua temporal, es el país el que pierde.
En el autodenominado “Nuevo Ecuador”, la doble dimensión de la libertad de prensa sigue siendo vulnerada, tanto en los derechos de los periodistas a investigar y expresarse, como en los derechos colectivos a la información.
Cada vez que el poder intenta silenciar una voz, perdemos todos. Sin embargo, las estrategias de silenciamiento y amedrentamiento deben servir como el mayor impulso para multiplicar y amplificar las voces. Podrán callar a uno, a cinco o a diez; pero no podrán callar a miles. La pluma, la voz y las palabras todavía son nuestras.
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Antropóloga, Doctora en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona, Máster en Estudios de la Cultura con Mención en Patrimonio, Técnica en Promoción Sociocultural. Docente-investigadora de la Universidad del Azuay. Ha investigado, por varios años, temas de patrimonio cultural, patrimonio inmaterial y usos de la ciudad. Su interés por los temas del patrimonio cultural se conjuga con los de la antropología urbana.
