El proceso de elecciones seccionales (2026), se desarrolla en un ambiente plagado de inseguridad jurídica, entre otros aspectos, por la desconfianza de diversos sectores ciudadanos, compartida por casi todas las agrupaciones políticas, respecto de los órganos de la función electoral, la concentración del poder político, el autoritarismo, la debilidad de los partidos políticos, pero también porque las elecciones avanzan en medio de la agudización de la violencia delincuencial y la tendencia de las mafias del narcotráfico de captar los GAD para asegurar el control de los territorios.
Se vive un proceso electoral plagado de arbitrariedades y problemas que van desde la ilegitimidad del árbitro electoral, el anticipo de las elecciones y la reducción del calendario electoral, hasta las exclusiones de la contienda electoral de algunos movimientos políticos y las limitaciones de control judicial y constitucional, justo cuando más se los necesita.
Se suma a las preocupaciones ciudadanas, el hecho de que, algunos alcaldes y ex alcaldes estén procesados penalmente por presuntos delitos de diversa naturaleza, que incluyen delitos vinculados a la corrupción administrativa y la vinculación a bandas de delincuencia organizada, pero también por la impunidad de la que gozan algunos altos funcionarios administrativos envueltos en corrupción.
Un proceso electoral, por regla general, no puede suspender o interrumpir la potestad del Estado para investigar y sancionar el delito, como tampoco las candidaturas electorales deben ser utilizadas, simplemente, para buscar impunidad, o que una eventual expectativa de éxito electoral e incluso un triunfo, impida el ejercicio de competencias de control y sanción civil, administrativa y penal, pero, las potestades sancionatorias, exigen rectitud de toda justicia (ordinaria, constitucional o de juicio político), y que, se las ejercite sin distingos, ni dedicatorias, en todo tiempo y no solo en tiempo de elecciones.
Las elecciones no pueden convertirse ni en un refugio de delincuentes, ni en un espacio para la persecución política.
En general, las contiendas electorales deberían ser motivo de esperanza de mejoramiento de las condiciones de vida y de democracia, pero más bien las presentes elecciones, se encaminan en medio de incertidumbres, dudas y sospechas, que presagian no precisamente avances en la reinstitucionalización democrática del país, sino más bien retrocesos.
Entre las incertidumbres, una tiene que ver con los antecedentes de actuación de los órganos electorales y las resoluciones que asuman en torno a las impugnaciones de los candidatos que se inscriban para las elecciones; y otra, se relaciona con la acumulación de problemas coyunturales nacionales, como las deficiencias en salud, educación, vialidad, transporte, energía, realidad agraria, retroceso en derechos humanos, derechos colectivos y de la naturaleza, producto de políticas neoliberales, extractivistas, oligárquicas y autoritarias del régimen y su alineamiento con políticas internacionales neocoloniales.
En este tiempo de elecciones, es difícil exigir esfuerzos y consensos para ciertos temas urgentes, pero el gobierno debe evaluar objetivamente lo que sucede en el ámbito nacional e internacional, y hacer rectificaciones por el bien de la república, comenzando por no continuar en la deriva autoritaria que por la experiencia histórica solo abonan el terreno para la degradación aun mayor de la democracia, la mayor descomposición institucional, inseguridad y por supuesto la propia delincuencia.
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Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
