Una sentencia que tiende al alivio social pero que no resuelve en absoluto lo principal del caso, se ha emitido sobre los asesinatos de tres adolescentes y un niño del barrio Las Malvinas, de Guayaquil: un subteniente y siete integrantes de tropa de la Fuerza Aérea han sido condenados a 34 años de prisión por el delito de desaparición forzada de personas.
Otros seis detenidos e investigados reciben penas menores por haber colaborado con declaraciones que ayudaron a confirmar que hubo una detención ilegal múltiple, algunos casos de golpizas que derivaron en torturas y finalmente el abandono y posterior muerte de los cuatro jóvenes; mas pese a la dureza de la sanción impuesta a los militares, esta no deja tranquilidad por los vacíos de la investigación:
Uno. No se aclara lo fundamental: es decir, quiénes mataron a los jóvenes, los incineraron y ocultaron sus cuerpos; quiénes… porque, para dejarlos en el sitio dónde los dejaron y cómo los dejaron, no lo hizo una sola persona.
Dos. Quién es y dónde está – a estas alturas tal vez muerto –, la última persona que vio con vida a los chicos y quien ayudó a hacer la llamada de celular al padre de uno de ellos.
Tres. Otra inquietud es conocer el porqué, en el camino de regreso de Guayaquil a su Base Aérea de Taura y de manera incomprensible, por orden del subteniente al mando o por sugerencia de alguien, la patrulla militar se salió de la carretera principal y tomaron un camino secundario por donde se agravó el martirio a los muchachos y por fin los abandonaron semidesnudos en un sitio altamente peligroso. Y es que no quisiera ni pensar que el abandono de los jóvenes, en semejante lugar y a medianoche, se haya dado a sabiendas de lo que podía o peor, iba a pasar, lo que haría al caso mucho más horrendo.
Cuatro. Por qué la sentencia no toca al jefe superior que, con posterioridad, mandó a recoger las prendas de vestir de los jóvenes. Esto, que si bien podría configura el delito de fraude procesal -por intentar ocultar evidencia- , es una acción grave que está quedando impune o en el aire, sin olvidar que sobre los mandos de la base de Taura nada se ha cuestionado, pese a su evidente responsabilidad en la falta de formación de su personal para actuar en el contacto con el personal civil durante el estado de emergencia.
Cinco. En el Derecho Penal no caben sanciones colectivas y, sin embargo, se impone la pena de 34 años de prisión a ocho militares, en rangos de soldado a subteniente, sin considerar la mayor responsabilidad de quien ejerce el mando y el grado real de participación en los delitos descubiertos. Si se impone la misma pena tanto al jefe superior, a los torturadores, como al soldado que salió del cuartel encargado de cuidar las camionetas, poco trabajaron los jueces en individualizar las acciones delictivas de ocho personas distintas que, por las declaraciones, tuvieron acciones distintas.
Hay, pues, muchos otros implicados que no están en cárcel y bajo ninguna circunstancia debe menguar la exigencia social para que estos puntos sean aclarados…Por cierto: ¿ya instruyó la fuerza armada a sus efectivos en cómo proceder en caso de detener a civiles, a dónde llevarlos y a quién entregarlos cuando realicen objetivos de control? (O)
Portada: imagen tomada de https://acortar.link/UsfiqA
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, Periodista de Academia TV. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
