Introducción
Se cumplieron tres meses de la Marcha por el Agua de Cuenca, realizada el 16 de septiembre del 2025. Este evento constituye un hito histórico, que quedará grabado en la memoria colectiva del país, cuando más de cien mil personas, se movilizaron como un rio desbordado que inundó las calles y plazas de la Ciudad, para defender el agua para sus habitantes y exigir al gobierno del presidente Noboa, que elimine la amenaza de la explotación minera en Kimsakocha. Hoy existen nuevas amenazas de explotación minera. Los hechos que ocurren en Kimsakocha desenmascaran al gobierno.
El “Quinto Rio” de Cuenca
Este torrente de personas que conformaron el llamado, “Quinto Rio” de Cuenca, se originó en la ciudad y en el campo, con la confluencia de familias, barrios, universidades, colegios profesionales, comunidades, organizaciones campesinas y parroquias rurales, asociaciones artesanales y sindicales, gestores culturales, periodistas, intelectuales, colectivos ecológicos y sociales, grupos defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, y todos marcharon por un cauce unitario y plural, con desbordante alegría, esperanza y reafirmación de la decisión de Cuenca de construir un destino común donde coexistan armónicamente la comunidad, la cultura y la naturaleza.
Un rio caudaloso, pero apacible y con rumbo cierto
Esta manifestación apoteósica, promovida y organizada por la Asamblea Ciudadana de Cuenca, se inició en San Roque con alegría desbordante, confraternidad y orden espontáneo, y culminó en la plaza de San Francisco con un acto cultural simbólico de trasmisión de la preservación del agua entre representantes de viejas y nuevas generaciones del campo y la ciudad, la bendición y compartición del agua, intervenciones artísticas y cívicas de representantes de organizaciones populares locales, cantonales, provinciales y nacionales, así como un acto litúrgico presidido por el Cardenal Luis Cabrera y el Obispo de Cuenca, Marco Pérez.
Esta marcha por la defensa del agua, los páramos y la vida, constituyó a más de un acto cívico ciudadano, una expresión de creatividad, riqueza cultural e identidad histórica de Cuenca, que demostró la capacidad de respuesta comunitaria y democrática frente a la amenaza centralista y neocolonial de imponer a Cuenca un destino ajeno a su proyecto histórico basado en la preservación del patrimonio natural y cultural, sus páramos, humedales, lagunas, bosques, vertientes de agua, acuíferos, quebradas, arroyos y ríos, su entorno paisajístico y la construcción de una comunidad organizada con autonomía, respetuosa de los derechos, donde florezca el arte, la ciencia, la investigación, el desarrollo de energías limpias, y la producción armónica de bienes materiales y culturales.
La voluntad colectiva del pueblo de defender sus fuentes de agua, fue forjada con el concurso del conocimiento ancestral, técnico y científico de la realidad natural de Kimsakocha contando con varias investigaciones e informes locales, nacionales e internacionales, lo que condujo a su decisión inquebrantable de defender su patrimonio natural, y cultural.
Entramado cívico e institucional democrático
La preparación de la marcha como un evento pacífico, cívico, ciudadano, unitario, plural, intercultural y democrático, se cumplió a cabalidad en medio de la confluencia de esfuerzos desde la ciudadanía e instituciones de Cuenca y el Azuay, en las que cabe destacar la labor de ETAPA EP con la difusión del “Informe técnico sobre la sustentabilidad de las fuentes de agua que nacen en Quimsacocha bajo el contexto de la fase de explotación del proyecto minero de Loma Larga”, así como varios GAD, gobiernos comunitarios, juntas de agua potable, juntas de regantes, algunas universidades y organizaciones sociales y culturales del campo y la ciudad. Como nunca se hizo presente ese entramado cívico institucional más allá de cualquier bandera política e ideológica de colectivos, movimientos o partidos políticos, y más allá de contradicciones entre facciones políticas o del gobierno central con actores políticos locales.
Unidad y conciencia social y ecológica
Para la marcha por el agua se apuntó a un solo objetivo: la defensa del agua para los habitantes, y en función de ello, se construyeron puentes y consensos dejando al lado diferencias en otras temáticas ajenas a la defensa del agua. Se dejó al margen factores disolventes internos y externos y quedó en claro que la posición del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca se fundamenta en la defensa del agua y evitar la explotación minera en páramos, bosques, humedales y fuentes de agua para preservar el derecho al agua de los habitantes de las comunidades rurales, pueblos y ciudades.
En Cuenca y la provincia del Azuay, se forjó una conciencia social y ambiental muy importante, resultado de un acumulado de jornadas de lucha que vienen desde hace décadas, que han forjado una filosofía andina vinculada a su entorno natural y cultural y por lo tanto al agua, ya que la vida de Cuenca está profundamente incardinada en sus fuentes de agua, lagunas y ríos. Tener cuatro ríos que cruzan por la Ciudad y poseer miles de espejos de agua en El Cajas y otros páramos que rodean a Cuenca no es poco cosa.
La conciencia social de Cuenca está determinada entre otros factores por sus condiciones geográficas e hídricas, y Kimsakocha es como un gran útero materno de donde nace la vida, brota del agua que origina ríos que sirven a Cuenca, Girón, San Fernando, Pasaje, Machala y El Guabo, aguas que forman parte de las cuencas del Paute y del Jubones. Quien no entiende aquello no conoce el espíritu del pueblo de Cuenca.
Raíces y trayectoria de la lucha por la defensa del agua de Cuenca
Desde hace más tres décadas, diversas comunidades campesinas e indígenas, directorios y juntas agua, GAD parroquiales, organizaciones de artesanos y trabajadores, colegios profesionales, universidades, colectivos defensores de los derechos humanos, la naturaleza y el ambiente, el GAD Municipal de Cuenca y del GAD Provincial del Azuay, han coincidido en la defensa del derecho al agua de Cuenca.
Con ese objetivo, se efectuaron diversas movilizaciones, consultas comunitarias, asambleas ciudadanas cantonales, pronunciamientos del Concejo Cantonal de Cuenca, Consejo Provincial del Azuay y de las más variadas agrupaciones de la sociedad civil, en torno a la defensa de las fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles del cantón Cuenca.
Estas expresiones ciudadanas, llegaron a su momento cumbre, cuando el 7 de febrero del 2021, en la consulta popular por el agua de Cuenca, más del 80 %, de los ciudadanos empadronados, se pronunciaron por la prohibición de la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay. Tomebamba, Machángara y Norcay, e igual lo hicieron los habitantes de Girón en la consulta popular del 24 de marzo del 2019, en la que, el 86.79 % de los votantes, se pronunciaron por la no realización de actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico de Quimsacocha.
El mandato de la consulta popular tiene que cumplirse
Para el 7 de febrero del 2021 y hasta la presente fecha, el proyecto minero Loma Larga, no ha llegado a la fase de explotación minera, por lo que, aplicando el dictamen de la Corte Constitucional, a partir de esa fecha, el Estado y los gobiernos de turno, no podían ni pueden, expedir actos administrativos tendientes a avanzar hacia la fase de explotación minera del proyecto Loma Larga, pues de conformidad con el art. 106 de la Constitución, el pronunciamiento popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento.
En consecuencia, todas las actividades administrativas del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para avanzar hacia la fase de explotación del proyecto Minero Loma Larga, están en contra de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca, son arbitrarias, constituyen un abuso de poder, vulneran el ordenamiento jurídico del país y son nulas de nulidad absoluta.
Irrespeto a la consulta popular, acción de protección y sentencia de la
Corte Provincial de Justicia del Azuay
A pesar de todas estas manifestaciones de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca la empresa minera Dundee Precious Metals (DPM) prosiguió en su empeño de ingresar al páramo de Kimsakocha para realizar actividades mineras, razón por la que, algunos presidentes de organizaciones campesinas y del agua, presentaran una acción de protección en contra del MAATE, en la que, la Segunda Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, determinó en sentencia, que existió vulneración de derechos constitucionales y violación a los artículos 12, 71, 72, 318 y 411 de la Constitución, por lo que ordenó las siguientes medidas de reparación:
1) Que previo a continuar con los trámites administrativos para las siguientes fases del proyecto minero, el MAATE debe presentar un informe completo del estado actual del Área Nacional de Recreación Quimsacocha.
2) Que, el MAATE y ETAPA EP, deben presentar un informe conjunto único sobre dicha Área, que aborde su sustentabilidad y la garantía del orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua, las acciones la planificación, regulación y control, y abordar las conclusiones del informe presentado en ETAPA EP por el Ing. Galo Ordoñez.
3) Realizar la consulta previa, libre e informada, en la Comunidad de Escaleras, parroquias Victoria del Portete y Tarqui; y,
4) Realizar la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución, en la zona de influencia del proyecto.
Ninguna de estas medidas de reparación de derechos se cumplió por parte del MAATE y el MEM, y, antes, por el contrario, se expidió la Licencia Ambiental para la fase de explotación, antes de que el juez se pronuncie sobre la ejecución o inejecución de las medidas de reparación, con lo que, nuevamente cayeron en franco desacato a la sentencia de la Corte de Justicia del Azuay.
A este desacato a la sentencia que conlleva la nulidad de dicha Licencia Ambiental se añade el hecho de que la misma se haya obtenido y emitido en base a una información falsa.
En efecto, se ha determinado un cambio del tamaño del área y ubicación geográfica del inmueble rústico de propiedad de la empresa DPM en el páramo de Kimsakocha, que originalmente tenía 120 hectáreas aproximadamente, y luego en el Departamento de Avalúos y Castros del GAD Municipal de Cuenca, aparece con 250 has, y ya no ubicada en el sector original de Durazo, sino en el lugar donde se levantaría la infraestructura operativa del proyecto minero Loma Larga. Con esta información falsa se obtuvo la licencia ambiental.
Ratificación de la voluntad soberana y colectiva del pueblo
Con todos estos antecedentes, la gran marcha por el agua, ratificó la voluntad soberana del pueblo de Cuenca de prohibir la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay. Tomebamba, Machángara y Norcay, expresada en la consulta popular del 7 de febrero del 2021, y la exigencia al gobierno nacional que respete y haga respetar el pronunciamiento popular, y expida, en consecuencia, el decreto ejecutivo que prohíba la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos de la consulta y deje sin efecto lo actuado ilegalmente por los Ministerios del Ambiente, y de Energía y Minas, dentro del trámite de ejecución de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.
Revocatoria de licencia ambiental
El Ministerio del Ambiente y Energía (MAE), el 3 de octubre del 2025, revocó la licencia ambiental para la fase de explotación minera que fuera otorgada el 23 de junio del 2025, a favor de la empresa DPMECUADOR S.A, concesionaria del proyecto minero Loma Larga (Kimsakocha).
El contenido del acto administrativo de revocatoria de la licencia ambiental, no incluye el principal argumento, cual es el de que, luego de la Consulta Popular de Cuenca del 7 de febrero del 2021, en la que el pueblo cuencano prohibió la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos materia de la consulta, ya no se podía expedir acto administrativo alguno tendiente a avanzar a la fase de explotación minera del proyecto Loma Larga.
Igualmente, la referida revocatoria no considera el hecho de que, la emisión de la Licencia Ambiental, se hizo en base a información falsa sobre la cabida y ubicación del inmueble rústico de propiedad de la empresa minera DPMECUADOR S, A, en la que se ubicaría la infraestructura de explotación minera del proyecto Loma Larga.
Tampoco la revocatoria de la licencia ambiental considera que, el otorgamiento de la licencia ambiental, se hizo violando la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, que ordenó que “previo a continuar con los trámites administrativos para las siguientes fases del proyecto minero Loma Larga”, se cumplan cuatro medidas de reparación de derechos (que no se cumplieron), y antes de que, el juez de ejecución de la sentencia, se pronuncie, el Ministerio del Ambiente, expidió la licencia ambiental para continuar en el trámite administrativo hacia la fase de explotación del proyecto minero Loma Larga.
En consecuencia, el MAE de conformidad con el art. 106 del Código Orgánico Administrativo (COA), podía anular “de oficio el acto administrativo mediante el ejercicio de la potestad de revisión”, basándose en las causales de nulidad del acto administrativo señaladas en el art. 105 del COA, entre ellas, cuando el acto administrativo es contrario a la Constitución y la ley, y en este caso, el acto administrativo de expedición de la Licencia Ambiental en favor de la empresa minera, se hizo en forma contraria a la Constitución, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y a la Sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.
Al respecto, se debe tener presente que la expedición de la licencia ambiental se hizo contraviniendo el mandato de la consulta popular de Cuenca, se simuló artificiosamente la consulta previa a la comunidad de Escaleras y sin que exista aun la ley orgánica que la regule, se hizo la consulta ambiental no en la totalidad y verdadera área de influencia del proyecto minero y en general se violó descaradamente la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.
Ahora bien, tanto la revocatoria como la nulidad de la licencia ambiental, referidas, no son suficientes para poner fin a la amenaza de la continuación de la explotación minera en Kimsakocha.
En consecuencia, para poner fin en forma definitiva el proyecto minero Loma Larga, es necesario cerrar la amenaza de explotación minera en las vías administrativa y judicial.
En la vía administrativa, es necesario que el presidente Noboa cumpla y haga cumplir el pronunciamiento de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca expresada en la consulta popular del 7 de febrero del 2021, para lo cual debe expedir el decreto ejecutivo de prohibición de la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos materia de la consulta.
En la vía judicial, el MAE debe dejar sin efecto lo actuado por dicho Ministerio, en el trámite de ejecución de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. que, por supuesto no se cumplieron apegadas a la misma sentencia, a la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Por su parte, el juez de ejecución de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, debe resolver, que no se han cumplido las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, que la expedición de la licencia ambiental, violó la sentencia de dicha Corte y ordenar el archivo de la causa. Caso contrario el gobierno podría jugar con la maniobra de decir: ya cumplimos con dejar sin efecto la licencia ambiental, pero el juez decidirá sobre las medidas de reparación de derechos, con lo que se dejaría abierta la puerta para la explotación minera en Kimsakocha.
Resulta entonces, que todo está en manos del presidente de la República. No se trata de solo de revocar o anular la licencia ambiental, se tiene que poner fin a cualquier expectativa de explotación minera en Kimsakocha, y recordar una vez más al gobierno nacional que, de acuerdo con la ley no está obligado a avanzar a la fase de explotación del proyecto minero Loma Larga y no está obligado a firmar contrato alguno de explotación en Kimsakocha.
A la final, el Estado al ser el propietario de las minas, no está obligado a firmar el contrato de explotación minera en Loma Larga, y, por lo tanto, tampoco está obligado a avanzar a la fase de explotación minera, de tal forma que la decisión está en manos del presidente de la República.
Nueva amenaza de explotación minera
Lo que se ha señalado en líneas anteriores, cobra plena vigencia, cuando el viceministro de Minería Xavier Subía, en el Encuentro Anual de Minería, del 11 de diciembre del 2025, ha señalado que el gobierno no descarta el desarrollo de la mina Loma Larga ya que está considerado dentro de las proyecciones de exportación de minerales del 2027.
Estas declaraciones revelan una doble cara del gobierno nacional, pues por un lado el presidente Noboa, refiriéndose al proyecto minero Loma Larga (Kimsakocha) ha declarado que “Yo no voy a seguir con este proyecto”; y, por otro, su viceministro de minas Xavier Subía, declara que el gobierno no descarta el desarrollo del referido proyecto.
Esta declaración del viceministro de minas, revela que el gobierno se burla de las manifestaciones reiteradas y constantes de la voluntad del pueblo de Cuenca, que el 16 de septiembre, transformado en Quinto Rio, ratificó su decisión no permitir que se haga minera en el páramo de Kimsakocha.
Por ello, es urgente que, el gobierno de Noboa expida el decreto de ejecución de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca, es decir revoque no solo la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, sino la revocatoria del proyecto mismo.
El pueblo de Cuenca ya decidió. ¡Kimsakocha no se toca!
Portada: imagen tomada de: https://shre.ink/qTi1
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
