A escasos 45 días de que se consulte a los ecuatorianos, sobre si estamos de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, para elaborar una nueva Constitución, el país vive un grave conflicto interno.
Parece que todo el ambiente del país empezó a calentarse a raíz de la expedición de las leyes orgánicas de Solidaridad, Integridad Pública, Fortalecimiento de las Áreas Protegidas y de Inteligencia, y cuando las diversas Salas de Admisión de la Corte Constitucional (CC) suspendieron provisionalmente los efectos de algunos artículos de dichas leyes, dentro de los trámites de demandas de inconstitucionalidad.
El gobierno convocó a una marcha de rechazo a las resoluciones de la CC, y se exhibieron carteles con los rostros de los miembros de dicha Corte como si fuesen los delincuentes más buscados, todo lo cual desató enfrentamientos políticos, mientras que paralelamente el gobierno aceleraba el avance de la explotación minera de varios proyectos como los de Loma Larga (Kimsakocha), Las Naves y Las Pampas-Palo Quemado, que generaron más conflictividad.
En estas circunstancias, el gobierno dicta el Decreto 126 (12-IX-2025) que elimina el subsidio al diésel y eleva su precio a $2,80 por galón hasta el 11-XII-2025, que desata reacciones sociales y el 16 de septiembre del 2025, día de la Marcha por la Defensa del Agua de Cuenca se impone el estado de excepción.
En forma inmediata, luego de la apoteósica Marcha por la Defensa del Agua de Cuenca del 16 S, el gobierno solicita al CNE la convocatoria a una Asamblea Constituyente saltándose el control constitucional de la CC, lo que generó otro conflicto muy grave, que finalmente se superó, al enviar el CNE a la CC la segunda solicitud de convocatoria, para que se haga el control constitucional, cuyas observaciones fueron acogidas por el gobierno, con lo que, el CNE convocó a consulta popular para el 16 de noviembre del 2025.
Como telón de fondo de esta situación, se agudizó la crisis del sistema de salud pública a nivel nacional, mientras venía creciendo aún más la violencia, el sicariato, ajustes de cuentes, asesinatos colectivos, las acciones delincuenciales y el narcotráfico, alcanzando niveles extremos con las nuevas masacres en las cárceles de Machala y Esmeraldas, a la par que nuevos brotes de corrupción aparecen en ciertos GAD municipales y en algunas instituciones públicas.
Mientras tanto, el paro nacional de la CONAIE se extiende y se agudiza, se han dado excesos de violencia, y se han extralimitado algunas acciones represivas de la Policía Nacional y de las FF. AA, llegándose a cegar la vida del comunero indígena Efraín Fuerez.
La violación a los derechos humanos se profundiza y también la utilización de la justicia para la persecución política a manifestantes y dirigentes indígenas y campesinos, presidentes de juntas de agua, miembros de diversos colectivos ciudadanos y ecológicos, dirigentes de estudiantes, maestros y de sindicatos.
El anuncio de la convocatoria a una nueva asamblea constituyente, provoca un ambiente de incertidumbre en todos los sectores productivos, pequeños, medianos y grandes empresarios, que amenaza extenderse por lo menos un año y medio, y a la crisis económica y fiscal se adiciona la provocada por el paro nacional y la desinstitucionalización galopante del país.
Se vuelve peligroso el desgaste de las FF. AA y la Policía Nacional en el enfrentamiento con sectores populares, en circunstancias en que se necesita su concentración para afrontar a la delincuencia organizada. No se puede calificar a todos quienes protestan, critican o se manifiestan en contra de las políticas del gobierno, como terroristas, y pretender que, con la extensión de la “guerra” en la costa contra la delincuencia organizada a la “guerra” en la sierra contra los indígenas y campesinos, se va a solucionar los graves problemas estructurales del país.
El paro nacional de la CONAIE, no puede ni debe tener una salida militar en la línea de la derrota o liquidación del “enemigo”. Aquello generaría más descomposición social e institucional por lo que es urgente encontrar una salida con mediación y diálogo, tanto más que las opiniones sobre la supresión del subsidio al diésel y el paro, están divididas. No se sabe a quien o a quienes puede beneficiar esta situación de violencia, conflicto y profunda división y descomposición nacional.
Es urgente que todos los sectores sociales multipliquen la exigencia del diálogo y construir una agenda y ruta para su efectivización y encuentro de soluciones. No solo debe colocarse en la mesa el tema del diésel, sino otros problemas incluso más importantes que no debe postergarse su tratamiento. Se necita salir urgentemente de esta situación. Se equivocan quienes piensan que la violencia y la manipulación de la información, comunicación y la propaganda pueden dar solución.
Podría sugerirse ciertos nombres que podrían contribuir a una mediación y diálogo, por ejemplo, Monseñor Luis Cabrera, los ex dirigentes indígenas Nina Pacari y Luis Macas, Nelsa Curbelo gestora de cultura de paz, el ex alcalde Quito, General (r) Paco Moncayo, el Arq. Fernando Carrión, experto en seguridad y quizás delegados de la ONU.
Podría previamente fijarse una fecha para el inicio de una suerte de tregua en las protestas sociales, el compromiso del retorno del Presidente de la República a Quito, el retorno de las comunidades indígenas y campesinas a sus territorios, y de las FF. AA y Policía Nacional a sus labores habituales y cotidianas, mientras que, la Fiscalía, podría evaluar la aplicación del principio de última ratio en las causas penales iniciadas a propósito de las protestas sociales en particular frente a quienes han tenido una participación pacífica.
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Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
