Un proceso electoral implica en principio renovación democrática de la dirección, gestión, administración o gobierno de un país, pero existen procesos electorales cuyo escenario político permite vislumbrar o más de lo mismo o agudización de la descomposición institucional.
En el Ecuador, el pasado 17 de agosto terminó el plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen sus procesos de democracia interna para designar a sus candidatos a las elecciones del 9 de febrero del 2025, quedando 17 binomios preinscritos para la presidencia y vicepresidencia de la república, aunque podrían acordarse alianzas, que reducirían el número de binomios finales.
En la realidad no fueron procesos de democracia interna, sino la formalización de la predeterminación de candidaturas ya definidas por los dueños de os partidos o cúpulas de poder interno de las organizaciones políticas. Es decir, remedos teatrales de democracia.
Impresiona el gran número de binomios, resultado de la enorme dispersión política y la facilidad para la migración de políticos para ser candidatos de una organización a otra, transiciones de orillas políticas, muchas de ellas plagadas de incompatibilidad ideológica e incluso contradictorias, con lo que se opera un vaciamiento o pérdida de la identidad política no solo del sujeto del traspaso político, sino de las propias organizaciones políticas, que así quedan reducidas a casilleros con un nombre, número y signo, dispuestos a recibir a cualquier candidato con el que se hayan pactado las condiciones de participación política.
De la lista de los precandidatos seleccionados, existen algunos que son conocidos y otros desconocidos, esto es, sin trayectoria política, surgidos de la nada; un pequeño número de candidatos son militantes de sus respectivas agrupaciones políticas, mientras otros, la mayoría, son recién llegados para ocupar en forma más o menos transitoria el registro electoral de un partido o movimiento para terciar en las elecciones. En este escenario algunos podrían prestarse para desempeñar el papel de simples comodines de negociación política para lograr acuerdos.
En cuanto a los programas de gobierno de los precandidatos, aún no es el momento para que sean expuestos oficial y formalmente, y por lo tanto poder analizarlos, por lo que solo se conocen los idearios partidarios registrados en el Consejo Nacional Electoral, pero estos son generales y abstractos. Sin embargo, algunos precandidatos han anticipado ciertas propuestas que conforman un mosaico político, con contenidos que van desde formulaciones neoliberales más o menos radicales hasta planteamientos reformistas con intervencionismo estatal de distinta modulación.
Se podría decir entonces, que el país se encaminaría a reeditar, una vez más, la presencia de un régimen de los que tradicionalmente se ha tenido que soportar, en medio de condiciones de inseguridad, desempleo, crisis fiscal, energética, estancamiento económico y corrupción. Es decir, más de lo mismo.
Pero mientras el país avanza en el proceso electoral, se están operando procesos siniestros que apuntan a controlar políticamente el Tribunal Contencioso Electoral y la Función Judicial, lo cual genera más inseguridad jurídica y abona el ambiente de corrupción y criminalidad.
En forma constante se forjan leguleyadas, acciones y maniobras, para dejar sin efecto los grandes procesos penales contra la delincuencia organizada y la corrupción, para lo cual se insiste en jugarretas para dejar en libertad a “célebres” delincuentes y prófugos, para lo cual se han propuesto como objetivo inmediato deshacerse de la Fiscal General del Estado, y la subsiguiente defenestración de algunos fiscales y jueces honestos que aun existen y no han podido ser sobornados o influenciados por el poder criminal. Sobra decir que todo ello va en dirección contraria a los esfuerzos para enfrentar a las estructuras delincuenciales.
Por otra parte, se percibe una mayor arbitrariedad en la administración pública que irrespeta las competencias que solo pueden nacer de la Constitución y la ley y omite el deber de coordinar acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Se vive un ambiente de violación a la legalidad, y se llega a la barbarie de irrespetar las expresiones de la voluntad soberana del pueblo como son las consultas populares en defensa del agua, la naturaleza y el ambiente, para satisfacer los intereses de las transnacionales mineras antes que los intereses de los pueblos y ciudades.
Ahora mismo el MAATE, pretende meter la mano en la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, y en vez de cumplir los informes completos requeridos por los jueces, se intenta utilizar a ETAPA EP y a la PUCE, para hacer unas tomas de agua del Área Recreacional de Quimsacocha, para informar a la Corte Provincial, en relación a la afección del proyecto minero Loma Larga, cuando aún no está en explotación. Arbitrariedad, tras arbitrariedad.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
