CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Según los más claros definidos tratadistas éticos, empeñados en el análisis de los fenómenos de corrupción pública y privada que constantemente aparecen y acaso todavía escandalizan y socialmente preocupan, consideran que se trata de una lógica y fatalista consecuencia de la impunidad que en privado logra la pérdida de conciencias de valores humanos fundamentales y en público la consigue la ausencia de principios morales en los individuos impreparados que logran conseguir poder político.
Se ha llegado a observar en todo el universo, agitado por la ansiedad de poder y la irresponsabilidad de gobernar con justicia y dirigir las comunidades con pulcritud ética, que podría asegurarse que en todo caso de corrupción se enlazan gestándolo y desvergonzadamente revelándolo, tres evidentes con causas, casi siempre enlazadas. Una casi universal debilidad de los tribunales de justicia, la ausencia de definida voluntad gubernativa en los políticos de oficio y una muy defectuosa presencia o ausencia del criterio y voluntad popular de imponer con suficiente validez la verdadera y justa soberanía popular.
Durante muchos años, las estadísticas universitarias del país aseguraban que la Jurisprudencia en sus conocidas especialidades de lo público y privado se pronunciaban por una mayoría de facultades y estudiantes del derecho. El país acogía cada año buen número de jurisperitos, cuyo modus vivendi se mantenía en los tribunales; con todas las debilidades que pueden afectar a cualquier derecho. Centenares de jurisperitos honraban al Derecho y prestigiaban a la justicia. Estadísticas últimas llenan de vergüenza el rostro patrio, revelando las debilidades judiciales de los tribunales. Para probar esta aseveración se nos ponía de frente a la prensa y no faltaba en ella la vergonzante noticia diaria que dejaba en tela de juicio a cualquiera de los abogados del país. Para mayor prueba de ello se apelaba a una respuesta de los técnicos que afirmaban que la mayoría graduada en Jurisprudencia trabajaba o ejercía su profesión, no como abogado, sino como “gestor administrativo”. Por allí se llega a una triste y humillante conclusión: el derecho no se postula y defiende, sino que gestiona. Blasfemia jurídica y sacrilegio patrio.
Estas dolorosas y vergonzosas consideraciones nos autorizan lamentar el mal que padecemos, la gravedad de su incidencia y la tragedia política de sus consecuencias. Corrupción e impunidad caminan juntas en tribunales del país. La pasión política corrompida se acoge cobarde a la “gestión administrativa” de algunos poderosos.
Ellos le han dado la espalda a la Universidad y a la Patria.
Artículo publicado en El Mercurio, 2007
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