DEL MITO DEL PLAN FÉNIX A LA REALIDAD DE SUS CENIZAS
En Ecuador la seguridad dejó de ser política pública para convertirse en espectáculo audiovisual. Drones sobrevolando barrios, detenidos exhibidos en fila ante cámaras, operativos con música dramática y nombres épicos: “Plan Fénix”, “Bloque de Seguridad” y los ministros vestidos de militares. La narrativa está cuidadosamente diseñada. Lo que no siempre aparece con igual claridad es el balance verificable.
No se trata de negar la gravedad del narcotráfico ni la urgencia de la violencia. El problema es otro: la creciente distancia entre el relato oficial y los indicadores duros.
Según cifras oficiales del Ministerio del Interior y registros consolidados por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en 2023 Ecuador cerró con más de 8.000 homicidios intencionales, alcanzando una tasa cercana a 45 por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia reciente y una de las más elevadas de América Latina.
En 2024 la cifra descendió parcialmente, pero el país se mantuvo en niveles críticos. Y 2025 no ha dado tregua: en el primer semestre se reportaron más de 4.600 homicidios, lo que representa un incremento significativo respecto al mismo período del año anterior, según datos oficiales difundidos por agencias internacionales.
Mientras el discurso habla de control, las estadísticas hablan de persistencia estructural de la violencia. No hay reducción de la criminalidad a pesar de todo el teatro millonario y la presencia de gobiernos extranjeros y hasta de mercenarios.
Frente a esta crisis, el gobierno de Daniel Noboa ha recurrido reiteradamente a estados de excepción —amparados en el artículo 164 de la Constitución— y a la declaratoria de “conflicto armado interno” emitida en enero de 2024. Instrumentos extraordinarios pensados para situaciones límite se han convertido en mecanismos recurrentes de gestión de la seguridad. Lo excepcional dejó de ser excepción.
La Corte Constitucional ha recordado que los estados de excepción deben cumplir criterios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y control. Sin embargo, su uso continuado plantea una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando la excepcionalidad se normaliza?
En democracia, la excepcionalidad prolongada tiene un costo: diluye los contrapesos. Cuando las facultades extraordinarias se vuelven paisaje cotidiano, la supervisión institucional tiende a volverse secundaria frente a la urgencia. El poder ejecutivo gana margen; el escrutinio pierde intensidad.
Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que algunas reformas impulsadas en el contexto del conflicto interno amplían facultades de inteligencia y uso de la fuerza sin delimitar con suficiente precisión los mecanismos de rendición de cuentas. Freedom House, en su informe anual, ha señalado que el deterioro de la seguridad y la polarización impactan el entorno de la prensa y el debate público en Ecuador.
No se trata de una dictadura formal. Se trata de un ecosistema donde la crítica puede volverse incómoda, hasta sospechosa. Y la sospecha es el primer enemigo de la deliberación democrática.
El presupuesto del sector seguridad incluye partidas clasificadas como “gastos reservados”, cuya ejecución no se detalla públicamente por razones operativas. La confidencialidad puede ser legítima en materia de inteligencia. Pero en democracia esa reserva debe estar acompañada de mecanismos claros de auditoría por parte de la Contraloría General del Estado y de instancias legislativas competentes. La reserva no equivale a ausencia de control.
Sin transparencia suficiente, lo que tenemos es la narrativa oficial.
La televisión muestra capturas. Las redes amplifican operativos. Las conferencias repiten conceptos estratégicos. La televisión se llena de crónica roja: muertos, sicariatos, detenidos, droga confiscada. Pero el ciudadano que intenta acceder a metas verificables, indicadores de reducción sostenida del delito, evaluaciones independientes y ejecución presupuestaria desagregada encuentra más épica que evidencia sistemática.
El riesgo no es la acción del Estado. El riesgo es su teatralización.
Cuando la seguridad se transforma en escenografía, el ciudadano deja de ser sujeto político para convertirse en público. Y el público no fiscaliza: consume.
La democracia, en cambio, exige incomodidad permanente. Exige que el poder sea auditado incluso —y sobre todo— en momentos de crisis. Exige que los estados de excepción tengan límites claros y renovaciones justificadas. Exige que la prensa pueda preguntar sin ser estigmatizada. Exige que el uso de recursos públicos, incluso los reservados, esté sometido a controles institucionales efectivos.
Porque el verdadero equilibrio democrático no se prueba cuando todo está en calma, sino cuando el miedo justifica ampliaciones de poder. Es legítimo combatir al crimen organizado. Es imprescindible. Pero también es imprescindible que la respuesta estatal no erosione los principios que dice defender.
La violencia es real.
Pero más peligrosa que la violencia es la normalización del poder sin límites. Si la narrativa sustituye a los datos y la excepcionalidad reemplaza al control, el problema deja de ser el crimen organizado. El problema empieza a ser el Estado, un Estado que no acepta contrapesos y que está erosionando el sentido mismo de la democracia.
Portada: imagen tomada de https://acortar.link/ZARKC4
Johnny Jara Jaramillo, Cuenca 1956. Estudió Literatura en la Universidad de Cuenca y Musicología en la PUCE. Fue profesor de Literatura en el Colegio Benigno Malo de su ciudad y en el Colegio Agustín de Azkúnaga en Isabela-Galápagos. En Nueva York asistió a varios cursos sobre Literatura inglesa en la Universidad de Columbia y ha colaborado con varias revistas de literatura en Estados Unidos, México, Colombia, España y Finlandia. Es parte de Moderato Contable, antología de narradores cuencanos del Siglo XXI, Antología de Narradores ecuatorianos del Encuentro nacional de narradores ecuatorianos, en Loja 2015. Su libro “Un día de invierno en Nueva York” es su opera prima.
