CUANDO LOS FUSILES EVALÚAN AL PERIODISMO
Que las Fuerzas Armadas clasifiquen a los medios de comunicación según su “afinidad”, su línea editorial o el impacto de sus publicaciones sobre la “imagen institucional” no es un problema administrativo ni una discusión técnica sobre acreditaciones. Es, lisa y llanamente, una señal de alarma democrática.
La resolución emitida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el 28 de enero de 2026 introduce un mecanismo de control previo sobre la prensa que no solo contradice la Constitución ecuatoriana, sino que revive prácticas propias de regímenes autoritarios: la selección de quién puede informar y quién debe ser excluido en función de su docilidad frente al poder.
Que una institución armada clasifique a los medios según su “afinidad”, su línea editorial o el impacto de sus publicaciones sobre la “imagen institucional” no es un asunto administrativo ni una discusión técnica sobre protocolos. Es una señal de alarma democrática. Lo que está en juego no es el orden en un evento, sino el derecho de la ciudadanía a estar informada sin filtros impuestos por el poder.
Firmado por el jefe del Comando Conjunto, Henry Santiago Delgado, y remitido a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el documento establece criterios para decidir qué medios pueden acceder a actos y operativos institucionales y cuáles deben ser excluidos. Su carácter interno no lo vuelve inocuo: lo convierte en una forma de censura opaca y funcional, aplicada sin control público ni debate democrático.
Bajo el eufemismo de “criterios técnicos”, las Fuerzas Armadas han diseñado un sistema para evaluar medios y periodistas según su línea editorial, su tratamiento histórico de la institución, su supuesto rigor informativo y su postura frente al rol constitucional de la milicia. En la práctica, se otorgan puntajes y se clasifica a los medios como “aptos”, “aptos condicionados” o “no aptos”. El mensaje es brutalmente claro: el acceso a la información pública depende de la buena conducta editorial.
Esto es censura previa. Y la censura previa está prohibida de forma expresa por la Constitución del Ecuador y por el sistema interamericano de derechos humanos. No importa cuántos comunicados posteriores intenten suavizar el lenguaje o negar la intención restrictiva: el espíritu del documento es de control, disciplinamiento y castigo a la crítica.
El problema no es que las Fuerzas Armadas regulen aspectos logísticos o de seguridad en eventos sensibles. Eso es legítimo. El problema es que se arroguen la facultad de juzgar el contenido del trabajo periodístico, anticipar su enfoque y restringir el acceso a fuentes oficiales en función de percepciones subjetivas sobre la “imagen institucional”. Cuando una entidad armada decide qué narrativa es aceptable y cuál resulta “perjudicial”, la democracia entra en zona de riesgo.
Más grave aún es que esta política se aplique mediante oficios internos, fuera del escrutinio público y del control constitucional. La ausencia de publicación oficial no elimina sus efectos reales: periodistas excluidos de coberturas, solicitudes de información ignoradas y un efecto inhibidor que se extiende más allá de los casos concretos. Quien critique, pierde acceso. Quien investigue, queda fuera.
Los organismos internacionales han sido claros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la libertad de expresión es un pilar esencial de la democracia y que cualquier forma de censura previa es incompatible con la Convención Americana. Excluir a medios críticos del acceso a fuentes oficiales constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión, especialmente grave cuando proviene del Estado. En la misma línea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU protege el derecho a buscar, recibir y difundir información incluso cuando esta resulte incómoda, ofensiva o crítica para las autoridades.
No es casual que organizaciones como Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa hayan expresado preocupación y alarma frente a estas disposiciones. La experiencia regional demuestra que cuando los gobiernos comienzan a “gestionar estratégicamente” a la prensa, lo que está en juego no es la imagen institucional, sino la transparencia del poder.
La seguridad no puede ser la coartada para el silencio. Más aún cuando el periodismo ha sido clave para revelar hechos de altísimo interés público que involucran directamente a las Fuerzas Armadas: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, irregularidades en contratos estratégicos, fallas en sistemas de control contra el narcotráfico. Si estas reglas hubiesen existido antes, ¿cuántas verdades incómodas jamás habrían salido a la luz?
Finalmente quiero insistir en que la libertad de expresión no es una concesión del poder ni una cortesía institucional, es un derecho que no puede ni debe ser vulnerado.
Portada: imagen tomada de https://acortar.link/Zxq4U2
Rosana Encalada Rojas, soy periodista con experiencia en radio, prensa y televisión. He sido docente y he trabajado también en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. En la actualidad trabajo en la Dirección de Comunicación de la Universidad de Cuenca y en Radio Antena Uno. Soy directora del Portal Digital Voces Azuayas.
