MÁS CENTRALISMO MÁS INEQUIDAD
El Decreto Ejecutivo Nro. 407, del 27 de septiembre del 2024, mediante el cual se “trasladaría” el domicilio de CELEC EP de Cuenca a Quito, es un acto que se inscribe en la gestión centralista del gobierno del Estado.
Este Decreto, dicho sea de paso, contiene un error jurídico. al ordenar que se reforme el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 220 del 10-I4-2010, sustituyendo donde dice “la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay” por “la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia del Pichincha”, cuando dicho artículo 1 del D.E. 220, no tiene ese contenido. Pero, además, como el Decreto Ejecutivo del presidente Noboa deroga expresamente el Decreto Ejecutivo Nro. 845 del 4 de agosto del 2011, donde a su vez se sustituyó la expresión “el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha” por “la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay” (por el cual se cambió el domicilio de CELEC EP de Quito a Cuenca), entonces, se ha generado una incertidumbre jurídica.
Esta posición del gobierno, es incoherente con el hecho de que en el territorio de la provincia se produce el mayor aporte de energía eléctrica a nivel nacional, sin que exista justificación válida para haber asumido dicha medida, cuanto que, las empresas eléctricas que se gestionan desde Cuenca, incluido el complejo hidroeléctrico Paute (Mazar, Paute Molino y Sopladora) muestran niveles de mejor eficiencia a nivel nacional.
Esta medida coincide con todas las acciones del gobierno nacional para seguir creando las condiciones tendientes a favorecer la participación y el manejo de los sectores estratégicos y los servicios públicos, por parte de la iniciativa privada, tanto que, cuenta ya, con el marco jurídico para hacer posible la delegación de la gestión de dichos sectores a empresas privadas.
El centralismo es una forma de concentrar los recursos humanos, materiales, financieros, presupuestarios y la gestión administrativa del Estado, en favor de ciertos círculos económicos y políticos de poder enquistados en las estructuras de decisión gubernamental a nivel nacional, tendientes a favorecer la canalización de los recursos públicos hacia dichos círculos (Oligarquías).
Las políticas públicas centralistas de gobiernos anteriores y del actual, lesionan las fortalezas institucionales que se han venido desarrollando en el cantón Cuenca y la provincia del Azuay, y su posicionamiento estratégico de relaciones de poder en la organización territorial del Estado.
Las políticas centralistas del gobierno nacional no solo que vienen causando graves perjuicios a los intereses de Cuenca y el Azuay, en diversas materias, como la vialidad, sino que inclusive se llega a la desfachatez y prepotencia de tratar de imponer proyectos mineros que contaminarían los ríos que sirven a la población, sin importarles el pronunciamiento del pueblo soberano de Cuenca.
Este trato indigno, irrespetuoso, arbitrario, antidemocrático, inequitativo y autoritario frente a Cuenca y la provincia del Azuay tiene que cesar, y para ello es necesario que todas las organizaciones de la sociedad civil se unan para exigir transformaciones profundas en las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.
Es necesario trazar toda una estrategia para luchar contra el centralismo en todas sus manifestaciones, comenzando por hacer respetar los intereses estratégicos de Cuenca. Las autoridades centralistas, muchas de ellas serviles a grandes poderes económicos monopólicos, no pueden imponer a Cuenca y el Azuay un destino de marginación y destrucción de nuestro patrimonio natural ajeno a los pronunciamientos mayoritarios de la población.
Los intereses de oligarquías viejas y nuevas no pueden ir en contra de la población cuencana y azuaya, y hoy corresponde luchar en contra del neocolonialismo interno, con la Constitución en la mano y la voluntad soberana del pueblo de Cuenca y del Azuay.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
