Va a pasar de 15 días de la desaparición en Guayaquil, de cuatro niños del sector de Las Malvinas, con edades de 15, 14 y 11 años y ninguna autoridad atina a aclarar qué pasó con ellos. Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, estaban citados a jugar fútbol al sur del puerto principal, según la versión de uno de los padres; pero según el ministro de Defensa, Gian Carlo Lofredo, los muchachos acababan de robar a una mujer.
Una patrulla militar de la Fuerza Aérea intercepta a los chicos, los llevan a la zona de Taura donde está su base aérea y poco después, supuestamente, los dejan libres. Las declaraciones de un padre de familia hablan de una llamada de uno de los niños y se insinúa la participación de un grupo delictivo que los secuestró. Y, a partir de aquí, todo se vuelve difuso: nadie sabe en qué momento los niños dejaron de estar bajo control militar, a quién fueron entregados, ni a dónde fueron.
A partir de aquí surgen dudas, el temor de alguna condenable acción de ese personal militar, incluso de atrocidades. Si los chicos cometieron una contravención, debieron ser entregados al Fiscal de Menores para que lleve el hecho a un juez competente. Si no cometieron acción censurable, debieron entregarlos a sus padres pues son menores de edad, uno de ellos, inclusive, totalmente inimputable pues tiene solo once años.
Hasta aquí lo que se tiene certeza, aunque es solo el principio de la tragedia pues, pensado de buena fe, obrando con gravísima negligencia esos niños fueron liberados en plena noche, a 50 Kilómetros de su casa, con lo que se puso en riesgo su integridad. Ese solo hecho, cometido por uniformado, partiendo de su obligación al deber de cuidado, da para que la Fiscalía inicie una investigación penal en contra de ellos. Si los niños sufrieron menoscavo a su integridad, se convierten en corresponsables por ese solo hecho.
Mas, pensando mal, no queremos ni pensar que ese personal de la FAE haya cometido el desafuero de atentar contra la integridad y peor la vida de los niños, porque nos hallaremos ante el horroroso delito de desaparición forzada de personas y, peor, en forma múltiple, porque no sería uno, sino cuatro al mismo tiempo.
Y pensando peor y dado que el narco ha penetrado aun las esferas militares, sería espeluznante y siniestro que los propios militares hayan entregado esos niños a los delincuentes, lo que los convertiría en coautores de un secuestro al servicio de las narcomafias, como pasó con el desdichado caso de Ayotzinapa, en México.
Este hecho debe esclarecerse y caer la fuerza de la Ley sobre los responsables. Lo de menos será el impacto que este caso tenga en las elecciones, porque lo peor será la sombra que está dejando en el prestigio de las Fuerzas Armadas, con el gravísimo riesgo de que en plena guerra contra las narcomafias, se cuestione o, peor, se pretenda suprimir la intervención militar en el combate al crimen organizado. (O)
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, independiente. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
