Un Tratado de Libre Comercio (TLC), por su delicadeza y trascendencia, requiere de una amplia participación ciudadana y un debate de todos los sectores políticos y sociales, tanto más si están en juego el uso y ocupación de territorios que por sus condiciones naturales y sociales, son estratégicos, sirven de sustento a las comunidades y pueblos, o son áreas de recarga hídrica, o zonas de páramos, bosques, humedales, fuentes de agua, o cuando pueda ponerse en riesgo la integridad de los derechos colectivos o están inmersos territorios sobre los cuales se han prohibido ciertas actividades como resultado de consultas populares en ejercicio de la democracia directa.
Este es el caso del TLC que se pretende suscribir entre Canadá y Ecuador, respecto del cual, desde el 21 de octubre de 2024, se realiza en Quito, la cuarta ronda de negociaciones TLC en el que se ha puesto un interés especial en las explotaciones mineras en territorio ecuatoriano, lo que ya se evidenció, con la visita del presidente Noboa a Canadá, en marzo del 2024, para participar en la Convención Anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores, las reuniones con el Consejo Canadiense para las Américas y con inversionistas canadienses del sector minero, y la firma de un acuerdo de confidencialidad de la información en el marco de las negociaciones del TLC.
Sobre este pretendido TLC, no ha existido mayor información y publicidad, ni tampoco se ha socializado entre la población ecuatoriana, y más bien se lo ha venido gestionando como a “escondidas”, sin mayor transparencia, con una que otra noticia superficial, con perfil bajo, como se dice “a hurtadillas”, a pesar como se dijo, o quizás por ello, de los intereses de las trasnacionales mineras en dicho acuerdo comercial y las repercusiones para el país.
Al juzgar por los antecedentes señalados, se puede deducir que este TLC, pretendería dar todas las facilidades a las transnacionales mineras para desarrollar proyectos extractivos, en territorio ecuatoriano, que están concesionados u otros que puedan desarrollarse, para lo cual, y en nombre de dar seguridad jurídica y garantías a las inversiones mineras, se intentaría crear condiciones jurídicas extraordinarias que repercutirían en el ámbito de los derechos colectivos, de la naturaleza, agua y ambiente, a la par que se acelerarían los procesos mineros vía normativas reglamentarias, sin descartarse la utilización de la legislación penal frente a la resistencia de los pueblos defensores de los territorios, el agua y el ambiente, imputándose sus acciones como terroristas.
Algunas de esas conductas ya se han ensayado por el poder político, con la manipulación de consultas previas y ambientales caricaturescas y diminutas, instrumentación de la justicia para dejar insubsistentes acciones de protección, e instauración de procesos penales artificiosos para perseguir a dirigentes de las comunidades en resistencia frente a proyectos mineros que han violado derechos y garantías constitucionales.
La negociación del referido TLC se da en circunstancias extremadamente difíciles para el país, azotado por la delincuencia organizada, que transita por un proceso electoral y soporta la peor crisis energética, lo cual distrae la atención sobre otros temas tan trascedentes como un TLC, de manera que se está utilizando el ambiente de desesperación y confusión ciudadana para impulsar acciones que consolidan un régimen económico oligárquico neoliberal, donde se satisfacen intereses de grupos privados nacionales poderosos y, en este caso,asociados con las transnacionales mineras, para lo cual el TLC les cae como anillo al dedo.
Por otra parte, la negociación de un TLC implica un acuerdo sobre los mecanismos de solución de conflictos, situación que nos remite a la posibilidad de utilizar el arbitraje internacional, en el marco de la Constitución de la República, en cuyo artículo 422 se ordena que “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.
Es de esperar que operen oportunamente los medios de fiscalización y control constitucional de las actuaciones de los poderes públicos, para evitar que sobrevengan otros conflictos graves para el país y que, en la conjunción de todas las crisis, podrían afectar aún más a la dolida población ecuatoriana.
Desgraciadamente en el país se ha infiltrado y ganando espacio ideas, esas, sí antipatrióticas que desprecian a la soberanía popular en nombre de un mundo globalizado, con lo se pretende crear el ambiente ideológico cultural para tratar de legitimar la ocupación y atropello a territorios que nutren de alimento y agua a comunidades, pueblos y ciudades, y que por lo mismo tienen un sentido estratégico para hacer posible el sustento de la población nacional.
Un Estado y un gobierno que no hagan respetar los más elementales derechos para la supervivencia del pueblo, no cumplen con la finalidad y deberes establecidos por la comunidad nacional, al darse su Constitución. No se sabe qué sentido tendrá para el poder y los líderes políticos, los conceptos de patria, nación, república o pueblo soberano.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
