El campo petrolero Ishpingo–Tiputini–Tambococha (ITT), está ubicado en el parque nacional Yasuní, territorio intangible en el que habitan diversos pueblos ancestrales de nuestro país como son Waoranis, Kichwas, Shuars, Tagaeris y Taromenanes. Este territorio alberga miles de especies vegetales y animales que lo ubican entre los más megadiversos del mundo, razón por la cual fue declarado por la UNESCO, como área protegida debido a su valor biológico y cultural. Al mismo tiempo, cuenta con una reserva de 900 millones de barriles, la misma que se viene extrayendo desde hace varios años, generando una emisión de cerca 400 millones de toneladas de CO2, aproximadamente. Muchas personas dirán que dejar el petróleo bajo tierra, como se lo está planteando en la consulta popular que se llevará a cabo conjuntamente con las elecciones anticipadas el mes de agosto, representa la perdida de ingentes cantidades de dinero que podrían servir para invertir en salud o educación. Así lo hemos empezado a escuchar en diversos medios de comunicación nacional, donde entrevistadores y entrevistados desarrollan argumentos de lo negativo que sería dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra, y que el país no puede darse el lujo de desperdiciar sus recursos en medio de la crisis económica que enfrentamos.
Esta es una falacia que hay que desmontar para que en la próxima consulta no seamos presa fácil de relatos interesados en defender los intereses de las empresas extractivistas. El Yasuní ya está siendo explotado y no hemos visto ningún beneficio social ni para las comunidades afectadas, peor para el resto del pueblo ecuatoriano. Salud, educación, vialidad y empelo son cifras en rojo que no muestran ninguna variación a pesar de la explotación petrolera que está en marcha desde hace años. ¿Entonces, cuál es el beneficio?
La iniciativa ITT se la planteó hace 10 años, y se la abandonó debido a la crisis del petrolero que provocó que los precios del crudo subieran de manera exorbitante en el mercado global, llegando a sobrepasar la barrera de los 100 dólares por barril. Pero esa situación cambió radicalmente más tarde, cuando los precios cayeron estrepitosamente hasta ubicarse por debajo de 20 dólares en el año 2016 y hoy no logran superar los cincuenta dólares. No olvidemos que Ecuador comercia su petróleo con China, más bien lo entrega a cambio de deuda, y según el ex ministro Santos, ese país nos paga cuatro dólares menos por barril en relación a otros países. El mismo Santos, declaró el pasado 3 de abril a un diario nacional, que el crudo del Yasuní es pesadísimo, una verdadera melcocha que no puede moverse al oleoducto, por lo tanto, muy difícil de extraer y de exportar; lo cual provoca que el costo de producción de cada barril del IIT no sea rentable frente al precio de venta del petróleo en el mercado. La ganancia es espurrea, y si la hay se la llevará la empresa extractora, es decir no tiene valor comercial, según Santos 40.000 barriles, de esa reserva, no se podrán explotar. Por lo tanto, el relato montado por los grandes medios y por ciertos analistas que están en contra de la consulta, es insostenible.
La extracción petrolera no disminuirá la pobreza, ya son más de 50 años y las cifras de pobreza van en aumento, la exportación de petróleo cada vez más disminuye frente a los otros productos d exportación, y su aporte al fisco cae año tras año. Además, hay que recordar que estos ingresos no se destinan al desarrollo social sino a la reserva monetaria internacional tal como lo dispone la ley orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, expedida en el gobierno de Moreno por exigencia del FMI.
Por otro lado, el impacto ambiental que ocasiona esta actividad extractiva, es a perpetuidad, tal como lo podemos comprobar en las actuales poblaciones amazónicas que sufren los efectos de la explotación petrolera desde los años setenta. La contaminación del aire, así como del agua de los ríos, las enfermedades como el cáncer y la depredación de los bosques milenarios facilitada por la apertura de vías, ha terminado con el hábitat de espacies únicas. Si no se cuida estos espacios naturales que aún existen en el mundo, ponemos en riesgo la vida misma del ser humano.
La coyuntura de unas elecciones anticipadas, ha generado, como diría Bowman, una realidad política liquida. En el próximo proceso electoral, nos jugamos el futuro del país y no precisamente por quien asuma como gobierno, que apenas durará un año y medio en funciones, tiempo durante el cual deberá enfrentar una crisis debido a la debilidad política que hará que quien llegue al poder lo haga con menos del 30% de legitimidad, a más de la profunda desinstitucionalización en la que nos encontramos, un Estado sometido a las mafias de la corrupción y las economías ilícitas, el secuestro de la justicia, la inseguridad ciudadana, la crisis social y económica, etc.; todo eso en medio de los efectos del cambio climático que advierte un super niño que seguramente devastará inmensos sectores de nuestro territorio con la fuerza inusitada de una naturaleza resentida, precisamente por la codicia de las empresas extractivistas. Las próximas elecciones lo verdaderamente importante no son los candidatos que buscan el poder. Las próximas elecciones lo verdaderamente importante, son las dos preguntas que deberemos responder las y los ecuatorianos, sobre la minería en Quito y el futuro del Yasuní.
Miles de personas en todo el país apoyaron recolectando y firmando la propuesta de la defensa del Yasuní, que implica ingresar a un nuevo momento de la historia en el cual apostamos por la vida y el respeto al derecho de los pueblos que habitan en esos territorios. No existe dilema, no existe confusión, como quieren presentarnos los sectores extractivistas. Esta es la oportunidad de salvar la naturaleza y la selva amazónica. El respeto a los derechos colectivos de las nacionalidades ancestrales de Ecuador, debe prevalecer, pesar de la publicidad engañosa que estas empresas y sus defensores van a desplegar durante el tiempo previo a la consulta.
Ex directora y docente de Sociología de la Universidad de Cuenca. Master en Psicología Organizacional por la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Master en investigación Social Participativa por la Universidad Complutense de Madrid. Activista por la defensa de los derechos colectivos, Miembro del colectivo ciudadano “Cuenca ciudad para vivir”, y del Cabildo por la Defensa del Agua. Investigadora en temas de Derecho a la ciudad, Sociología Urbana, Sociología Política y Género.
