Se ha vuelto una rutina utilizar la expresión “somos entidad rectora” por parte de ministros, viceministros y más altos funcionarios del Estado central, para salir al paso de objeciones o cuestionamientos realizados por personas, instituciones, colectivos ciudadanos o gobiernos locales, frente a políticas públicas, conductas u acciones emanadas de dichos servidores públicos.
Estos altos burócratas tienen en la punta de la lengua la muletilla “somos entidad rectora” para significar con esto, que son ellos, quienes tienen la decisión final que debe observarse, cumplirse y que nadie puede rebatir por más que sus actuaciones o resoluciones, violen derechos o quebranten el ordenamiento jurídico.
Con esta expresión “somos entidad rectora” se pretende generar silencio, sumisión y hasta reverencia hacia los actos y resoluciones administrativas de ciertas autoridades nacionales que tienen una actitud de minimizar o desvalorizar lo que digan “los de provincia”, como si su criterio fuese omnímodo o incontrovertible.
Esta actitud de personeros o voceros de las “entidades rectoras” expresa una visión centralista y neocolonial, que considera a los habitantes “de provincia” en una situación de vasallaje, inferioridad, dependencia, subordinación, que debe llevar a un acatamiento dócil de toda política o decisión asumida desde las esferas del poder central, por más que las mismas atropellen la Constitución, la jurisprudencia constitucional, las leyes y ordenanzas vigentes.
Por lo mismo, a ciertas algunas autoridades “rectoras” nacionales, no les importa las expresiones de la voluntad soberana de los habitantes de una comunidad, parroquia, cantón o provincia, dado que, desde su visión monárquica central, esas poblaciones son de territorios en los cuales se puede imponer cualquier sacrificio a los intereses estratégicos del proyecto de vida de comunidades urbanas y rurales. A la final resultan ser habitantes de territorios de conquista y explotación, que incluso pueden ser arrasados.
Estas actitudes de algunas “entidades rectoras” son contrarias a los fines del Estado determinados en la Constitución, atentan a la unidad nacional, impiden un desarrollo equitativo y solidario de todos los territorios, no protegen el patrimonio natural y cultural, peor generar paz y seguridad, ni fomentar una sociedad democrática.
Se está confundiendo la competencia de definir políticas públicas dirigidas al buen vivir, con la imposición autoritaria, despótica y arbitraria de acciones y resoluciones atentatorias a los sagrados intereses de comunidades, ciudades y cantones, como lo que está sucediendo actualmente en Cuenca, donde le ha sido muy fácil para la entidad rectora del ambiente, sustituir la consulta ambiental a decenas de comunidades usuarias del agua proveniente de Quimsacocha que van a ser afectados por el proyecto minero, con la supuesta consulta a menos de noventa individuos.
Para ser “entidad rectora” hay que primero tener un espíritu ético y democrático, observar y cumplir la Constitución y las leyes de la república, tener sentido de integridad de la patria, respetar la voluntad soberana de los pueblos y no priorizar intereses patrimoniales privados por encima del interés social y público, respetar los derechos humanos y de la naturaleza, practicar la transparencia en la gestión pública y dar ejemplo de rectitud en los procedimientos que deben regir a la administración pública.
Ciertamente tener la rectoría en la administración pública, implica primero tener una calidad ética alta, y no se puede tener tal calidad, si se falsean, incluso, hasta las realidades geográficas, en aras de satisfacer el interés privado de una empresa transnacional.
Portada: foto tomada de https://www.natureandculture.org/es/directorio/conservar-las-fuentes-de-agua/
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
