Introducción
El país atraviesa por una situación política compleja luego de los resultados de las elecciones del 5 de febrero del 2023, que constituyen una derrota política grave del gobierno nacional. En el presente artículo se hace un análisis de la coyuntura política nacional y sus perspectivas de desenlace.
1.- El contexto de las elecciones y la consulta popular
Las elecciones se realizaron en un ambiente político caracterizado por el desprestigio de las funciones del Estado envueltas en la corrupción y descomposición institucional, disputa entre el gobierno de Lasso y la alianza Correa-Nebot por el aparato judicial y los órganos de control, el descrédito del gobierno de Lasso y de los partidos políticos. Es decir, un ambiente de hartazgo político ciudadano frente a la politiquería, demagogia y la incapacidad del poder para enfrentar a la delincuencia y su penetración mafiosa en el Estado.
A las condiciones señaladas, se suma el deterioro de los servicios públicos de salud, educación, asistencia a grupos vulnerables, programas sociales, desatención a indígenas, campesinos, artesanos y sectores de la economía popular, mientras que las políticas neoliberales, favorecen a los mismos grupos económicos poderosos, como bancos, tenedores de bonos de la deuda externa y empresas mineras.
Las elecciones se realizaron también en circunstancias de empobrecimiento de la población, inseguridad y temor de la ciudadanía por la delincuencia, sicariato, el enfrentamiento de bandas mafiosas y la incapacidad del gobierno para generar condiciones de seguridad, con medidas no solo policiales, sino con el mejoramiento integral de las condiciones de vida del pueblo.
En este ambiente de descontento y reproche ciudadano al gobierno nacional, es ingenuo no haber previsto la reacción popular frente una consulta que no solucionaba los problemas de la pobreza, marginación y exclusión social.
2.- Resultados electorales y expresión de rechazo social
Los resultados electorales, evidencian que el gran perdedor es el gobierno por su incapacidad para resolver los grandes problemas nacionales con sus políticas económicas neoliberales elitistas, excluyentes y privatizadoras que ahondan las brechas sociales y provocan más empobrecimiento y concentración de la riqueza.
El repudió a la gestión del gobierno se orientó a favorecer a candidaturas independientes, críticas u opositoras del régimen y el voto por el NO en la consulta popular, cuyas preguntas no pretendían resolver los graves problemas del país, sino mejorar la imagen del gobierno para concentrar el poder, impulsar su programa de privatizaciones, la reforma laboral y acelerar la extracción minera en fuentes hídricas, compensando mercantilmente la destrucción irreversible de la naturaleza a cambio de llenar los bolsillos de las trasnacionales mineras.
En este sentido el triunfo del NO en la consulta popular constituye una derrota de la estrategia política del gobierno nacional para consolidar su dominio antidemocrático en la conducción del Estado y un triunfo significativo de la resistencia indígena, social y ambiental frente a la imposición del programa neoliberal, la especulación financiera, el extractivismo, la prepotencia, arbitrariedad y el repudio al régimen por su incapacidad para enfrentar la inseguridad y la penetración mafiosa en el Estado que ha contaminado a algunos fiscales, jueces, policías, militares, operadores de las cárceles y actores políticos.
3.- Interpretaciones reduccionistas del descontento y reproche social
Por lo tanto reducir la complejidad social del descontento popular, al enfrentamiento político entre ciertas fuerzas políticas, como gobierno versus alianza correista-socialcristiana, es dar la espalda a la realidad que vive el pueblo, no entender el drama de la pobreza y la desocupación, siendo una verdadera miopía política, considerar la ganancia del NO en la consulta a un triunfo del correísmo, sin percatarse que millones de ciudadanos que votaron por el NO, tienen posiciones ideológico políticas diferentes y no son afiliados o simpatizantes del correísmo, como fue también una estupidez política y un irrespeto al pueblo soberano, acusar a todos quienes opten por votar NO en la consulta como “narco delincuentes, que quieren ver al Ecuador lleno de inseguridad y delincuencia”, y luego pretender un dialogo y acuerdo nacional, siendo esta la reproducción de una conducta política que nos recuerda la prepotencia y despotismo del correato.
Por lo mismo, es un desatino, considerar que los resultados electorales, crean condiciones favorables para quienes pretenden quedarse en la impunidad de sus delitos de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito, pues el rechazo a la incapacidad de un gobierno entregado a círculos oligárquicos no implica estar de acuerdo con quienes hicieron del Estado una maquinaria de corrupción, saqueo y pillaje, esto es, delincuencia estatalmente organizada. Las victorias políticas no pueden servir para borrar la corrupción.
En consecuencia, los resultados electorales deben ser interpretados en su verdadera dimensión, y alejarse del simplismo político de reducir la complejidad social, económica y política del país, a la dicotomía correísmo y anticorreismo.
4.- Nueva correlación de fuerzas políticas
Si se analizan los resultados de la consulta popular el voto por el NO coincide con la población de territorios urbano-rurales y rurales marginales, con deficiencia de servicios básicos, mayores índices de pobreza, sectores indígenas, campesinos pobres y pueblos con abandono y marginación permanente. Para aquellas personas que se mueren de hambre, carecen de vivienda, servicios básicos y viven en condiciones infrahumanas, nada significan los supuestos cambios de las leyes penales, fiscalía, movimientos políticos, instituciones políticas. El voto protesta se hizo presente con el NO, pero también con el voto nulo de rechazo y el voto en blanco de indiferencia.
Desde el punto de vista partidario, los resultados electorales constituyen un golpe duro al Partido Social Cristiano y al partido CREO, y una recomposición política para el movimiento Revolución Ciudadana, aunque existen diferentes tendencias a su interior, y también comensales políticos nuevos, cuya conducta política está por verse, al igual que ciertos dignatarios electos del correísmo que tendrán que administrar con acuerdos y consensos multipartidarios, aunque habrá que ver si pueden librarse del tutelaje político y la voluntad omnímoda del líder correista.
5.- Reacción ante los resultados
La reacción de algunos derrotados en la consulta ha sido denunciar la existencia de un fraude electoral por una supuesta falsificación masiva de actas electorales, cuestión difícil y compleja de hacerse como ya se ha sostenido, pero que deberá esclarecerse en el ámbito administrativo y contencioso electoral, la auditoría de la Contraloría, la investigación de la justicia penal, pero sobre todo podría abrirse las urnas y recontar los votos, algo precisamente que no se hizo en las elecciones presidenciales pasadas ante el requerimiento del ex candidato Yaku Pérez.
Se conocía que, por las condiciones del país y los desaciertos del gobierno, que fue el mejor motivador del voto de rechazo de la consulta popular, era predecible su fracaso, siendo curiosa la “equivocación” de las encuestadoras, complicándose la percepción objetiva de la voluntad política del electorado por la acción de algunos grandes medios de comunicación que tuvieron una posición política en favor del SI, y que siguieron haciendo de caja de resonancia del supuesto fraude electoral. Estos sectores políticos no se dan cuenta que siguen alimentando el reproche ciudadano y coadyuvan a empeorar el escenario político.
6.- Insolvencia política y perspectivas de resolución de la crisis
De lo anotado se puede colegir que el gobierno ha caído en una suerte de insolvencia política, y se entra en un momento político de transición, frente a lo cual se pueden señalar las siguientes perspectivas de desenlace:
6.1.- Acuerdo nacional. – Un día después de las elecciones, el 6 de febrero del 2023, el Presidente Lasso en cadena nacional aceptó los resultados de la consulta popular y llamó a un acuerdo nacional a todas las fuerzas políticas democráticas.
Este llamado ha sido rechazado por las principales fuerzas políticas y organizaciones populares, porque no creen en la palabra del actual gobierno. Mucho se ha mentido y es incoherente, que luego de tildar a quienes optarían por el No en la consulta, como narco delincuentes, luego, cuando pierde la consulta, convocarles a un acuerdo.
Sin embargo, si como el propio Presidente Lasso dijo que “… cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo…sea cual sea su pronunciamiento”[1], entonces lo que podría, quizás, cambiar el ánimo en el pueblo sería asumir al menos las siguientes medidas por parte del gobierno, que como se dijo, no requieren de consulta popular:
- Expedir el acuerdo ministerial y promulgar en el Registro Oficial, las áreas de protección hídrica e incorporarlas al sistema nacional de áreas protegidas, donde no cabe la minería, lo cual debe incluir a la zona de recarga hídrica de Cuenca;
- Regular y expedir vía decreto del ejecutivo o acuerdo ministerial, las compensaciones ambientales, incorporando a las comunidades de altura o páramo y otras que viven en ecosistemas frágiles en el cuidado de estas;
- Firmar un acuerdo y obligarse a no privatizar las áreas y prestaciones del IESS, pagar la deuda del gobierno al IESS y conformar una nueva comisión con la participación de representantes del FUT, CONAIE, jubilados, empleados públicos, mujeres, jóvenes y empleadores para reformar la Ley de Seguridad Social, dejando sin efecto la comisión privatizadora;
- Impulsar la expedición del proyecto original del Código Orgánico de Soberanía Alimentaria (COSAL) en coordinación con la CONAIE, FEINE, FENOCIN y las organizaciones que elaboraron colectivamente dicho proyecto;;
- Asignar un presupuesto de no menos del 8% del PIB para la educación primaria y secundaria, y del 6% para la salud pública;
- Regular para que las tasas de interés bancario activas no superen un rango de 3 a 5 puntos porcentuales en diferencia a la tasa de inflación anual proyectada;
- Que los Ministerios de Agricultura y del Ambiente en sus respectivas competencias, titularicen en forma inmediata a las comunas indígenas y comunidades campesinas posesionarios de tierras, y,
- Ejecución inmediata de los acuerdos alcanzados entre el gobierno nacional y la CONAIE, FEINE Y FENOCIN.
Sin embargo, la pregunta es si ¿podrá este gobierno dar muestras reales, concretas y prácticas de avanzar a un acuerdo nacional?
6.2.- Enjuiciamiento político (Art. 129 CRE). – La otra salida a la crisis, es el juicio político al Presidente de la República, que procede:
A solicitud de al menos 1/3 parte de la Asamblea nacional (AN) en los siguientes casos:
1. Por delitos contra la seguridad del Estado.
2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Para iniciar se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional (CC)
En un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento, la AN resolverá en base a las pruebas de descargo presentadas por el Presidente de la República.
Para la censura y destitución se requiere el voto de las 2/3 partes de la AN.
6.3.- Destitución del Presidente de la República (Art.130 CRE). – Debe cumplirse con las siguientes condiciones:
La AN podrá destituir al Presidente de la República en los siguientes casos:
1. Arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la CC.
2. Por grave crisis política y conmoción interna.
En un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento, la AN resolverá con base en las pruebas de descargo presentadas por el Presidente de la República.
Para destitución se requiere el voto de las 2/3 partes de la AN. De prosperar la destitución el Vicepresidente asume la Presidencia.
Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo, en los 3 primeros años de este.
En un plazo máximo de 7 días después de la publicación de la resolución de destitución, el CNE convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos periodos. La instalación de la AN y la posesión del Presidente electo tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en la fecha determinada por el CNE.
El obstáculo que se plantea es que la AN ya agotó esta medida.
6.4.- Disolución de Asamblea Nacional (“Muerte cruzada” Art.148 CRE). – Debe cumplirse con las siguientes condiciones:
Presidente de la República puede disolver la AN cuando, a su juicio se dé:
- Arrogación de funciones previo dictamen favorable de CC
- Reiterada e injustificada obstrucción a ejecución del PND
- Grave crisis política y conmoción interna.
Puede ejercerse por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato.
En un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el CNE convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
Hasta la instalación de la AN el Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la CC, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.
6.5.- Renuncia del presidente y anticipar las elecciones. – En cuanto a la renuncia del Presidente de la República, si bien está contemplada en el Art. 145.2 de la CRE, sin embargo, la renuncia depende de la voluntad del Presidente, y la aceptación de la AN; le reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia de la República por el tiempo que reste para completar el correspondiente periodo presidencial (Art. 146 CRE).
En lo que respecta a las elecciones anticipadas, no es un tema discrecional, y no procede fuera de los casos previstos en la misma Ley Fundamental.
6.6.- Asamblea Constituyente. – Esta salida es más compleja siendo un hecho político que requiere la conjunción de condiciones políticas que hagan imposible resolverse la crisis de otra manera, y una correlación de fuerzas políticas con gran hegemonía de un bloque de fuerzas políticas. En la historia nacional, esta salida política ha sido una forma usual de transición de un periodo político a otro.
7.- Perspectiva social y democrática
Dada la realidad que se ha vivido durante los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso y la experiencia histórica acumulada, en cualquier escenario político, los sectores sociales y políticos democráticos, deberían conformar un gran frente autónomo para luchar por la solución de los graves problemas nacionales, la exclusión y marginalidad social.
[1] https://dialoguemos.ec/2023/02/presidente-ecuador-acepta-resultado-referendum-y-llama-a-acuerdo-nacional/. [Consulta: 13-II-2023
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
