Ángel Vera
Como el Ecuador se ha transformado en el país de los escándalos semanales, el de hace ocho días era la aprobación de la llamada “Ley 70/30” que obliga a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales a destinar el 70 % de sus ingresos a gastos de inversión y máximo un 30 % a gasto corriente, es decir a sueldos y mantenimiento administrativo.
En principio la propuesta suena encomiable para procurar que los gobiernos locales inviertan bien sus fondos; sin embargo, ha levantado protestas de alcaldes y prefectos de todas las regiones del país, con el argumento de que la norma limita su autonomía gubernativa y se pretendería impedir su inversión en promoción social, salud, educación y cultura,
Replica el asambleísta Adrián Castro que no se pretende restringir a los municipios su autonomía ni su inversión, sino impedir el malgasto de fondos, por ejemplo, en conciertos con artistas internacionales. La revista Vistazo señala que el Municipio de Machala a destinado 3,4 millones de dólares para conciertos, en cuatro años.
El caso es que, aparte de abusos puntuales, pueden haber otros casos de desequilibrio burocrático como el expuesto por el exalcalde de Quito, Paco Moncayo, de que en su alcaldía Quito tenía 5.000 empleados y hoy son 22.000, uno de ellos, un “Director Metropolitano del Cambio Climático”, con un salario de más de 2.000 dólares, denunciaba el exasambleísta Andrés Páez.
De modo que al despilfarro y con locura se suma una concentración del gasto en el nivel jerárquico, lo que es inadmisible.
El ideal sería que los municipios alcancen cierto equilibrio: el presupuesto de Sucúa para el año 2024, con ingresos previstos de 8 millones 900 mil dólares, preveía gasta en sueldos y administración 1 millón 580 mil dólares.
Hasta ahí bien, pero parece que la Asamblea no consideró la necesidad de regular con más detalle lo que viven las juntas parroquiales, las que urgen un nuevo sistema de administración que no se compone con ordenar límites al gasto, pues su presupuesto apenas les alcanza para sueldos.
La junta de San José de Raranga, parroquia de Sígsig, en Azuay, consumió en diciembre de 2024 40.000 dólares en sueldos, pero solo unos 12.000 en obras e inversión.
Así que, es correcto preocuparse en la buena calidad del gasto. El error fue proclamar que el proyecto de Ley se dirigía a la obra pública, cuando los municipios invierten mucho en servicios sociales (educación, cultura, salud, atención a población vulnerable), que deben ser mantenidos.
En cuanto a las Juntas Parroquiales y municipios pequeños, es urgente aprobar una Ley que les obligue a mancomunarse para que los costos de servicios y procesos de obras sea eficiente y menos costoso. Señores Asambleístas, señor Gobierno, señora Contraloría, trabajen en oportunas leyes y oportunos reglamentos para evitar lo que pasa en San José de Raranga, seguramente solo una muestra de las 1.149 juntas parroquiales rurales. (O)
Portada: foto tomada de https://n9.cl/r557s
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, Periodista de Academia TV. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
