En nuestro país, desde el 9 de enero de 2024, vivimos la aplicación del decreto 111 a través del cual en Ecuador se está aplicando una estrategia que ya ha sido utilizada en países como México y Colombia, la constabularización. Esta estrategia consiste en un proceso de militarización de la seguridad pública, través de entregar al ejército, las tareas de la seguridad ciudadana, con acciones que privilegian la intervención militar directa como la respuesta única y privilegiada del Estado para enfrentar la violencia. El objetivo no es únicamente combatir a las bandas criminales sino también asegurar las condiciones necesarias para aplicar medidas de corte político. La estrategia no es nueva, pero esta vez Noboa busca legitimarla a través de una consulta popular.
Sin duda, Ecuador ha sufrido en los últimos años una violencia inusitada, de manera especial en las cárceles donde se ha producido amotinamientos y masacres promovidas por los cabecillas del narcotráfico, violencia que se ha extendido también a las calles de algunas ciudades. Esta situación, no ha podido ser enfrentada de manera efectiva por la policía nacional. Por ello el gobierno, bajo el discurso del conflicto armado interno, ha incorporado al ejército en un intento de frenar la situación de inseguridad ciudadana que vive la población. La constabularización, es un proceso de militarización programada que tiene múltiples consecuencias en la vida de una sociedad, generando efectos prácticos y simbólicos. El mejor aliado para su implementación es siempre el miedo que somete a las personas a la ansiedad, creando una atmosfera que justifica el propósito de consolidar el poder militar. En este marco, la población desarrolla gran empatía con los militares, aprueba el uso de las armas y aplaude la muerte de los delincuentes. Sin embargo, la consolidación del poder militar puede resultar en un alto riesgo para el ejercicio de derechos. Es decir, el sentimiento de inseguridad ciudadana generalizado es tierra fértil para discursos y estrategias autoritarias como la constabularización.
Desde que nos encontramos bajo el decreto de excepción, hemos sido bombardeados por todos los medios y todas las redes, sobre la necesidad de la fuerza militar. Pareciera que la militarización ha sido inevitable. No se me entienda mal, no quiero decir que no haya sido necesario que la policía cuente con el apoyo militar, pues los altos índices de criminalidad así lo requerían. La colaboración del ejército, sin lugar a duda, ha logrado disminuir la presencia de las bancrims. Sin embargo, el fin de semana pasado una alcaldesa fue asesinada, hubo enfrentamiento a balazos en varios lugares del país, han aumentado los secuestros y la extorción, tal parecería que la militarización no está siendo eficiente; o que, los militares están dedicados también a otros menesteres como salvaguardar los intereses de las mineras y combatir a comunidades campesinas. Como ya ha sucedido en los países antes mencionados, la constabularización no siempre logra garantizar la seguridad de la ciudadanía.
La situación invita a pensar que existen otros intereses para su implementación. Intereses políticos y económicos, por lo que incluso se busca legitimarla con la consulta popular. El presidente Noboa prometió que, desde el primer día de su gobierno, la violencia se contendría, pero no nos dijo que aprovecharía para imponer su programa de ajuste estructural de corte neoliberal que está llevando al país a un mayor empobrecimiento, a la entrega de nuestros recursos naturales y sobre todo a la precarización del trabajo, otro de los temas de la consulta y tal vez en el más grave. Con el trabajo por horas, los trabajadores que hoy tienen empleo enfrentaran la precarización de sus condiciones y los que no lo tienen, serán contratados por horas y sin ninguna estabilidad.
El objetivo de la consulta popular es político. Afianzar la popularidad y el respaldo social a Noboa, en miras a conseguir su relección en febrero de 2025. La consulta popular pone a la ciudadanía frente a una falsa dicotomía, escoger entre seguridad y derechos, pero bien sabemos que el único medio para la construcción de una paz duradera, es el pleno ejercicio de nuestros derechos. La postura política económica de Noboa, dista mucho de priorizar el bienestar y el desarrollo humano. Los presupuestos de salud y educación han sido recortados, el IESS está amenazado de muerte, seguramente se propondrá su privatización, y el sector empresarial se frotan las manos con la flexibilización laboral. El pueblo, en pocos meses estará más pobre y angustiado que hoy.
Lamento compartirles mi pesimismo, pero creo que el discurso de la guerra sirvió, no solo para perseguir a las organizaciones criminales, sino también las organizaciones sociales. Se habla de miles de detenidos como terroristas, entre ellos gente de comunidades amenazadas por la minería, que han sido criminalizados por defender su territorio del extractivismo trasnacional. La consulta es un elemento que le procurará al gobierno ecuatoriano, hacerse del monopolio del uso legítimo de la violencia. En consecuencia, la ciudadanía quedará en un perpetuo estado de indefensión. La democracia ecuatoriana está sufriendo severos retrocesos. La legitima contradicción de opiniones será sojuzgada, los pesos y contrapesos están siendo erosionados en el marco de una narrativa perversa basada en el terror y la amenaza del fracaso. Las organizaciones de la sociedad civil deben fortalecerse frente al desmantelamiento de la democracia.
Es urgente, analizar la incoherencia entre lo prometido y lo realizado, entre lo llevado a cabo y lo logrado, entre lo alcanzado y lo que el país requiere. Es obligación resistir y contribuir a que no se apagan las múltiples voces de los y las ecuatorianas que no queremos una paz del cementerio. Es fundamental, realizar un análisis exhaustivo, de cómo vamos a votar en la próxima consulta, para no entregar un cheque sin fondos al gobierno de Noboa.
Portada: foto tomada de la cuenta de X del Frente Nacional Antiminero.
Ex directora y docente de Sociología de la Universidad de Cuenca. Master en Psicología Organizacional por la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Master en investigación Social Participativa por la Universidad Complutense de Madrid. Activista por la defensa de los derechos colectivos, Miembro del colectivo ciudadano “Cuenca ciudad para vivir”, y del Cabildo por la Defensa del Agua. Investigadora en temas de Derecho a la ciudad, Sociología Urbana, Sociología Política y Género.
