El día 07 de abril de 2020 se produjo un derrame de petróleo en la amazonía ecuatoriana, fueron -según las versiones del Ministro de Energía y Recursos no Renovables- 15.800 barriles de petróleo. Se rompieron tres tuberías, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) -transportan petróleo liviano y pesado- y el Poliducto que transporta diesel y gasolina. Fue noticia nacional en medio de la pandemia.
El petróleo y sus derivados se derramaron en el río Coca, recorriendo cerca de 150 kilómetros hasta llegar al río Napo donde recorrió otros 300 kilómetros para abandonar territorio ecuatoriano y llegar a territorio peruano. Kilómetros que no pasan de ser más que medidas divisorias imaginarias, lo real y tangible es que a lo largo de estos ríos viven históricamente pueblos, comunidades,individuos ciudadanos, mujeres, niños, ancianos, animales, miles de personas que conviven con el río Coca y Napo y que no tienen otra fuente cercana de agua. Todo el mundo lo sabe.
Las comunas indígenas de la nacionalidad kichwa que son las que en su mayoría habitan en las orillas de los ríos, presentaron en conjunto con organizaciones sociales, de derechos humanos, eclesiales, una Acción de Protección con Medidas Cautelares ante los jueces de la provincia de Orellana, lugar donde se dió la mayor afectación. Esto fue el 29 de abril de 2020. La medida se presentó contra las instituciones públicas Petroecuador, el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y la empresa privada OCP. Fue la segunda gran demanda colectiva que se presentó luego del caso de Texaco. La gente de la ciudad y las organizaciones sociales nacionales e internacionales acompañaron por todos los medios esta demanda, el gobierno y la empresa privada se preocuparon.
Desde el inicio se vieron las trabas que se puso a la demanda: un juez se excusó de conocer la demanda diciendo que no estaba de turno, luego, otro juez la conoció y mandó a completar diciendo que faltaban los números de teléfonos y correos de los demandados -le faltó leer completa la demanda ya que casi al final estaban esos datos-, después cambió de fechas para las audiencias, la mayoría de cambios por petición del estado y leguleyadas del juez. El Consejo de la Judicatura de Ecuador estaba al tanto de esto.
Se dió la primera audiencia el día 26 de mayo de 2020, cerca de 60 personas a través de Zoom presenciaban la audiencia, se escucharon decenas de testimonios de los kichwas, misioneros, informes. Duró una semana, y en su desarrollo se veía que este caso no era del agrado del juez, y que no sabía cómo llevarlo, tanto que no se pronunció de las Medidas Cautelares solicitadas, cuando debía hacerlo antes de las audiencias. El día 1 de junio para sorpresa de la mayoría, el juez dice que hay sospecha de COVID-19 en la Judicatura de Orellana, y que se va a someter a pruebas, y que tiene permiso de 3 días, suspendiendo la audiencia cuando le tocaba intervenir y presentar pruebas a los demandados. Todos los asistentes lo escucharon, los medios de comunicación estaban enterados, la Judicatura lo sabía, las autoridades locales también.
La audiencia se suspendió hasta el día 12 de agosto de 2020 donde apareció el Juez muy prepotente contra los accionantes, amenazando con iniciar acciones legales. Los demandantes en esos meses aprovecharon para entregar agua en bidones, fundas de comida, tomarse muchas fotos, esperar que la lluvia el clima amazónico haga su parte con las evidencias de la contaminación, incluso quisieron incorpora como prueba hechos posteriores a la demanda, es decir, las cosas que más o menos hicieron mientras el juez no daba señales. El 01 de septiembre de 2020, el juez dictó sentencia y negó a las comunas indígenas y organizaciones sociales la demanda, aduciendo que no era la vía para los reclamos pero que había contaminación. Todos lo escuchamos y nadie se sorprendió.
Cerca de 7 meses han pasado desde el derrame de petróleo, el gobierno a través de sus funcionarios ha llegado al cinismo de decir que todo está limpio, que el agua de los ríos se puede beber o que el agua estaba siempre igual, contaminada. Las comunas que ponen esperanza en cada acción ya no saben qué hacer, han vuelto a beber de la misma agua, a bañarse en los ríos, a comer los pescados contaminados, no es la primera vez que esto sucede, ya pasó en 2008, 2013. Las autoridades han sido todo menos eso, nadie ha dicho esta boca es mía, nadie a respondido por sus electores, sus contribuyentes. A nadie parece importarle la vida de los kichwas que en un hecho más de resistencia, hoy esperan que su apelación sea tomada en cuenta, y después de 7 meses los jueces digan que si se violaron sus derechos. Todos lo sabemos.
En las grandes ciudades parece que la amazonía y sus habitantes no existen, que la contaminación no les llega, que prefieren quedarse con las postales de la selva exótica y verde cuando todos sabemos que no es así pero a nadie parece que le importa en estos contextos de sobrevivencia individual.
Activista, abogado en derechos humanos y de la naturaleza, con estudios en antropología, migración y pueblos indígenas.
