En la anterior entrega, dije que quienes estaban al frente del Consejo de la Judicatura, provocan vergüenza ajena; y, desde hace algunos meses sus actuaciones también indignación, por los atropellos a las normas y las burdas justificaciones tras las que se han escudado, tratándonos como tontos o ingenuos; hoy, muchos de los que seguimos los acontecimientos estamos asqueados.
Lo que estamos viendo, que parece ser la punta de un iceberg, debe llevar a rechazar todo lo que está debajo y a quienes han permitido que individuos como Wilman Terán lleguen a ocupar los altos cargos de los que se han servido para beneficio propio y de aquellos delincuentes a los que según los indicios han favorecido.
La probidad notoria, requisito obligatorio para ser vocal del Consejo de la Judicatura –y para otros cargos en la administración pública- no puede ser una simple frase, o mutilarse en la práctica, para quedar únicamente en la notoriedad, que a su vez se la reduce al mero conocimiento de un individuo, por parte de unos cuantos en su espacio laboral, que es lo que ha pasado con los miembros del ente mencionado, pues hasta antes de llegar a esas funciones los vocales no tenían notoriedad y por lo que vemos tampoco probidad, al menos la mayoría de ellos.
Según el diccionario de la RAE, probidad tiene como sinónimos: honradez, honorabilidad, honestidad, integridad, rectitud, decencia, moralidad. Notorio, significa: público y sabido por todos; claro, evidente.
Lo que está pasando tiene que provocar, al menos, que se replanteen los procedimientos de elección y selección, para garantizar además de idoneidad –que es otro de los requisitos, es decir que se es adecuado y apto para ocupar el cargo por tener el título, la experiencia y los conocimientos que se requieren-, probidad notoria efectivamente comprobada. Hay cuestiones que pueden ponerse en práctica, apelando a la inteligencia, al sentido común y a conocimientos básicos de matemáticas (sumas, restas y multiplicaciones, para relacionar lo que gana un servidor público versus lo que gasta y los bienes que tiene), que pasan por supuesto por no hacerse de la vista gorda, ni resguardarse tras un mal entendido espíritu de cuerpo, de manera que se indague, al amparo de la ley, lo necesario para saber si los seleccionados efectivamente cumplen con el requisito de probidad exigido.
Adicionalmente, los que postularon a quienes llegaron al Consejo de la Judicatura, no pueden eludir la responsabilidad que tienen, como ha pretendido el presidente de la Corte Nacional de Justicia, pues Saquicela propuso a Terán y el Pleno de la Corte aprobó la terna encabezada por él. El lavado de cara de Saquicela no cuela, pues se supone que conocía a Terán y por eso lo propuso para el cargo. Sin embargo, vamos a suponer que ni él ni los demás jueces nacionales tenían motivos para sospechar de la falta de decencia de Terán, lo que ratifica la necesidad de que se modifiquen los procedimientos de elección y selección, pues es indispensable que se cuente con mecanismos adecuados que permitan garantizar la integridad que exige la norma; y, más importante la población del país. Por demás está decir que quienes escogen a los miembros de una terna y quienes eligen a los vocales del Consejo de la Judicatura, también deben ser personas probas.
Es imperioso que se deje de socapar, a los sinvergüenzas que atentan no sólo contra la majestad de la justicia, sino contra los derechos y garantías de la población y del Estado. Si la Función Judicial no es rescatada de las garras de las mafias, no tendremos salvación como nación.
No debemos quedar impávidos frente a la debacle a la que se nos está conduciendo. Las soluciones no pueden ser cosméticas, sería ingenuo pensar que con Terán en la cárcel se purga la justicia. Lamentablemente hay muchos más que con sus actuaciones favorecen la impunidad, como el juez Rivera, de la Corte Nacional (otro integrante de la mentada terna), que no se ha enterado que Jorge Glas dejó de ser vicepresidente de la República en enero de 2018; pues solo la ignorancia explica que solicite autorización a la Asamblea Nacional para enjuiciarlo –la ironía ayuda a capear el duro temporal-.
No puede seguir siendo un secreto a voces que la Función Judicial está plagada de malos elementos, que existen servidores judiciales y abogados sin escrúpulos, que amparados por un título –al que deshonran- o por un cargo, cometen actos que rayan o son delincuenciales.
Hay que levantar la voz también por los honestos, servidores judiciales y abogados, que sin duda los hay, pero tampoco de la manera en que lo hace por ejemplo la presidente de la Corte Provincial del Azuay, quien ha dicho en un medio de comunicación local que “en el Azuay no tenemos ni un juez, ni una jueza, ni un funcionario judicial envuelto en esto (se refiere al caso Metástasis) y me atrevo a decir que en ningún caso de corrupción…”, eso también es querer tapar el sol con un dedo o quizá curarse en salud.
Portada: fotografía tomada de primicias.ec
Mujer estudiosa y analítica, lectora atenta y escritora novel. Doctora en Jurisprudencia y Abogada – Universidad de Cuenca, Máster en Gestión de Centros y Servicios de Salud – Universidad de Barcelona, Diplomado Superior en Economía de la Salud y Gestión de la Reforma – Universidad Central del Ecuador. Docente de maestría en temas de políticas públicas y legislación sanitaria –Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; en el área de vinculación con la sociedad, legislación relacionada con el adulto mayor – Universidad del Adulto Mayor. Profesional con amplia experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en los ámbitos de legislación, normativa y gestión pública.
