El viaje del presidente Noboa a Toronto, Canadá, para participar en la Convención Anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores que se realiza del 3 al 6 del presente mes y año, expresa la decisión política del gobierno nacional de avanzar acelerada y masivamente en la minería metálica.
El presidente del Ecuador ha viajado para intervenir personalmente en un evento internacional considerado como la meca de la minería mundial, donde las empresas transnacionales pretenden atraer capitales, comercializan acciones, conforman bolsas de valores, alianzas y fusiones empresariales, se reparten los mercados y los territorios de los países al más puro estilo colonial, y por supuesto se diseñan estrategias para lograr reformas administrativas, institucionales y jurídicas que deben hacer los gobiernos para viabilizar el avance del extractivismo minero, siendo parte de las mismas, la apertura de los catastros mineros para las subastas y concesiones mineras.
Las cámaras de la minería y las compañías mineras trasnacionales lo único que ven en el Ecuador es “un territorio con una geología privilegiada que hace atractiva la inversión extranjera”, mientras que para la inmensa mayoría de los ecuatorianos, el Ecuador es un país con un pueblo soberano, con diversidad étnica, cultural y tradición histórica, con un territorio legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales, inalienable, irreductible e inviolable, con un patrimonio natural privilegiado, al servicio del bien común y buen vivir de la nación, con tierras fértiles, diversidad de regiones y pisos climáticos, planicies, valles, praderas, bosques y montañas, grandes nevados y fuentes de agua, humedales, páramos, caídas de agua, fauna y flora exuberantes, uno de los veinte países más mega diversos del mundo, con tres cadenas montañosas, una costa donde confluyen corrientes oceánicas, playas y plataforma submarina extensas, un territorio con intensa exposición solar e importante pluviosidad.
Este es un patrimonio natural que coloca al Ecuador con enormes ventajas y condiciones para el turismo, la agricultura y ganadería, acuacultura y pesca, la soberanía alimentaria y todas las actividades productivas respetuosas de la naturaleza, a diferencia de las actividades extractivas mineras metálicas, legales o ilegales, que son destructivas de los sistemas de vida, sobre todo aquellas que se asientan en fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, bosques y vegetación protectores y más ecosistemas frágiles.
Un aperturismo minero masivo, solo tiene como perspectiva territorios arrasados y contaminados, con sistemas de vida liquidados, basurales, escombreras, represas y filtraciones toxicas, aguas envenenadas, flora y fauna muerta, y claro. una vez destruidas las tierras de los pueblos que resultan más empobrecidos, busquen donde vivir. Ese no puede ser el destino al que conduzca un gobernante a su pueblo, a pesar de las experiencias históricas mundiales que evidencian el desastre en que quedan los pueblos luego de las explotaciones mineras.
Un país arrasado por la minería es inservible incluso para la reproducción del capital, pues siempre la naturaleza pletórica de vida fue el principal factor de la producción, mucho más en las condiciones actuales del mundo y de la civilización de la autodestrucción, donde las ventajas competitivas de los países se medirán por las condiciones de reserva de vida que han sabido proteger, entre ellas el agua y sus sistemas de producción natural.
Grave responsabilidad tiene el mandatario a la hora de decidir por la vida de los pueblos o la acumulación del gran capital transnacional minero, peor cuando se tiene conflicto de intereses derivados de un grupo económico con inversiones mineras, sin reparar, por otra parte, que los pueblos tienen derecho a defender sus territorios, el agua para el consumo humano y sus actividades de subsistencia, y peor cuando las ciudades se ven amenazadas con el envenenamiento de las aguas que consumen. La lucha por la vida, por la subsistencia es una condición natural del ser humano, la misma que es recogida a nivel de deber ético-jurídico por la Constitución que impone respetar los derechos humanos y de la naturaleza, luchar por su cumplimiento, preservar un ambiente sano, promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular.
En forma correlativa el primer deber del Estado, es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.
La historia nos coloca a los ciudadanos en situación de defendernos tanto de la delincuencia terrorista, como del terrorismo destructor de la naturaleza. Es de esperar que el ilustre peregrino a la feria minera reflexione oportuna y profundamente y asuma las experiencias históricas. Ojalá que el nivel de popularidad del mandatario no le ofusque el buen juicio.
Portada: foto tomada de www.expreso.ec
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
