El Gobierno ecuatoriano insiste en que en Río Blanco —parroquia Molleturo, Cuenca— opera una supuesta estructura de minería ilegal vinculada al crimen organizado. Habla de operativos militares, incautaciones masivas de material aurífero y “grupos armados” controlando el territorio. Sin embargo, un recorrido ciudadano de verificación realizado en la zona revela una realidad completamente distinta: en Molleturo no hay minería ilegal.
Durante la inspección no se observó la existencia de campamentos activos, procesadoras, maquinaria operativa ni bocaminas nuevas asociadas a minería ilegal. Lo único visible es el túnel construido y operado en su momento por la empresa Junefield Ecuagoldmining South America, que se encuentra abandonado y sin señales de uso reciente. También se constató que el antiguo campamento utilizado por el personal de la compañía —destruido tras su salida— permanece en ruinas. Lo que sí se evidencia es el compromiso de la comunidad con la restauración ecológica, especialmente la reforestación del páramo con especies nativas.
Territorio recuperado, pero naturaleza herida
Lo que permanece en la zona es el rastro visible del daño ambiental que dejó el proyecto minero Río Blanco, expulsado por decisión del pueblo y con orden judicial de suspensión. Maquinaria abandonada, infraestructura incompleta y pasivos ambientales sin remediación hablan de una empresa que no se hizo responsable de su salida.
Una laguna drenada para las operaciones continúa sin vida, sin señales de recuperación de su ecosistema. La reforestación comunitaria no logra todavía revertir la pérdida de especies nativas afectadas por la intervención minera.
“Hoy el territorio está en paz, pero la vida que destruyó la empresa aún no puede renacer”, señala Elizabeth Durazno, de la organización Sinchi Warmi Río Blanco, defensora histórica del páramo y del agua.
El conflicto que marcó a una comunidad (2017–2019)
El proyecto Río Blanco inició su fase de exploración avanzada y construcción en 2017, dentro del Área de Protección Hídrica del río Irquis. Las comunidades denunciaron que nunca se realizó la consulta previa, libre e informada que exige la Constitución.
Las protestas comenzaron a crecer:
• 2017–2018: pobladores y organizaciones de defensa del agua realizaron acciones pacíficas para frenar la expansión minera. Las y los dirigentes enfrentaron procesos judiciales y persecución.
• 3 de junio de 2018: la comunidad suspendió de hecho las operaciones de la empresa. La tensión escaló y hubo enfrentamientos con personal de seguridad del proyecto.
• Julio de 2018: el Tribunal de Garantías Penales de Azuay ordenó la paralización inmediata del proyecto tras reconocer la vulneración de derechos colectivos.
• 2019: el Gobierno dio por concluida la presencia de la empresa y se confirmó su salida definitiva. La maquinaria quedó abandonada en el páramo.
Ese abandono es lo que hoy se confunde —o deliberadamente se presenta— como “extracción ilegal”.
Desde entonces, ha sido la comunidad quien vigila y protege el territorio.
¿De dónde sale entonces el discurso de la “minería ilegal”?
La narrativa del Gobierno se sostiene en supuestas “incautaciones” y operativos militares anunciados desde Quito. Pero la observación en el terreno muestra otra realidad: la presencia militar responde a alertas ciudadanas para evitar que la maquinaria abandonada sea utilizada sin autorización o que material remanente sea robado. No hay conflicto armado ni estructura criminal en este páramo.
La paz del agua y la lucha por la verdad
El territorio de Río Blanco está bajo protección legal. Cualquier intervención debe ser investigada y controlada por las autoridades competentes, pero sin distorsionar los hechos ni criminalizar a quienes han defendido el agua durante años.
Molleturo lleva más de seis años resistiendo para garantizar que el páramo y las fuentes hídricas sigan vivas para Cuenca y Azuay. La comunidad —y no el Estado— ha sostenido la vigilancia ambiental y los esfuerzos de restauración.
“Seguimos defendiendo la vida frente a toda forma de extractivismo”, reafirma la dirigencia comunitaria.
Una verdad que se impone desde el territorio
Los habitantes han recuperado la tranquilidad, sus caminos y sus rutinas, pero también la responsabilidad de proteger un ecosistema frágil. Piden que se hable con la verdad: que se deje de utilizar su territorio como excusa para militarizar el páramo, estigmatizar a defensores ambientales o intentar reabrir, por la fuerza, un proyecto que la justicia detuvo y el pueblo rechazó.
Molleturo exige respeto. Y, sobre todo, exige que se reconozca su derecho a defender el agua y la vida.
Portada: foto Rosana Encalada
Rosana Encalada Rojas, soy periodista con experiencia en radio, prensa y televisión. He sido docente y he trabajado también en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. En la actualidad trabajo en la Dirección de Comunicación de la Universidad de Cuenca y en Radio Antena Uno. Soy directora del Portal Digital Voces Azuayas.
