La aprobación de la Ley para el fortalecimiento de los sectores minero y energético marca un punto de inflexión para Ecuador. Bajo el discurso del desarrollo y la urgencia fiscal, el Estado ha optado por debilitar los controles ambientales, relativizar la voluntad popular y normalizar la militarización de los territorios. Se trata en definitiva de una decisión política que redefine a quién sirve el poder público.
El surgimiento de una “autorización administrativa” que al parecer podría sustituir a la licencia ambiental, y la imposición del silencio administrativo positivo no son simples ajustes burocráticos. Son mecanismos diseñados para acelerar proyectos extractivos reduciendo el rigor científico, la participación social y la capacidad de control. En la práctica, el ambiente y el agua quedan subordinados a los plazos y a la discrecionalidad de la autoridad, mientras el riesgo lo asumen las comunidades.
Más grave aún es el mensaje que se envía frente a las consultas populares: la voluntad ciudadana puede ser “blindada” por conveniencia política. Pese a que la Constitución ya las reconoce como vinculantes, persiste la amenaza de que proyectos mineros avanzan amparados en tecnicismos legales y en la no retroactividad, vaciando de contenido uno de los pocos mecanismos reales de democracia directa.
En el plano económico, se confirma que el sacrificio no lo hacen las empresas, sino el país. Los territorios cargan con los impactos y las corporaciones concentran los beneficios. La creación de clústeres mineros, además, erosiona la autonomía local y convierte amplias zonas en espacios funcionales a la extracción, no a la vida.
La militarización completa el cuadro. La protesta social es tratada como amenaza y los defensores del agua como enemigos internos. Bajo el gobierno de Daniel Noboa, la seguridad se desliza peligrosamente hacia la protección de intereses privados, mientras crece la criminalización de quienes defienden derechos colectivos.
Esta ley amenaza el agua, la democracia, los territorios y el ya frágil pacto social. Cuando el Estado renuncia a su rol de garante del bien común y se alinea con el extractivismo sin límites, deja de ser solución y se convierte en parte del problema.
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Rosana Encalada Rojas, soy periodista con experiencia en radio, prensa y televisión. He sido docente y he trabajado también en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. En la actualidad trabajo en la Dirección de Comunicación de la Universidad de Cuenca y en Radio Antena Uno. Soy directora del Portal Digital Voces Azuayas.
