El proyecto deLey Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ha marginado el debate sobre el proyecto de “Ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía”, dos proyectos de ley, calificados de urgentes en materia económica, enviados por el presidente de la República, en la misma fecha (27-I-2026), y que en el plazo de 30 días, contados a partir de su recepción (28-I-2026), deberán ser aprobados, modificados o negados por la Asamblea Nacional.
El Gobierno Nacional utilizó la vigencia del estado de excepción para presentar estos dos proyectos de ley simultáneamente, esquivando, de esta manera, la prohibición de que, mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, el presidente de la República no puede enviar otro. (Art. 140 de la Constitución).
El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, nos remite al análisis de temas relacionados con el despilfarro de fondos públicos, corrupción, autonomía y descentralización.
Es realidad que una gran parte de los GAD, han caído en el despilfarro de los fondos públicos gastados en farras, fiestas, festejos, contratación de cantantes, bandas de música, pintores, shows, agasajos, consultorías y asesorías inservibles, contrataciones de publicidad y de vehículos, contrataciones de coidearios, amigos y parientes, compras de carros de lujo y otros gastos suntuarios. Tal parece que algunos alcaldes y prefectos inmediatamente a la posesión en sus cargos, empiezan a actuar en función de ser reelegidos, y comienzan con el baratillo de ofertas, contrataciones y obras clientelares.
Incluso algunos alcaldes para ganarse el apoyo de ciertos concejales, contratan a sus parientes y amigos, vehículos para el servicio municipal, les costean viajes intrascendentes al interior y exterior del país y otras canonjías para mantenerlos sumisos a su gestión administrativa evitando así ser fiscalizados.
Todas las conductas señaladas, sumadas al hecho de que, algunos personeros de los GAD y la jorga de sus amigos, han incrementado su fortuna de la noche a la mañana, llevan a concluir que la corrupción avanza, pero esta situación también es aplicable al Estado Central, como acontece con los negociados en el sector eléctrico.
Estos antecedentes pueden justificar que el Estado asuma medidas regulatorias y pormenorizadas para controlar la ejecución efectiva y real de lo presupuestado para gastos e inversiones con acatamiento a la Constitución y al COOTAD por parte de los GAD, aunque para ello existe la Contraloría General del Estado que tiene el deber de realizar auditorías oportunas, lo que lleva a considerar que, no sería necesario expedir más reformas a las leyes sino aplicar las existentes.
Pero en nombre de controlar el despilfarro y la corrupción de determinados GAD, no justifica pretender violar la autonomía política, administrativa y financiera, de los gobiernos subnacionales, establecida en el art. 238 de la Constitución y garantizada en el art. 6 del COOTAD, que entre otras cosas, ordena que, ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los GAD, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República, estando especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los GAD, privar a los GAD de alguno o parte de sus ingresos reconocidos por ley.
Como está planteado el proyecto de Ley Reformatoria al COOTAD, se prestaría para disminuir o privar a los GAD de una parte de sus ingresos y aquello sería un retroceso histórico e incrementaría la tendencia a la recentralización.
En efecto, el inciso primero del art. 271 de la Constitución ordena que: “Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público”. (Énfasis añadido).
Por su parte el inciso primero del art. 192 del COOTAD en vigencia, ordena que: “Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del presupuesto general del Estado”.
Por lo tanto, el contenido de la norma del COOTAD mejora el monto de participación de los ingresos señalados en la Constitución.
En cambio, el proyecto de Ley Reformatoria del COOTAD, propone que el art. 192 del COOTAD, sea sustituido con el siguiente contenido: “Articulo 192.- Monto total a transferir. – Los Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del presupuesto general del Estado, siempre que se cumpla la regla de asignación mínima prioritaria prevista en el artículo 198.1 del presente Código, caso contrario, las transferencias no excederán los límites establecidos en el artículo 271 de la Constitución de la Republica.” (Énfasis añadido).
Es decir, si los GAD no cumplen con destinar al menos el 70% de! presupuesto institucional de egresos no financieros a gasto no permanente de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos que soportan la prestación de servicios públicos, solo recibirían lo establecido en los montos mínimos señalados en el art. 271 de la Constitución.
Por lo tanto, los GAD sufrirían un castigo consistente en disminuir su participación en sus ingresos permanentes.
Por estas y otras razones, este proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, debería contar la máxima participación de la ciudadanía y de los alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales, y debería pasar el filtro de control de constitucionalidad, caso contrario seguirá incrementándose la conflictividad social en el país.
Portada: imagen tomada de https://acortar.link/7vIgme
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
