Los resultados del referéndum y Consulta Popular 2025 del 16 de noviembre, expresan un mandato claro y firme del pueblo ecuatoriano que obliga al gobierno de Noboa a obedecer y rectificar rumbos en su política y abandonar el autoritarismo, la vanidad y la soberbia, a la vez que constituye un rechazo contundente a las tendencias fascistas y terroristas del régimen.
Pero es también un momento político que obliga a la reflexión y autocrítica de todos los sectores sociales y políticos del país por las acciones y omisiones, de manera que no cabe ni la arrogancia ni la reproducción de las mismas actitudes que se critican del gobierno de turno.
Este es un triunfo eminentemente cívico y democrático del pueblo ecuatoriano, que no puede ser aprovechado por políticos oportunistas y caudillos corresponsables de la corrupción y la tragedia nacional, es una reacción del sentimiento, percepción e intuición maravillosa de la ciudadanía frente a la política elitista, injusta e inequitativa del gobierno nacional.
Particularmente es importante resaltar la reacción a la política minera del gobierno que pretende arrasar con fuentes de agua, páramos y más ecosistemas frágiles en beneficio de las transnacionales mineras y sus socios criollos. Los resultados de la consulta popular muestran un desborde fecundante del “quinto rio” de Cuenca y un verdadero cabildazo del agua a nivel nacional.
El gobierno nacional tiene que abrirse al diálogo urgentemente y rectificar su política en todos los ámbitos. Entre los cambios urgentes de su política, se deberían considerar los siguientes:
Ceñir sus actuaciones a la Constitución y restablecer la institucionalidad democrática. La Fiscalía General del Estado debe archivar los procesos penales persecutorios contra líderes campesinos, sindicales y ambientalistas que fueron instaurados a raíz del paro indígena. La UAFE debe investigar realmente el lavado de dinero y no ser instrumento de persecución política.
La justicia debe recobrar su independencia y los jueces y fiscales cumplir su función con agilidad e independencia de influencias políticas. La Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las diversas Superintendencias de control, deben reasumir su rol con apego al ordenamiento jurídico.
El gobierno nacional debe poner fin a la explotación minera en fuentes de agua, paramos, bosques, zonas de recarga hídrica y más ecosistemas frágiles, hacer cumplir el mandato popular de las consultas populares de Girón y Cuenca, respetar a Cuenca y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas destinados a la soberanía alimentaria.
De igual forma el gobierno debe revitalizar la economía nacional a partir del apoyo a los micro, pequeños y medianos productores, cesar el abandono a la agricultura familiar campesina y al agro en general, no seguir concentrando esfuerzos solo en los agronegocios y la agroindustria de exportación, mientras la soberanía alimentaria de la población está amenazada gravemente.
En otro ámbito, se debe mejorar los servicios públicos de salud, educación y vialidad, atender a los territorios equitativamente, terminar con la política centralista, no maltratar a Cuenca y concesionar la construcción y servicio del ingreso sur a la ciudad.
El Estado tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones con el IESS, pero también introducir reformas resultantes de un verdadero diálogo y consensos con empleadores, trabajadores, empleados públicos, jubilados, las universidades, artesanos y más sectores involucrados.
Es urgente introducir políticas públicas para enfrentar a la delincuencia organizada que no puede resolverse únicamente con métodos policiales y militares, y convocar a la mayor brevedad posible a un diálogo nacional para asumir políticas en unidad nacional. Un sistema anticorrupción es imprescindible.
Los partidos y movimientos políticos tienen que realizar una profunda autocrítica, sobre todo por su enorme responsabilidad en la calidad de la representación política. La reforma democrática de la ley de partidos no puede demorar, y las reformas y enmiendas a la Constitución deberían ser resultado de amplios consensos democráticos y jamás de acuerdos reducidos a dos fuerzas políticas.
El gobierno nacional tiene que sacar lecciones de esta derrota política y depurar su gabinete, rodearse de los mejores técnicos, sensibles al dolor del pueblo, honrados y democráticos, destapar la corrupción en el sector energético y desprenderse de las manzanas podridas. Si no rectifica el gobierno el descontento social se agudizará.
Portada: imagen tomada de https://n9.cl/17m89b
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
