Carlos Castro Riera
Si bien la fortaleza de la producción de bienes y servicios constituye la base para el sostenimiento de la vida de la sociedad, sin embargo, dadas las circunstancias que ha venido arrastrando el país, la inseguridad constituye un factor determinante que afecta gravemente el desarrollo de las actividades económicas.
En efecto, la actividad de la delincuencia en todas sus formas y tipos, las bandas de delincuencia organizada, los carteles del narcotráfico internacional, sus grupos operativos y agentes políticos incrustados en el sistema político, constituyen el factor determinante, que impide avanzar en la recuperación económica, incidiendo en la actividad laboral de los sectores más débiles de la población, el empleo, la recaudación de tributos y la falta de inversión nacional y extranjera.
Pueden desgañotarse los analistas económicos hablando sobre los modelos de desarrollo y medidas para salir de la crisis económica y fiscal, pero nada sirve si la delincuencia organizada y las mafias de la droga avanzan ganando territorio, espacios económicos y políticos, e influencia en la legislatura, la justicia e inclusive en órganos de seguridad.
Si algunos líderes políticos, ciertos dirigentes sociales y gremiales, y analistas “despistados”, siguen coqueteando, defendiendo, dando tribuna y justificando en forma abierta o encubierta conductas delincuenciales, entonces solo se agravará la situación nacional, peor aún si algunas fuerzas políticas continúan en el único objetivo de conseguir la impunidad para delincuentes.
La cantaleta corrupta y politiquera, es sostener que los delincuentes que han cometido latrocinios con los recursos públicos, son perseguidos políticos, como si enriquecerse con los recursos del pueblo, fuese una conducta política y no delincuencial, y claro, como los actos delincuenciales desde las altas cúpulas del Estado son ignorados por la mayoría de la población, que están más preocupados por la supervivencia, o no tienen conciencia de lo ocurrido, entonces los delincuentes de cuello blanco, disfrazados de políticos, siguen campantes y hasta aparecen como salvadores del pueblo saqueado, a lo que se suma la débil memoria colectiva.
Se debe recordar que, cuando se inició con fuerza el narcotráfico y la presencia de las mafias en la escena política, el Dr. Francisco Huerta advirtió de que el Ecuador corría el riesgo de convertirse en una “narcodemocracia”, pero no se hizo caso, y por el contrario representantes de bandas de delincuencia organizada fueron canonizados y llegaron hasta la Asamblea Nacional, y de allí en adelante la delincuencia y las mafias cobraron impulso en su penetración en la economía y la política nacional.
Hoy aparecen distantes los actos de complicidad del poder político con la delincuencia organizada para los jóvenes de la actual generación, y para grandes sectores ciudadanos por su condición de marginalidad, a diferencia de otros sectores sociales que conocen de lo sucedido, pero como son parte de los beneficiarios de la corrupción guardan silencio y están a la expectativa de otra oportunidad para venir por más. Estos perdieron conscientemente la memoria. Para no repetir la historia hay que tener conciencia del pasado, pero, sobre todo, asumir con seriedad y objetividad el problema de la inseguridad y la penetración mafiosa en la vida política.
Si la delincuencia organizada afecta y golpea a los trabajadores autónomos, pequeños y medianos productores y comerciantes, artesanos, constructores, prestadores de servicios, transportistas de carga y pasajeros, medianos agricultores, empresarios, cuerpos de vigilancia y seguridad de las cárceles, fiscales y jueces, penetra en la minería ya sea la llamada legal e ilegal, cunde el contrabando del oro y la corrupción en aduanas, entonces, solo se puede salir del deterioro económico y fiscal si se genera unidad y se cierran filas para enfrentar a la inseguridad y aislar a quienes desde la esfera política son cómplices con la corrupción, la delincuencia organizada y las mafias de la droga.
Una estrategia de búsqueda de la paz implica hacer efectiva la justicia social y políticas públicas para erradicar la marginalidad y la pobreza, pero otra cosa es pactar para dejar hacer y dejar pasar la actividad del narcotráfico que empieza por contaminar, envenenar y crear adicción en niños y jóvenes. Claro que también es un problema de salud integral y de colaboración internacional, pero aquello no puede servir de pretexto o justificación para dejar el campo libre a las mafias del crimen organizado.
Tampoco la estrategia de la simple guerra policial y militar, desligada de políticas públicas sociales puede garantizar el éxito en la lucha en contra de la inseguridad, por lo que es necesario hacer una evaluación nacional con la participación de múltiples actores. El objetivo de la seguridad requiere del aporte de diversos sectores ciudadanos.
09 DE ABRIL DEL 2025
Portada: Foto tomada de https://surl.li/znbiut
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
