La categoría macromachismo, hace referencia a la prevalencia de un orden social que se basa en el predominio de lo masculino sobre lo femenino, expresado a través del funcionamiento de sus estructuras y de una cultura que valora diferenciadamente las cualidades y los aportes de los hombres y de las mujeres. Por el contrario, el micromachismo hace referencia a las sutiles e imperceptibles maniobras del ejercicio de ese dominio masculino, la discriminación, descalificación y desvalorización cotidianas que se dan hacia las mujeres.
El orden social vigente, funciona a través de las instituciones de poder que son las que arremeten contra las conquistas de la lucha feminista, utilizando múltiples mecanismos. En la actualidad, las estrategias y discursos antiderechos, son cada vez más frecuentes y están presentes en las expresiones de representantes de la ultraderecha nacional y mundial como son Doland Trump, Giorgia Miloni, Xavier Milei, y nuestro criollo ultraderechista Daniel Noboa, quien no contento con la enorme cantidad de errores de su gestión, anuncia que procederá a cambiar el nombre y las funciones del Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos tal como lo ha anunciado, su también ultraderechista viceministro Esteban Torres. Esta acción, responde a una lógica propia del pensamiento conservador y constituye un absoluto irrespeto hacia la lucha de las mujeres y de las organizaciones sociales que defienden los derechos colectivos. Sin embargo, hay que aclararlo, también nos permie entender como la política de género ha sido funcionalizada a los intereses de los gobiernos, pues recordemos que esta dependencia fue creada por Lasso, para desviar la atención del escándalo de feminicidio del policía Cáceres. Lo que nos da cuenta que en muchas ocasiones, el enfoque de género ha servido para adornar discursos que, en tiempos de campaña, intentan ser políticamente correctos, pero que en la práctica son contrarios a la construcción de una sociedad igualitaria y equitativa.
El gobierno intenta fusionar el agua con el aceite, mezclando torpemente los propósitos de la política criminal con los de esta dependencia, la que a pesar de ser fruto de la demagogia de Lasso, fue largamente esperada por el movimiento feminista con el fin de ir avanzando en la institucionalización de los derechos de las mujeres. Fusionarla con un ministerio de la política criminal, no hace más que develar su profunda ignorancia y desconocimiento de la temática de género, poniendo de manifiesto su interés de desarmar las conquistas logradas en referencia a la garantía de los derechos de las mujeres, como una acción más para la implementación del modelo neoliberal cuyas consecuencias profundizan las brechas sociales y de género.
Este decreto de Noboa, responde a la lógica de una política de guerra que el gobierno busca implementar en el país, donde la violencia de género y el feminicidio han aumentado, donde existen gran cantidad de datos que demuestran como la población femenina es la primera víctima de las políticas económicas que han provocado exclusión social y feminización de la pobreza a través de la explotación de su trabajo tanto en el campo y la ciudad, así como el despojo de sus tierras en las comunidades campesinas; y, tal como en este caso, permiten que el patriarcado se fortalezca y que la lucha femenina se diluya en decretos presidenciales.
Cuando las estadísticas demuestran que la violencia de género y los feminicidios aumentan cada día, es porque el Estado ha fallado en su responsabilidad de garantizar una vida digna y sin violencia para la población femenina. El Estado ecuatoriano, claramente intenta afianzar la implementación de un estado militarizado y policial. Las mujeres del Ecuador vemos con mucha indignación la ignorancia y el irrespeto del presidente Noboa. Nos preocupa la securitización de los espacios públicos como respuesta a la inseguridad social y frente a una gestión que ha aplicado políticas absolutamente contrarias a su discurso de campaña, cuyas evidencias son el desmantelamiento y la desfinanciación de la educación y la salud, el irrespeto a la naturaleza, la firma de los tratados de libre comercio en absoluta desventaja con la producción local y nacional, el pago de la deuda externa sobre la deuda social, el mal manejo de nuestros recursos energéticos, y ahora la desnaturalización del Ministerio de la Mujer y los derechos humanos, ante el cual suscribimos el comunicado de las organizaciones de mujeres del país, y su rechazo ante la incoherente decisión del presidente.
Ex directora y docente de Sociología de la Universidad de Cuenca. Master en Psicología Organizacional por la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Master en investigación Social Participativa por la Universidad Complutense de Madrid. Activista por la defensa de los derechos colectivos, Miembro del colectivo ciudadano “Cuenca ciudad para vivir”, y del Cabildo por la Defensa del Agua. Investigadora en temas de Derecho a la ciudad, Sociología Urbana, Sociología Política y Género.